Judicatura ha sancionado a 18 servidores judiciales por su vinculación en los casos Metástasis, Purga y Plaga

Los procesos penales de los denominados casos Metástasis, Purga y Plaga han dejado al descubierto la contaminación de algunos servidores de la Función Judicial porque con sus decisiones y acciones habrían favorecido, o intentado favorecer, a delincuentes o grupos criminales. Jueces, fiscales y secretarios son parte de las personas involucradas en las tres causas, en las que la Fiscalía General del Estado investiga el mismo tipo de delito: delincuencia organizada.

A partir de la develación de estos casos de connotación, el Consejo de la Judicatura (CJ) ha emprendido acciones administrativas para separar o sancionar “a los malos elementos”. En ese sentido, hasta el momento el organismo ha sancionado a un total de 18 servidores judiciales, de los cuales doce son jueces, tres fiscales y tres secretarios.

Según datos proporcionados a este Diario por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, 16 funcionarios han sido destituidos y dos están suspendidos.

El pasado 19 de junio, el pleno del Consejo de la Judicatura sancionó a un grupo de siete exfuncionarios por su relación con el caso Metástasis. Ellos “habrían beneficiado, asesorado o filtrado información que favoreció” al ahora asesinado narcotraficante Leandro Norero, quien, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, lideró una estructura criminal desde la prisión para obtener resoluciones judiciales a su favor y el de su familia a cambio de dinero.

César Eduardo García, director del Colegio de Abogados de Guayas, opinó que son decisiones acertadas las acciones que está tomando la Judicatura.

“Demuestra un esfuerzo por limpiar a las altas cortes de este enorme problema que es la corrupción. Los casos Purga, Metástasis y Plaga nos han demostrado cómo la Función Judicial ha estado al servicio de la delincuencia organizada. Es inadmisible que existan juzgadores que se hayan prestado a eso”, dijo el dirigente.

Las sanciones

Las sanciones aplicadas por la Judicatura se fundamentan en los artículos 108.13, 109.11, 109.16 y 109.19 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que tratan sobre infracciones graves y gravísimas, que van desde la suspensión sin remuneración hasta la destitución.

El artículo 108.13 estipula como infracción grave “usar en beneficio propio o de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña”. La sanción al servidor judicial es de suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por el plazo de hasta treinta días.

El artículo 109.11 es una infracción gravísima, que se sanciona con la destitución del cargo por “solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar”.

El artículo 109.16 es una infracción gravísima, con sanción de destitución, por “revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes”.

Y el artículo 109.19 también es una infracción gravísima, con sanción de destitución, por “no poner en conocimiento de la máxima autoridad de la institución, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la Función Judicial y la imparcialidad de las juezas, los jueces y demás servidores judiciales”.

La confianza en los jueces es baja

Los ecuatorianos no tienen una buena imagen sobre los jueces. La confianza en estos servidores judiciales es baja. Apenas el 10,72 % de la población aprueba la gestión de los jueces, según una encuesta publicada en junio por la firma Click Report.

Lo que ocurre con la Función Judicial es consecuencia de que la corrupción atraviesa a todas las funciones del Estado; pero además también tiene relación con la intención de ciertos sectores que, por intereses particulares, buscan desprestigiar a los servidores judiciales, lamentó Edwin Regalado Arce, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMJ).

Los jueces y funcionarios que han sido separados y suspendidos por el Consejo de la Judicatura deberán responder a la justicia para esclarecer su situación, agregó. “Esa es la muestra de que ningún ciudadano en Ecuador puede estar por encima de la ley”, remarcó Regalado.

“En Ecuador somos más de 2.000 jueces a nivel nacional y, obviamente, el número reducido de jueces que se vean involucrados en actos de supuesta corrupción no representa a la Función Judicial”, insistió.

Señaló que de enero a mayo de este año se han ingresado 247.000 causas y se han resuelto 188.000. Con esas cifras justificó que “existe una gran productividad de los jueces a diario”. Y aclaró que los jueces no pueden dictar prisión preventiva en todos los casos, porque es una medida cautelar de ultima ratio que depende de si la Fiscalía solicita esa medida y si se cumplen con todos los requisitos que exige la ley.

La evaluación de jueces está pendiente

El vocero de la Asociación de Magistrados y Jueces señaló que una vía para la depuración de los “malos funcionarios” judiciales y de quienes tengan un desempeño deficiente es la evaluación que debe realizar el Consejo de la Judicatura. No obstante, Edwin Regalado mencionó que esto no se ha cumplido como corresponde, cada año, ya que la última evaluación se hizo en el año 2016 y al momento no existe otro proceso en camino.

Al respecto, en mayo pasado el gremio decidió no continuar con el proyecto de evaluación que llevaba adelante la vocal Solanda Goyes, porque consideraron que se vulneran derechos constitucionales. Sin embargo, la asociación aseguró que no se oponen a la evaluación.

Desde el Colegio de Abogados de Guayas también se han promovido proyectos de ley para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y mejorar la evaluación a jueces.

César Eduardo García dijo que ha habido reuniones con la anterior y actual Asamblea Nacional, pero aún así el tema no fue incorporado en el último paquete de reformas al COFJ que aprobó el Parlamento este año y que fue vetado totalmente por el presidente Daniel Noboa.

El propósito, explicó, es que las evaluaciones “sean más efectivas y exigentes, que se enfoquen más en aspectos de calidad y no de cantidad de decisiones”. “Analizar la calidad de las sentencias permitiría también identificar las decisiones que no se apegan a derecho”, señaló. (I)