Una vez que se instaló el juzgamiento del caso Las Torres, la Fiscalía se compromete a comprobar la existencia de un “grupo organizado y estructurado” que operó a través de la Contraloría General del Estado (CGE), la secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A.