Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional: La Corte Interamericana ha dicho ‘mucho cuidado cuando las Fuerzas Armadas intervienen en estados de excepción’

Hernán Salgado Pesantes presidió los primeros tres años de esta primera Corte Constitucional, que se instaló en el 2019 después de la designación que hizo el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. La próxima semana dejaría la presidencia, al producirse la primera renovación parcial, con la incorporación de tres nuevos jueces electos por un concurso público que realizó una Comisión Calificadora. El magistrado exalta la labor de sus ocho colegas que han suscrito más de dos mil sentencias. Prudente en opinar sobre la política ecuatoriana, cree que la Asamblea Nacional y el Gobierno deben observar los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para legislar, sobre todo, en cuanto a las normas sobre el uso progresivo de la fuerza ante el incremento de la inseguridad ciudadana y violencia en las cárceles del país.

Vanesa Aguirre, presidenta de la Comisión Calificadora: Hubo muchísimo interés en el concurso, porque ha habido el interés por desestabilizar a la Corte Constitucional

Concluye el primer tercio en funciones de esta Corte que la asumieron con miles de causas represadas. ¿Qué trámite se les dio?

Nuestro trabajo ha sido arduo, complejo. Pero tenemos la satisfacción de haber despachado muchísimo, cosa que no sucedió con los jueces de la Corte anterior, que nos dejaron un legado pesado de casos sin despachar. Los casos admitidos, por ahí comienza todo el procedimiento y tenemos 12.899 autos emitidos hasta ahora, desde 2019 hasta enero del 2022. El pleno ha tomado 2.874 decisiones, entre autos de desistimiento, de aclaración, de revocatoria, nulidad, definitivos. Es un número que nos satisface.

Se los critica por los plazos que se toman para resolver. ¿Qué medidas se adoptaron para agilizar el despacho de causas?

Demoran años porque la Corte anterior no despachó. Hubo casos de antes de la Constitución del 2008, del 2006 y 2007. Ahora juega también la prioridad. Para ser equitativos lo mejor es la prioridad, se ha ido despachando del 2016, 2017 y estábamos llegando al 2018 en cuanto se refiere a la sustanciación de un caso. Hemos ido despachando cronológicamente. Estoy seguro de que para el futuro, después de estos años de intenso trabajo, no habrá tanto reclamo de que ‘mi caso se demora tanto’.

¿Cómo ha sido esa labor interna para llegar a las sentencias en casos espinosos como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto en casos de violación...?

El secreto, diría yo, está en ver hasta dónde se pueden aplicar la Constitución y las leyes. Hay un límite dentro de la aplicación de las normas que los jueces no podemos ir más allá. Podemos discordar, no queda sino tomar los criterios jurídicos que cada cual considera los más aceptados. En esas discusiones vamos viendo los puntos que nos separan, cuáles pueden ser superados, cuáles no tienen mayor trascendencia para la sentencia. Nuestra Corte ha tenido en mente algo que se descuidó en anteriores, talvez, de ser guardianes de la Constitución.

¿Puede decir que han trabajado con independencia?

No faltará quienes critiquen. Al tomar decisiones complejas en asuntos que a veces tienen mucho fondo político, claro que no deja de ser complicado, pero hemos insistido tanto y yo, como una persona mayor, de la docencia, me da la satisfacción de decir que sí se puede ser independiente. Hemos tratado de demostrarlo. Un juez puede actuar con independencia dentro de los límites. Podemos discrepar, dar criterios, interpretaciones, pero no más allá. Y al ser una alta Corte, en el sentido jerárquico de las instituciones, no está para caer bien a nadie. No está por la política, no está por inclinarse a los políticos, seguir líneas políticas. Eso está bien para otras instituciones, como para la Asamblea Nacional, pero no para la Judicatura. Los jueces no podemos caer en ello.

