Con 22 elementos ‘claros y precisos’ arranca la Fiscalía el procesamiento de los seis acusados de participar en el asesinato de Fernando Villavicencio

Para el juez de flagrancia Gonzalo Núñez, los elementos de convicción presentados por la fiscal a cargo del caso fueron “claros, precisos y justificados”, respecto a que los ahora procesados son autores o cómplices del asesinato de quien era el candidato a la Presidencia de la República Fernando Villavicencio, y por ello daba paso a una etapa de instrucción fiscal de 30 días. La figura penal por la que se acusa deja penas de cárcel que van de 22 a 26 años.

La Fiscalía General del Estado, durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos que duró casi dos horas la noche del jueves 10 de agosto último, expuso 22 elementos de convicción que revelarían la responsabilidad en el asesinato al estilo sicariato del candidato y periodista de 59 años de los ciudadanos de nacionalidad colombiana Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R.

Entre los elementos de cargo presentados resaltan los ubicados por fiscales y policías en la escena del crimen, así como en los allanamientos ejecutados. También informes de indicios, versiones de testigos y de agentes policiales, protocolo de autopsia, resultados de pericias balísticas, análisis de los videos de las cámaras de seguridad y otros.

Entre los primeros elementos entregados por la fiscal estuvieron los formularios únicos de cadena de custodia; las hojas de ingreso de dos motocicletas y un vehículo encontrados en el lugar del crimen; la versión libre, voluntaria y sin juramento rendida por quien sería el dueño del auto robado que fue usado en el delito y el informe médico que le dieron al afectado por una incapacidad de 9 a 30 días; y el informe pericial balístico suscrito por un sargento y un cabo de la Policía.

También, el acta de levantamiento de cadáver y la autopsia médica realizada al cuerpo de la víctima, la cual determinaría como causa de muerte un “traumatismo craneoencefálico consecutivo a penetración, paso y salida de proyectil de arma de fuego, hemorragia y laceración cerebral, fractura de cráneo”.

Según la Fiscalía, el protocolo de autopsia indicaría que la víctima recibió disparos de larga distancia -no determinando cuántos-, mientras que el informe balístico habría concluido que las vainas calibre 2.23 coinciden con uno de los fusiles encontrados en los allanamientos. Además, se habría identificado una huella dactilar hallada en una moto abandonada por los ahora procesados.

El asesinato de Fernando Villavicencio, presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye, lista 25, se registró pasadas las 18:00 del miércoles 9 de agosto último, once días antes de que se den las elecciones presidenciales anticipadas planificadas para el 20 de agosto. El ataque de los sicarios se dio al terminar un mitin político en un coliseo ubicado entre las avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas, localizado en el norte de Quito.

Los asesinos esperaron a que Villavicencio entrara en una camioneta doble cabina de color gris sin blindaje para disparar contra su humanidad. Nueve personas, entre ellas la candidata a asambleísta Gisella Molina y tres policías parte de la seguridad de la víctima, también fueron heridas en el acto criminal.

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La Policía y la Fiscalía han informado que en el lugar del hecho delictivo, durante la inspección ocular técnica y el levantamiento de indicios, se encontró un arma de fuego tipo pistola que habría sido utilizada en el atentado. Asimismo, el equipo antibombas de la Policía ejecutó la detonación controlada de una granada lanzada por los atacantes contra la seguridad del candidato. En la escena del crimen fueron levantadas 61 vainas 9 mm y tres vainas calibre 2.23.

Incursiones y allanamientos en Monjas, Argelia Baja, San Bartolo, La Ecuatoriana y Guamaní, todas zonas localizadas en el sur y suroriente de la capital, se han dado hasta el momento dentro de la investigación abierta una vez que se produjeron los hechos. Justamente en el inmueble allanado en Monjas se descubrió un vehículo reportado como robado, en el cual se encontró una maleta que contenía fusiles, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cuatro cajas de municiones (384 cartuchos) y dos cargadores de fusil. También se hallaron dos motos.

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Además, la Fiscalía presentó otros elementos de convicción como el parte con relación a la ubicación y destrucción de una granada lanzada cerca del lugar del crimen de Villavicencio; informes periciales de inspección ocular técnica, reconocimiento del lugar de los hechos y reconocimiento de objetos hallados en ese sitio y en los inmuebles en donde fueron detenidos los hoy procesados; informe de verificación técnica de la escena del delito; informes de audio, video y afines; cotejamiento de armas y balas; informe de identidad morfológica y fisiológica; versiones de los oficiales que realizaron las capturas...

A los seis se les imputaron cargos por el delito de asesinato, contenido en el artículo 140, inciso primero, numerales nueve y diez, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esa norma sostiene que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años si perpetra la muerte durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública y en contra de un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.

La Fiscalía solicitó directamente prisión preventiva para todos. Ponderaba para el pedido la grave conmoción social que ha causado el asesinato, tanto a nivel nacional como internacional, generando el repudio generalizado en la sociedad, debido a que se está afectado al bien jurídico más preciado: la vida. Adicionalmente se resalta que se afectó la integridad física de otros ciudadanos que se encontraban en el lugar el momento en que se produjeron los hechos.

“Las medidas no privativas de la libertad son insuficientes y es necesaria la prisión preventiva. (...) Se establece por medio de las versiones rendidas por parte de los agentes aprehensores (que los sospechosos) se han tratado de dar a la fuga sin dar cumplimiento a las órdenes de los agentes policiales que ingresaron al inmueble, así como también existen procesados que ya han dado incumplimiento a medidas no privativas de la libertad en otros casos”, refería la fiscal en su formulación de cargos.

A más de todo lo señalado anteriormente, la prisión preventiva era vista como la medida cautelar idónea, ya que los hoy procesados podrían obstaculizar las investigaciones que debe realizar la Fiscalía General del Estado, mediante ocultamiento, inutilización, desaparición de elementos de convicción. Incluso, se apuntó, los sospechosos podrían poner en peligro la integridad física, psicológica y hasta la vida de los familiares de la víctima, así como de testigos presenciales del hecho. (I)