¿Está afectando el caso Implacable al caso Purga?

Aunque la Fiscalía General del Estado ha dicho que el audio filtrado en el que se expone una supuesta conversación entre los abogados Leonardo T., defensor de Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, y Juan Francisco F., asesor externo del Banco del Pacífico, no afectará la investigación del caso Purga, ya hay algunas secuelas entre las partes procesales.

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Juan Francisco F. y Leonardo T., a su vez, son indagados por supuesto tráfico de influencias en el denominado caso Implacable, derivado del mencionado audio, que se divulgó en la cuenta de X de la agencia Venezuela News el pasado 1 de julio del 2024. Incluso Juan Francisco F. fue retenido en un operativo la mañana del 4 de julio del 2024 para investigaciones.

En ese audio se escucha a Leonardo T. reclamándole a su colega porque presuntamente los abogados del Banco del Pacífico Ricardo y Esteban Noboa no le habían pagado la cifra que le ofrecieron a cambio de que Mayra Salazar incriminara al exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, quien tiene un litigio con la institución financiera por el pago de un crédito. Le habrían prometido $ 500.000, pero solo le abonaron $ 150.000.

“De la misma forma que trataron de hacer con Metástasis, la conversación que se ha hecho pública no afecta en nada al proceso que lleva la institución, ya que la información proporcionada por Mayra S. (Salazar) —en el marco de la causa denominada Purga— ha sido debidamente contrastada y verificada, pues —como en cada una de sus investigaciones— Fiscalía cumple un trabajo técnico, objetivo y apegado a la ley”, indica el boletín de la institución colgado la tarde del 4 de julio del 2024 en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, en el sistema de consulta de procesos judiciales ya consta un escrito enviado el pasado 2 de julio del 2024 por el estudio jurídico Guzmán Santoro en el cual se le comunica al juez del caso, Javier de la Cadena, que ha renunciado a la representación del Banco del Pacífico, amparándose en el artículo 331, numeral 3, del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice:

“Son derechos del abogado que patrocina en causa: 3. Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia”.

Asimismo, la abogada Soledad Angus, defensora de la procesada Mónica A. B., presentó un oficio —también el pasado 2 de julio— al juez De la Cadena en el que le indica que el audio que se conoció en las redes sociales “revela gravísimos detalles que desvirtúan la credibilidad de la testigo presentada por la Fiscalía General del Estado (o sea, Mayra Salazar)”.

Por ello, solicitó que se realicen algunas pericias, como las de extracción y materialización del audio de las cuentas de redes sociales de la agencia Venezuela News, el cotejamiento de las voces de los abogados supuestamente participantes en el diálogo, así como la solicitud al Centro de Confianza de Chillogallo para que entregue la bitácora de visitas a Mayra Salazar.

Pedidos similares ha realizado la defensa de Muentes, Diego Chimbo, dentro de la denuncia penal que interpuso el pasado 3 de julio en contra de Juan Francisco F., Ricardo y Esteban Noboa, así como Salazar. Los acusa de peculado bancario, fraude procesal, obstrucción de la justicia y perjurio.

Chimbo señaló a EL UNIVERSO que, tras conocerse este audio, la credibilidad de Mayra Salazar está en duda, y que al juez le corresponde ordenar el levantamiento de la prisión preventiva de su cliente, quien ahora está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil.

Dicho pedido lo realizó ya en la audiencia de revisión de medidas cautelares que se realizó el 3 de julio y que se reinstalará este sábado 6 para conocer la decisión del juez De la Cadena.

Los 120 días de la instrucción fiscal del caso Purga terminan este viernes, 5 de julio del 2024, y la Fiscalía General tiene que solicitar al juez que fije fecha y hora para realizar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esta causa están procesadas 25 personas, como el exlegislador Muentes, su esposa, su primo, exjueces, servidores judiciales, contratistas del Estado y abogados. (I)