La disputa política entre los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se profundiza. Alrededor de las 20:30 del jueves 10 de febrero, en las redes sociales de la entidad se difundió un comunicado de la consejera Sofía Almeida, con siete aclaraciones y disposiciones para los servidores del Consejo. La publicación fue borrada por el lapso de dos horas y nuevamente fue subida a internet, pero con un detalle diferente.

El documento de dos hojas empieza con la indicación de que “las instalaciones, recursos institucionales y la autoridad sigue estando en manos de la Presidenta Sofía Almeida y del Vicepresidente David Rosero”. La consejera resalta que una resolución judicial, con fecha 10 de enero de 2022, impide que sea removida del cargo.

La consejera menciona que en la opinión pública se ha instalado la idea de que el Gobierno pretende “tomarse por asalto el CPCCS”, mediante los cuatro consejeros que se unieron el 9 de febrero para sacarla de la presidencia y elegir a Hernán Ulloa en reemplazo.

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En la primera publicación de la carta se indicaba que “el Gobierno ha abandonado a los cuatro consejeros golpistas”, en referencia de los vocales María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Ulloa, que votaron en su contra. En el mismo párrafo se indicaba que el Gobierno los habría dejado a su suerte, “por lo que la Policía Nacional se ha retirado del edificio del CPCCS”.

Sin embargo, cuando se volvió a subir el documento a redes sociales, el mensaje anterior cambio. En su lugar, apareció: “La Policía Nacional se ha retirado del edificio del CPCCS; quitando el resguardo que habría solicitado el Consejero Ulloa”. Solo esta parte del texto fue modificada.

En aspectos administrativos, Almeida señala que el sistema de gestión documental Quipux “está siendo utilizado de manera ilegal”. Que denunciará en la Fiscalía esta situación, así como la presunta usurpación de funciones.

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A continuación, la consejera determinó tres disposiciones para los trabajadores del Consejo:

  • Para las comunicaciones se usarán los correos personales, de manera temporal, para convocatorias y notificaciones urgentes.
  • No firmar documentos “sin la legítima información de respaldo” mientras se espera que la Fiscalía restituya el sistema Quipux a la presidencia de Almeida.
  • Desde el lunes 14 de febrero todo el personal de la planta central regresará a la modalidad de trabajo presencial.

Estas medidas se toman, dice Almeida, por la operatividad del Consejo y “por la lucha ante los grupos de poder que intentan desaparecer el CPCCS”.

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Además de la carta a los servidores, también se publicó en las redes sociales oficiales la notificación que el 10 de febrero envió el secretario General del CPCCS, Carlos Chiriboga, al ministro de Trabajo, Patricio Donoso y al subsecretario de Trabajo, Guillermo Astudillo.

Chiriboga puso en conocimiento de las autoridades del Gobierno las medidas cautelares dictadas por la juez Karly Vargas a favor de la consejera Almeida.

“Se les recuerda que la presente resolución judicial es de cumplimiento estricto y obligatorio”, dice el oficio donde Chiriboga certifica que Sofía Almeida es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. (I)