La Corte Constitucional no está para caer bien a nadie. No está por la política, no está por inclinarse a los políticos, seguir líneas políticas, eso está bien para otras instituciones

Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional

Cuando sus fallos salen de su seno se vuelven políticos. Por ejemplo, la despenalización del aborto por violación, la Asamblea no tiene un acuerdo sobre los plazos y el Ejecutivo advierte con vetar lo que se legisle.

La Corte decidió que había que despenalizar el aborto para todas las mujeres que hubieran sufrido violación y que no hubiera penalización. Ese fue el sentido del fallo. No entramos en esos detalles que revisten de complejidad para que la Asamblea, un órgano multilateral con personas deliberativas, discuta cuál es el límite para un aborto. Eso está bastante complicado y esperamos que vayan buscando el término adecuado y tratemos en el futuro de evitar que los movimientos sociales talvez regresen a la Corte insatisfechos con las decisiones de la Asamblea.

La Corte ha llamado la atención al Legislativo por las leyes que se aprueban, también hay temas pendientes que se ha dispuesto que la Asamblea o el Ejecutivo resuelvan, pero no lo hacen. ¿Podría aplicarse la destitución por no cumplir sus fallos?

Hay que tomar un punto medio, ante todo, la prudencia debe regular nuestros actos y ver objetivamente lo que está sucediendo. Personalmente puedo decir que la Asamblea trata de tomar decisiones sobre estos casos que la Corte le ha pedido. Hay puntos que no alcanzan por la complejidad que tienen y por el trabajo que tiene. Debemos cubrirnos de prudencia y comprensión para ver que se esté trabajando. Habrá que exhortarlos para que se trabaje en lo solicitado. No sería dable que tomemos medidas rigurosas, porque ni la Corte ni nadie más de otros órganos del Estado está para defenestrar a otros.

Ha traído a discusión el uso progresivo de la fuerza y cada cual ha expuesto sus criterios, pero hay que llegar a un punto de acuerdo, a un equilibrio común para decir ‘así debe ser el uso progresivo de la fuerza’, acorde a la realidad. Porque a veces hacemos normas de escritorio que no contemplan la realidad y es importante estar inmersos en lo que está pasando

Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional

Está en camino el debate de una ley para el uso progresivo de la fuerza por la inseguridad ciudadana, violencia en las cárceles, el narcotráfico. ¿La Corte está observando estos hechos?

Son casos y situaciones que traen dificultades que no son fáciles de solucionar. Creo que el presidente de la República los ha enfocado de la mejor manera posible. Las tiene en su escritorio para solucionarlas. Las soluciones pueden ser que a unos no gusten, pero hay que hacer lo que nosotros tratamos de hacer: que todo esté dentro de la normativa constitucional y las leyes. En la Corte, todos los jueces aplican los parámetros que da la Corte Interamericana para la defensa de los derechos humanos y eso deben hacer los demás órganos, incluida la presidencia de la República. Los detenidos tienen garantías del Estado en lo que se refiere a su vida e integridad, entonces debemos tender hacia allá. Creo que hay más deseo y conocimiento de causa para ver cómo se puede dar una solución integral.

La crisis carcelaria había generado un impase con el presidente Guillermo Lasso en esa reunión en Guayaquil. ¿Logró subsanarse?

No hubo ningún impase, esa fue una mala información que se dio. Personalmente aprecio al presidente, lo estimo desde hace tiempo, y el presidente conoce mis méritos y deméritos. No ha habido impases. En esa reunión se buscó señalar algunos estándares de la Corte Interamericana con relación a la actuación de los militares, de las Fuerzas Armadas que no deben actuar libremente, deben estar siempre trabajando con la Policía Nacional, sobre todo en un estado de excepción. Quizá hubo una falta de comprensión por la crítica que se daba en la prensa. Comprendo, y hasta los particulares preguntaban ‘por qué los militares no pueden entrar a las cárceles’, decían así. Pero no. Es peligroso. En el momento en que se dé algún problema, los militares van a disparar y ellos ven el enemigo. No va a poder haber una actuación más tranquila como de la policía. Si incluso la policía a veces tiene que actuar como lo vemos, imagínese los militares, eso hay que evitar. Por eso la Corte Interamericana ha dicho ‘mucho cuidado cuando las Fuerzas Armadas intervienen en estados de excepción’. Eso hay que hacer conocer a todos, para saber en dónde están los límites.

