En los casi ocho meses que la Asamblea Nacional lleva en funciones, tres asambleístas de los 137 se han visto obligados a dejar sus curules por varias semanas, dos legisladoras fueron suspendidas por sanciones derivadas de quejas de sus compañeros y denuncias de acoso laboral y el tercero por un presunto impedimento de ejercer cargos públicos que solucionó por la vía legal.
Mónica Palacios fue suspendida por 60 días sin sueldo
El caso más reciente fue el pasado 6 de mayo, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) del Legislativo suspendió por 60 días y sin sueldo a la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Mónica Palacios Zambrano por presunto acoso laboral a un funcionario legislativo que prestaba sus servicios en el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN).
La resolución fue aprobada con cinco votos a favor y dos en contra. En el documento se concluyó que la asambleísta incurrió en la falta administrativa muy grave dispuesta en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al haberse incurrido en comportamientos que se ajustan a la figura del acoso laboral.
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La queja por presunto acoso laboral la presentó el funcionario Emilio Flor Zambrano, que presta sus servicios en la bancada de Gobierno. El supuesto acoso habría empezado en diciembre de 2023, en una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico en la que Palacios, saltándose el procedimiento, habría retirado el micrófono a la legisladora Esther Cuesta (RC) y comenzado a hablar, por lo que el funcionario legislativo procedió a solicitar el micrófono. Pese a ello, el micrófono no se entregó y luego empezó el acoso laboral en la red social X, en la que la asambleísta afirma que fue “amedrentada por un funcionario que intentó arrancharle el micrófono para silenciarla”.
Palacios presentó ante la administración de la Asamblea una solicitud de inicio de acciones disciplinarias pidiendo una sanción contra el funcionario legislativo, pero la administración del Parlamento no encontró razones para una sanción y archivó el pedido. Tras el procedimiento aplicado, el CAL resolvió sancionar a la legisladora Palacios y luego de cumplir su sanción, regresó este martes 9 de julio al Parlamento.
Patricio Chávez estuvo dos meses fuera de su curul
Patricio Chávez, integrante de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC), tuvo problemas para ingresar a la Asamblea a partir del pasado 16 de abril a raíz de un certificado del Ministerio del Trabajo sobre una prohibición para ejercer un cargo público, que tiene relación con un informe de la Contraloría aprobado en 2018.
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La dirección nacional de predeterminación de la Contraloría estableció la responsabilidad administrativa de multa y destitución del servidor público Patricio Chávez Zavala cuando fue delegado presidencial ante la empresa pública Petroecuador.
Según el informe, se halló responsable al hoy asambleísta por suscribir, entre 2015 y 2016, una resolución que autorizó un crédito entre el Banco Industrial y Comercial de China y EP Petroecuador por $ 970 millones, con garantía soberana del Estado ecuatoriano.
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La tarde del pasado lunes 20 de mayo, un juez aceptó parcialmente la acción de protección que se presentó en contra de varias instituciones y el legislador tuvo luz verde para volver al Legislativo.
Gisella Molina fue suspendida por 31 días
Antes de los casos de Palacios y de Chávez, el 29 de febrero, el CAL resolvió sancionar a la asambleísta Gissella Molina (Gente Buena) por 31 días y durante ese lapso no recibió remuneración y la reemplazó su suplente, José Misael Rodríguez Balarezo.
La sanción para Molina tuvo lugar luego que el CAL acogió la queja presentada por la asambleísta Victoria Desintonio (Revolución Ciudadana), quien denunció haber recibido ofensas de palabra de parte de su compañera.
Desintonio presentó la queja contra Molina por un incidente ocurrido el 17 de enero de 2024, dentro de la sesión n.º 013-2023-2025 de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización, durante la comparecencia del presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, que fue convocado por las transferencias que adeuda el Gobierno a los municipios; allí Molina ofendió de palabra, provocó incidentes violentos e instigó a la violencia.
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En la queja constó que Molina cometió faltas administrativas graves lo cual es sancionado por el reglamento que rige al Parlamento, pues se expresó con términos ofensivos en la sesión de la mesa legislativa.
“Usted no tiene representación, porque ustedes a lo único que representan es a los delincuentes (…); y si quiere llorar por sus delincuentes, váyanse a llorar a la cárcel donde ahora están sus compañeros”, habría sido una de las frases de Molina contra la legisladora correísta. (I)
