Desde hace dos años y medio, Ecuador mantiene en vigencia la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un cuerpo legal que tiene como objetivo regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado. La norma aprobada por la Asamblea Nacional en 2021 establecía que la extinción de dominio es patrimonial, prescriptible en 15 años, autónoma, distinta e independiente de cualquier otro proceso o materia.