La Corte deberá ahora dirimir si la Asamblea puede derogar la ley económica urgente de reforma tributaria vigente por el ministerio de la ley y también sobre la consulta popular que analiza el Gobierno.

La Corte no puede dejar de lado estos aspectos que pueden tener un fondo político. Debe tomarlas para encauzarlas constitucionalmente. El tema tributario es un asunto complejo, hasta el momento no ha llegado y cuando llegue se verá, no puedo pronunciarme. Si se hace una consulta popular, el presidente puede venir con toda confianza a través de sus funcionarios y presentar ese pliego de preguntas. Aquí se le examinará la concordancia de lo que está consultando con lo que mandan la Constitución y la ley.

CAL sugiere consultar a la Corte Constitucional sobre derogatoria de reforma tributaria

Qué ha implicado ser parte de esta Corte, que ha debido tomar posturas sobre conflictos de competencia entre instituciones caracterizadas por lo político.

En nuestro mundo ecuatoriano hay una falta de institucionalización. No lo hemos conseguido en años anteriores por diversas razones, porque metieron las manos en la justicia y otras más… Ahora se quiere ir fortaleciendo la institucionalidad y esa ha sido nuestra meta, nuestro anhelo. Pero para eso deben irse resolviendo estos conflictos que se presentan en las diferentes instituciones. La Corte tiene entre sus quehaceres el de solucionar conflictos interinstitucionales. No rehuiría y lo que hemos hecho es ir buscando solucionar estos problemas y dar un camino adecuado.

¿Cómo recibirá la institución a los nuevos tres jueces?

El grueso de la Corte va a permanecer. Me voy muy satisfecho, de la presidencia al menos, de que hemos consolidado la institucionalidad de la Corte, porque esto de haber podido llegar a este momento del cambio de tres jueces demuestra que hemos madurado. Le hemos encomendado a una Comisión Calificadora y esta ha actuado de acuerdo con la Constitución. Vamos a llegar a ese sorteo que lo haremos la próxima semana y se hará con transparencia para que se vea esa madurez. Los jueces que se quedan deberán continuar con esos puntos que nos planteamos. Celeridad, transparencia y cero corrupción. Todos han hecho gala de honestidad y de sentencias de calidad. Invitaría a que lean las sentencias, así no estemos de acuerdo, para que vean que hay derecho.

A propósito del sorteo, se criticó el reglamento para realizarlo porque les daba la posibilidad de que renuncien y no sean sorteados.

Eso fue un equívoco. Hubo quizás confusión. La idea que teníamos era que, si alguien se retira y no quiere entrar al sorteo, que lo haga, lo diga, los jueces son libres de decir ‘me retiro’. En ese momento, en lugar de sortear a tres, deberán sortear dos. Entonces, los nueve jueces hemos dicho: ‘Llegaremos hasta el final’. Yo me retiro de la presidencia porque termino, y para el sorteo sí me quedo. Si debo salir por el sorteo, no hay problema. Si debo quedarme, diré lo mismo. Lo mejor para el país.

¿Cómo vio el concurso de selección de jueces y los candidatos que quedaron?

Me parecen personas que podrán ejercer el papel de juez constitucional. Deberán ir uniéndose con los seis que quedan, buscando una cohesión, conociéndose y viendo cómo cada cual piensa y desenvolverse. Confío mucho en el futuro y en los nuevos miembros. En otras instituciones debería haber esto, pero hasta ahora ha habido problemas, no se ha dado bien. En el Tribunal Contencioso Electoral no se ha dado el cambio, en fin… Pero eso debe irse amoldando como mandan la Constitución y la ley. (I)