¿Mayra Salazar debe pagar la indemnización para salir de prisión y del país?

Mayra Salazar, excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas implicada en el caso Metástasis, debe pagar $ 22.860 antes del 14 de marzo para completar su condena de un año y tres meses en el Centro de Privación de Libertad de Ambato. Sin embargo, según un jurista consultado, estos pagos no son un requisito indispensable para su liberación.

Según el doctor y especialista en Derecho Penal Pablo Encalada “no es necesario el pago de la reparación económica para que una persona recupere su libertad. La reparación constituye una deuda con el Estado, y el Estado tiene mecanismos para cobrarle”.

“La Constitución establece que no hay prisión por deudas, por lo que esto no podría constituirse como una limitación para recuperar la libertad”, añadió.

A pesar de esto, Salazar ha expresado su intención de cumplir con estas obligaciones. “Mis familiares y amigos están haciendo lo posible para recaudar dichos valores”, expresó Salazar en un documento presentado el pasado 7 de marzo. El monto total que debe cancelar comprende tres conceptos diferentes:

• Por concepto de una multa de $ 5.520.
• Indemnización para el Consejo de la Judicatura como víctima del caso Metástasis del doble de la multa, es decir, $ 11.040.
• Una devolución al Estado de $ 6.300.

Esta obligación financiera surge de la sentencia dictada el 24 de julio de 2023, cuando el conjuez de la Corte Nacional de Justicia Manuel Cabrera determinó su responsabilidad como colaboradora en el delito de delincuencia organizada. Salazar se acogió entonces a un procedimiento abreviado reconociendo su participación en los hechos, lo que le permitió una pena reducida gracias también a su cooperación con la Fiscalía.

“En el caso de Mayra Salazar, ella cumple la pena que recibió con beneficios de reducción por dos vías: por el procedimiento abreviado al declararse culpable y por colaboración eficaz al entregar información valiosa a la Fiscalía. Eso le significó que se le reduzca la pena de manera sustancial hasta un año y tres meses”, señaló el experto.

Un análisis realizado sobre el cumplimiento de sentencias en el caso Metástasis revela que, de los once condenados mediante juicio rápido, la mayoría no ha completado aún el pago de multas e indemnizaciones ordenadas por los tribunales. Dicho informe señala específicamente que Salazar adeuda $ 17.340 como indemnización al Estado, aunque esta cifra difiere del monto mencionado en su escrito reciente.

Si Salazar no logra pagar esta deuda, Encalada explica que “el Estado tiene que ir en contra de los bienes de esta persona. Si están retenidos o con prohibición de enajenar, el Estado podría rematar esos bienes y cobrarse”, y, en caso de que la persona no tenga bienes, podría terminar en una declaratoria de insolvencia.

Mientras gestiona estos pagos, Salazar también ha solicitado formalmente la devolución de sus documentos personales. A través de su abogado Christian Marín presentó el pasado 17 de febrero un pedido al tribunal argumentando que necesita estos documentos para ejercer su derecho constitucional a la libre movilidad una vez concluida su reclusión.

“El artículo 66, numeral 14, de la Constitución, siendo una norma suprema que prevalece ante cualquier ordenamiento jurídico, establece que puede transitar libremente dentro del territorio nacional, con esto quiero decir, señor juez, que necesito mis documentos personales, que no se encuentran incautados, para movilizarse libremente”, indica el escrito de su defensa.

Esta solicitud adquiere particular relevancia considerando que Salazar aparentemente planea abandonar Ecuador tras recuperar su libertad. El teniente coronel Andrés Medina al referirse al operativo de seguridad previsto para el día de su liberación mencionó que garantizará su protección “hasta el último punto de salida, porque la señora (Salazar) ha anunciado que va a salir del país”.

Los documentos judiciales establecen claramente que el pago de las obligaciones económicas constituye un requisito para dar concluida la condena impuesta. Sin embargo, no especifican si exista alguna restricción adicional que le impida abandonar el país una vez que obtenga su libertad y haya satisfecho todas las exigencias legales de su sentencia.

La exfuncionaria judicial fue aprehendida el 14 de diciembre de 2023 durante un operativo coordinado en diferentes provincias ecuatorianas. Tras su detención fue inicialmente trasladada a la Casa de Confianza de Chillogallo en Quito, pero posteriormente fue reubicada en el Centro de Privación de Libertad de Ambato. El juez de Garantías Penitenciarias de esa localidad Christian Rodríguez certificó que su pena concluirá este 14 de marzo. (I)