Con una advertencia a los jueces de la Corte Constitucional, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, abrió el telón de la audiencia pública convocada este lunes, para analizar el cumplimiento de un dictamen interpretativo del 2019 que blindó las resoluciones del extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición. Salazar pidió la destitución de cuatro de los actuales siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, porque se habría contravenido ese dictamen.