La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó, con cinco votos favor, el informe de la fiscalización respecto a la posible manipulación de cifras de muertes no determinadas entre los años 2008 y 2023. La decisión se tomó durante la sesión 121 del 25 de marzo de 2025.

Previa a la votación, el asesor de la comisión, Carlo Romero, explicó que a lo largo de siete sesiones se realizaron comparecencias para la elaboración del informe en el que se señala que en el gobierno del expresidente Rafael Correa, el Ecuador no era una “isla de paz”, sino que habría una presunta manipulación de datos sobre homicidios clasificándolos como de motivos no determinados.

Sandra Rueda, asambleísta del movimiento Construye, fue quien mocionó para que se apruebe el informe y Xavier Jurado (ADN), la apoyó, lo que dio paso a la votación de los miembros de la mesa.

Leonardo Berrezueta y Alexandra Arce, legisladores de la Revolución Ciudadana, votaron en contra. Mientras que los asambleístas: Diego Matovelle (ADN), Rafael Dávila (Avanza), Xavier Jurado (ADN), Sandra Rueda (Construye) e Inés Alarcón (ADN), votaron a favor. La legisladora Alexandra Castillo que actúa en la bancada PSC se abstuvo de votar y Otto Vera también del PSC, no emitió su voto.

Tras la resolución tomada por la Comisión, la bancada de ADN emitió un comunicado en el que señalan que el cierre de la Base Militar del Manta habría sido una estrategia para dar paso al crimen organizado, iniciando así la ola de inseguridad que hoy atraviesa el país. También indicaron que no permitirán la impunidad.

¿Qué determinó el informe?

El informe concluyó la existencia de presuntas prácticas sistemáticas de manipulación estadística, encubrimiento institucional y omisión dolosa en los registros de muertes violentas, desapariciones y trata de personas en el Ecuador.

Por otra parte, presumiblemente habría existido una grave manipulación estadística en lo referente a muertes violentas producidas entre los años 2008 y 2017, a través de una omisión sistemática de la tipificación penal de homicidios en la que se registraba estos crímenes como “intención no determinada” y resultando en la reducción histórica en las cifras oficiales de homicidios durante el gobierno del expresidente Correa.

Así también, presuntamente se dio la omisión y negligencia institucional en la investigación de desapariciones forzadas, como en el caso de desaparición de David Romo en mayo del 2013, en donde, según el testimonio de su madre, el exministro del Interior José Serrano ocultó información técnica, encubrió errores procesales y promovió una narrativa falsa que vinculaba a David con adicciones inexistentes.

Por otra parte, también hubo la presunta participación o encubrimiento de funcionarios públicos en redes de trata de personas y desapariciones con patrones propios del crimen organizado, sin respuesta estatal efectiva. De la misma manera, se habría excluido de forma inexplicada a 800.000 personas del sistema de bonos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entre 2012 y 2016 lo que sugeriría un subregistro masivo.

Otra de las conclusiones fue que el sistema de información criminal del Ecuador es fragmentado, opaco e ineficiente, en donde las entidades estatales relacionadas no funcionaban de manera interconectada. También se determinó que la auditoría ordenada por el presidente de la República representa un avance necesario, pero debe ser independiente, interinstitucional y con veeduría ciudadana. Además, la Comisión exigió que la auditoría tenga carácter vinculante, retroactivo y con participación de víctimas, academia y sociedad civil.

Por todos estos factores, se definió que el Estado ecuatoriano incumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e incurrió en violaciones sistemáticas del derecho a la vida, la verdad, la justicia y la reparación, tanto por acción directa de sus funcionarios como por omisión prolongada en el tiempo. La falta de judicialización de responsables institucionales y la ausencia de medidas de reparación integral a las familias son evidencia del carácter estructural de la impunidad en el Ecuador.

La mesa de Seguridad recomendó al pleno que se conforme una Comisión Ocasional por la Verdad sobre Muertes Violentas y Desapariciones producidas entre 2008 y 2023 en la que investigarán desapariciones forzadas, trata de personas y muertes violentas no esclarecidas. También se debe reformar la Ley Orgánica de Estadística para garantizar transparencia y trazabilidad de datos sensibles en la que se evite la reclasisficacion no justificada y se obligue a la publicación periódica de estos datos.

En lo legislativo, también, se recomendó proponer una Ley de Protección Integral a Familiares de Personas Desaparecidas en la que se contemple apoyo económico, psicológico y legal a las víctimas indirectas. Así como incluir el tipo penal de “manipulación dolosa de estadística oficial” en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

A nivel judicial y fiscal, la Comisión recomendó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue penalmente los hechos documentados en el informe. También se espera que se establezca una Fiscalía Especializada en Desapariciones y Trata de Personas con enfoque de derechos humanos y que se reabran los casos emblemáticos archivados o judicializados irregularmente.

En el ámbito interinstitucional se sugiere la conformación de un Comité Nacional de Auditoría y Depuración de Registros de Muertes y Desapariciones y la creación de una base de datos nacional unificada sobre desapariciones, muertes violentas y trata de personas. Además de exigir al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), una auditoría externa sobre la exclusión de 800.000 personas del bono entre 2012 y 2016.

Finalmente, a nivel internacional, la Comisión recomendó solicitar el acompañamiento de mecanismos internacionales de derechos humanos, que el Estado invite formalmente una Misión de Observación Internacional para la auditoría estadística y judicial; y crear un Mecanismo de Seguimiento del Informe (MSI) que vigile el cumplimiento de las recomendaciones. (I)