Misión electoral de la OEA propone ajustes sobre las convocatorias a referéndum y se estudie el impacto de la violencia política tras atentados a candidatos

Después de tres días de efectuados los comicios del 5 de febrero, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió su informe preliminar de la organización y el desarrollo del proceso, en los que planteó correctivos sobre los referéndum y la violencia política propiciada por el crimen organizado.Este miércoles, 8 de febrero, la Misión de Observación de la OEA divulgó su informe preliminar en el que se plantean, al menos, 39 recomendaciones para el análisis del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) luego de los comicios seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del referéndum que se efectuaron el domingo pasado.La organización y el desarrollo del referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución que propuso el presidente del Gobierno, Guillermo Lasso fue uno de los elementos de análisis de este cuerpo internacional.La Misión estuvo presidida por el uruguayo, Juan Pablo Corlazzoli , quien en conjunto con 20 observadores y especialistas de nueve países se desplegaron en siete de las 24 provincias para realizar un “análisis sustantivo de distintos aspectos clave del proceso electoral, como organización y tecnología electoral, financiamiento político, justicia electoral, democracia directa, y participación política de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, detalla el documento.A diferencia de procesos electorales anteriores, en esta vez, la Misión no convocó a una declaración pública y a través de sus redes sociales envió un mensaje de Corlazzoli, en el que acompañó el informe preliminar.En este documento de 25 páginas, los observadores consideraron que la convocatoria al referéndum tuvo un “impacto en la transmisión y presentación de resultados”, por lo que sugirieron a las autoridades electorales que frente a futuros procesos similares “ajusten” el calendario electoral para que haya el tiempo suficiente en el que la ciudadanía emita un voto informado y se promueva un debate respetuoso “evitando el uso de discursos estigmatizantes o reduccionistas por parte de cualquier tendencia”.Reconocen que este proceso se realizó usando el marco constitucional y permitió economizar recursos, pero en la práctica “impactó de manera considerable y transversal las actividades del calendario electoral que estaban en marcha desde febrero de 2022; también impactó la transmisión y presentación de resultados después de la jornada electoral”. En su examen, consideraron que esto obligó a “reiniciar procesos en curso”, como la capacitación a los vocales de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), cuyo efecto fue que “organizarlo con poco tiempo puso una presión adicional en la fase de escrutinio de votos y digitalización de actas, que resultó en una transmisión general de resultados notablemente lenta”.La Misión también se pronunció sobre la impresión de actas de escrutinio con fallas, que aceptó el CNE en las últimas horas, y les recomendó ampliar las “actividades de control de calidad sobre todos los materiales electorales en las distintas instancias del proceso de producción y distribución de materiales”.Se detalla que en la madrugada del 6 de febrero se detectó un problema en el procesamiento de las actas de seis provincias: Cañar, Loja, Morona Santiago, Napo, Santa Elena y Zamora Chinchipe, en las dignidades de prefectura y alcaldía, lo que se debió a inconsistencias en la impresión de las actas borrador, de escrutinio, de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados de las dignidades de estas provincias.A propósito de ello, la presidenta del CNE, Diana Atamaint dijo que esto fue comunicado a la Contraloría General del Estado para que se inicie una auditoría y determine posibles responsabilidades en funcionarios electorales o del Instituto Geográfico Militar (IGM), entidad contratada para la impresión de toda la documentación electoral.También, la Misión Electoral se refirió a la intermitencia y no actualización de los resultados en el portal oficial del Consejo y en su aplicativo móvil.A ellos se les informó que esto ocurrió por un “problema en la sincronización del Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER) con el sitio de divulgación en el servicio de nube”, por lo que su recomendación fue “incrementar los esfuerzos de inversión, modernización y mantenimiento de los equipos y sistemas tecnológicos entre periodos