Hernán Ulloa acusa a la Asamblea y a Sofía Almeida de pretender que se sancione a los vocales de Participación Ciudadana por no elegir al presidente de la Judicatura

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, se quejó ante los jueces de la Corte Constitucional (CC) de que la consejera Sofía Almeida y la Asamblea Nacional tienen “estancado” al organismo y pretenderían que se los sancione como “incumplidos” en el contexto de la designación del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Dentro de la causa que inició la Corte Constitucional en contra de los siete vocales del CPCCS, para verificar el cumplimiento de una de sus sentencias de no designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán Ulloa ingresó un documento en el que detalla sus querellas de que no puede sesionar por falta de quórum. Les cuenta que, por el momento, actúan los consejeros Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz, pero que Sofía Almeida no ha asistido a las sesiones a las que él ha convocado desde inicios del 2023, “ni de forma presencial ni de manera virtual y, por dicha ausencia el pleno de la institución no ha tenido quorum ni para sesionar, mucho menos para tomar una resolución”.Esto sucede porque David Rosero, Javier Dávalos, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán gozan de una licencia sin remuneración para hacer campaña electoral con el deseo de ser reelegidos en los comicios del 5 de febrero del 2023.Luego, les relata que la Asamblea Nacional no ha posesionado a los consejeros suplentes y paralizan al CPCCS, “ya que al ser un órgano colegiado, las decisiones sólo pueden tomarse con voto favorable de la mayoría de sus integrantes, y en el presente caso, no hemos podido ni siquiera instalar una sesión porque la consejera Sofía Almeida Fuentes no asiste; de todas las sesiones convocadas, la única que ha asistido, además de mi persona, ha sido Gina Aguilar Ochoa, y en una ocasión, Olindo Nastacuaz Pascal”.Lamentó también que no se posesione al superintendente de Bancos electo en diciembre pasado, Roberto Romero von Buchwald.Para Ulloa, la Asamblea Nacional y Almeida “ están provocando de forma deliberada una crisis adicional en el CPCCS, con el objeto de que ante sus ojos (de los jueces de la CC), los consejeros que hemos asistido a cada una de las sesiones seamos declarados como incumplidos y por ende, sometidos a las sanciones que podría acarrear el incumplimiento de una sentencia constitucional”. Es decir, la destitución de sus cargos.Ulloa pide a la Corte Constitucional que convoque a una audiencia de seguimiento del cumplimiento de su sentencia para que asista el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que explique “sobre las decisiones tomadas por dicho organismo en afectación a la institucionalidad del CPCCS”.Esta declaración consta en la causa de verificación de cumplimiento de sentencia que inició la Corte Constitucional, luego de que cuatro de los siete vocales del CPCCS en una sesión del 2 de enero pasado, no eligieron al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, de una terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En esa sesión, no participaron Rosero, Dávalos y Almeida, pues los dos primeros gozaban de vacaciones y la última consejera tuvo una calamidad doméstica.Pero, Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, que formaban el bloque de mayoría, sesionaron y no votaron por ninguna de las tres mociones que ellos mismos propusieron, para designar a esa autoridad de entre los candidatos Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco, porque “no hubo acuerdos”.La sesión de ese día terminó con la resolución de que al no haber consenso, se agotó el proceso y solicitarían una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia.Entonces, la Corte Constitucional resolvió verificar por qué no se eligió a la autoridad y en un auto mencionan que el objetivo es “ evaluar el impacto y efectividad de las medidas de reparación y recabar los elementos que sirvan como cargo o descargo de responsabilidad, ante la eventual determinación del incumplimiento de una o varias medidas a cargo de las autoridades obligadas, en los términos del artículo 86 numeral 4 de la Constitución ”. Esa disposición determina la destitución de los funcionarios sobre los que se configure el incumplimiento de una sentencia .A criterio del exjuez y presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesántez los siete vocales del CPCCS deberían ser destituidos de sus cargos por incumplir la sentencia. “Esto es una sinvergüencería de los siete consejeros y deberían destituirlos porque no hicieron nada. Los cuatro mandan a devolver la terna y los otros tres, como no son del grupo, entonces están en contra. Pero entonces, renuncien porque están haciendo un daño al país. No pueden estar de espaldas al país”, manifestó Salgado.El exmagistrado se mostró indignado por no resolver que la Función Judicial tenga a su delegado en la Judicatura. “¿Qué miedo tienen que vaya otra persona?”, se preguntó.“Qué tomadura de pelo… por eso espero que los jueces de la Corte Constitucional los destituyan a los siete: a los tres por hacerse los idiotas y los cuatro por no haber acatado. Los siete deben ser destituidos y que no vengan con que quieren ser reelegidos; ojalá que se les impida, que se les prohíba de darse una destitución por parte la Corte”, insistió.En declaraciones de prensa, el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa insistió que ellos no incumplieron con la sentencia de la Corte Constitucional y consideró que los jueces no se inclinarán por destituirlos para preservar la institucionalidad. (I)

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