Las mayores pugnas entre Ejecutivo y Legislativo en Ecuador: desde Jaime Roldós, pasando por León Febres-Cordero, Rafael Correa y hasta Guillermo Lasso

“La Asamblea tiene como proyecto político la desestabilización desde el inicio de mi gestión… Han bloqueado todos los proyectos de leyes para beneficio del país. Se han obsesionado con acabar con mi Gobierno. (...) Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en la Asamblea más de 300 ocasiones en dos años de gobierno”, estas fueron parte de las declaraciones del presidente Guillermo Lasso al momento de anunciar la firma del decreto 741 que dio paso a la disolución del Legislativo y llamar a elecciones (muerte cruzada).

Con esto, Lasso puso punto final a la pugna que mantuvo con los legisladores desde el inicio de su administración. Sin embargo, los escenarios de roces, discrepancias y acusaciones entre estos dos poderes del Estado no son nuevos en Ecuador. De hecho, la historia nos marca que la cuerda se tensó tanto que en varias ocasiones se puso en vilo la existencia del propio sistema democrático, aquí tres de los momentos más complejos.

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En agosto de 1979 se evidenció un conflicto entre el presidente Jaime Roldós y Assad Bucaram, máximo líder del movimiento Concentración de Fuerzas Populares, y creció cuando el dirigente cefepista captó la presidencia del Parlamento con el apoyo de conservadores, socialcristianos y liberales.

La pugna se tradujo en más de ocho meses de choques verbales que desembocaron en un Congreso extraordinario convocado por el Ejecutivo que solicitaba facultades para disolver el Parlamento o convocar a un plebiscito.

La maniobra de Roldós provocó reacciones diversas en el Congreso e incluso fuera de este recinto. Para apaciguar la conflictividad política mediaron los llamados “notables” como los expresidentes Galo Plaza, Andrés Cordova y monseñor Pablo Muñoz Vega. Roldós desistió de su idea de convocar consulta popular y disolver el Congreso.

En tanto, León Febres-Cordero, presidente entre 1984 y 1988, enfrentó a una férrea oposición parlamentaria de los partidos de centro e izquierda a su política económica neoliberal y a su estilo de gobernar.

En agosto de 1984 se formó el llamado Frente Progresista y llevó a la presidencia del Congreso a Raúl Baca Carbo de la Izquierda Democrática, quien realizó objeciones a la ideología política de Febres-Cordero.

La tensión se elevó cuando el presidente León Febres-Cordero desconoció la elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia realizada por el Congreso. El 8 de octubre de 1984 tanquetas antimotines de la Policía impidieron el ingreso de los magistrados, quienes se reunieron en el Parlamento.

Luego, en enero de 1987 el país se conmocionó con el secuestro del presidente Febres-Cordero por parte de paracaidistas de la base aérea de Taura. La crisis se solucionó con la liberación del mandatario y también del general Frank Vargas.

Sin embargo, el 22 de enero de 1987 el Congreso Nacional solicitó la renuncia del presidente con 38 votos a favor y 29 en contra ya que lo responsabilizaron de los hechos ocurridos en la base militar de Taura debido a su actitud política.

Para fines de septiembre de ese año se produce un nuevo episodio que caldeó aún más la relación entre Ejecutivo y Legislativo. El llamado a juicio político por violaciones a los derechos humanos, del considerado hombre fuerte del régimen; Luis Robles Plaza, ministro de Gobierno.

El 1 de octubre el Congreso sancionó políticamente al ministro y exigió su destitución, pedido al cual no se acogió Febres-Cordero. Dos meses después el Tribunal Constitucional intervino para solicitarle al presidente asumir el dictamen legislativo. El conflicto concluyó cuando Robles Plaza renunció a su cargo y fue reemplazado por el Heinz Moeller.

Esto es lo que ocurriría si se aprueba la demanda de inconstitucionalidad, presentada por el PSC, contra el decreto que ordenó la muerte cruzada

En tanto, en 2007 Rafael Correa asumió el poder huérfano de apoyo político en el Congreso, pues su movimiento político no presentó candidatos a diputados para el nuevo periodo legislativo. Por ese motivo el Gobierno intentó poner en vigor el llamado a consulta para instalar una asamblea constituyente en el país, pero chocó con la mayoría conservadora formada por el Partido Social Cristiano, Partido Roldosista Ecuatoriano, Democracia Popular, Partido Sociedad Patriótica e independientes.

El 23 de enero, Correa desconoció la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de enviar al Congreso el pedido de consulta popular por, supuestamente, no tener validez alguna.

Pocos días después ante este pronunciamiento el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, declara que “el presidente Rafael Correa está sumiendo al país en el caos con su iniciativa de instaurar una Asamblea Constituyente irrespetando el marco constitucional y la capacidad del ente legislativo para designar las autoridades de control’'.

Para el 24 de febrero, el Congreso dio paso a la consulta popular, y reconoció que el presidente de la República tenía la facultad para convocarla.

Sin embargo, el 2 de marzo el Congreso dio marcha atrás y acordó demandar la inconstitucionalidad de la convocatoria a consulta popular. La decisión del Parlamento, adoptada con 58 diputados de 71 presentes, ocurrió un día después de que el TSE convocó oficialmente a la consulta pedida por Rafael Correa.

El 5 de marzo, la mayoría legislativa de oposición presenta una demanda contra la convocatoria ante el TC. El 6 de marzo en una reunión de mayoría el Congreso destituye al presidente del TSE, Jorge Acosta, además resuelve el enjuiciamiento de cuatro vocales del TSE.

¿Cuál es el rol de la Corte Constitucional en medio de la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso?

Para el 7 de marzo, 57 diputados de Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, UDC y PRIAN son destituidos por el pleno del TSE por intentar impedir la consulta popular del 15 de abril próximo. Tras seis horas de sesión reservada los vocales Jorge Acosta, René Maugé, Hernán Rivadeneria y Alfredo Arévalo, alterno de Elsa Bucaram, suspendieron, además, por un año los derechos políticos a los excongresistas.

La decisión dejó vía libre al Gobierno para implementar la consulta y además logra armar una mayoría en el Congreso al captar para sus políticas a los 57 asambleístas suplentes.

En cambio, la actual pugna entre Lasso y la Asamblea terminó con la muerte cruzada y con la cual 137 legisladores fueron cesados. (I)