electorales, con el fin de evitar los problemas que surgieron en esta jornada”.La Misión Electoral de la OEA consideró como un evento preocupante el aumento de la violencia política con manifestaciones del crimen organizado.En medio de la campaña electoral y horas antes del sufragio del 5 de febrero, fueron asesinados el candidato a la alcaldía de Salinas (Santa Elena), Julio César Farachio y, el candidato a la alcaldía de Puerto López (Manabí), Omar Menéndez.Por estos hechos, además de otros atentados producidos durante este proceso, la Misión “ condena enérgicamente la violencia política acontecida; pues, más allá de sus expresiones más graves, la violencia incide de otras formas en el proceso electoral, por ejemplo, amedrentando a la ciudadanía para que no ejerza su derecho al sufragio, limitando las actividades de campaña de los candidatos por preocupaciones de seguridad, o forzándoles a contratar seguridad privada”. Si bien consideraron que estos actos no son exclusivos de Ecuador “tiene una clara repercusión sobre su calidad (electoral). La violencia política socava las bases de la democracia e inhibe el ejercicio libre y pleno de los derechos de la ciudadanía”.En esa línea, recomendaron a la Función Electoral realizar “estudios rigurosos sobre el origen y el impacto de la violencia en el proceso democrático y sus efectos diferenciados para las autoridades de gobierno nacionales y locales, las organizaciones políticas, los candidatos y la ciudadanía en general”. La Misión de la OEA consideró que el voto telemático aún está “lejos” de aplicarse a nivel nacional, debido a problemas que había presentado el plan ejecutado por el CNE en los comicios del 5 de febrero.“La Misión resalta los avances en el uso del voto telemático en estas elecciones, pero advierte que esta tecnología aún está lejos de poder ser utilizada a escala nacional”, se detalla.De acuerdo con los reportes que recoge el informe, en las 52 zonas electorales del exterior en las que los ecuatorianos podían votar de forma telemática, 17.940 lo hicieron, el 77,18% de los 23.245 electores registrados.No obstante, se detectaron problemas como interrupciones de aproximadamente dos horas, “tiempo durante el cual no fue posible emitir el voto en ninguna de las 52 zonas electorales con voto telemático”. Al respecto, observaron que el CNE no explicó a qué se debieron estas incidencias.Recomendaron al Consejo que para futuros comicios se realicen las pruebas de stress y conectividad necesarias “para garantizar que el sistema de voto telemático no sufra interrupciones, así como análisis exhaustivos de los incidentes que tuvieron lugar, con el fin de tomar medidas correctivas en el futuro”.Los observadores de la OEA señalaron el “clima de incertidumbre” respecto de la participación de los candidatos a la al caldía de Quito, Jorge Yunda y de los cinco exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se lanzaron a la reelección y fueron destituidos por la Corte Constitucional días antes del sufragio. Sobre Jorge Yunda hay una sentencia definitiva del Tribunal Contencioso Electoral que lo sancionó con la suspensión de sus derechos políticos, que no está en firme por la falta del trámite de recursos de aclaración y ampliación.Por ello, su candidatura fue calificada y estaba en firme, por lo que pudo participar en el proceso electoral.En el caso de los cinco exconsejeros, María Fernanda Rivadeneira, David Rosero, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Javier Dávalos, fueron destituidos por la Corte Constitucional el 23 de enero, al incumplir una sentencia en la que se ordenaba elegir al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), pero no lo hicieron.La Misión “considera que la falta de certeza en torno a estas candidaturas afectó el ejercicio de un voto informado por parte de la ciudadanía”.Sobre esa base, se sugirió implementar procesos que garanticen los derechos políticos de los candidatos, que “sean expeditos y que procuren el principio de definitividad, a fin de evitar cualquier posible incertidumbre en la ciudadanía y que se generen las condiciones para ejercer un voto plenamente informado”.También, que la autoridad electoral competente se pronuncie de forma oportuna sobre candidaturas inscritas que cuentan con procesos judiciales pendientes, incluso si se trata únicamente de confirmar que dichas candidaturas continúan en contienda y pueden válidamente recibir el voto del electorado que las prefiera. (I)

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