La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, advirtió que las elecciones presidenciales y legislativas 2023 están cruzando la línea roja, porque aún la lista de candidatos a asambleístas nacionales del movimiento Construye, lista 25, tiene recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Que el CNE espera que en los próximos cinco días se evacúen los recursos pendientes para luego proceder a la impresión de los 13 millones de papeletas de asambleístas nacionales y documentos electorales, como las actas de escrutinio y actas de borrador, lo cual retrasa el proceso de empaquetamiento y traslado del material que debería iniciarse el 2 de agosto hacia las provincias de la Amazonía y Galápagos.
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“Si nosotros llegamos a cinco días más o se pasan, y no tenemos las candidaturas en firme, realmente estamos cruzando la línea roja de no poder cerrar los paquetes electorales para nosotros cumplir con las elecciones del 20 de agosto”, advirtió Atamaint durante un conversatorio sobre el voto telemático en el exterior.
En este momento, dentro de la planificación del CNE, “ya estamos en línea roja con el Instituto Geográfico Militar (IGM); sin embargo, hay días de colchón que están dando algo de oxígeno para esperar un poco, pero diez días más es alerta roja para nosotros”, explicó.
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La funcionaria descartó una postergación del proceso electoral, porque la Constitución no lo permite, pero que están buscando soluciones y trabajando con el IGM en planes de contingencia para todas las actividades.
Advirtió que las elecciones empiezan el 17 de agosto con el sufragio de las personas privadas de libertad (PPL), sin sentencia condenatoria, y al día siguiente el voto en casa; por lo tanto, el proceso arrancará antes del 20 de agosto, día del sufragio universal.
Candidatura pendiente
La candidatura nacional que aún tiene recursos contenciosos electorales por resolver es la de Patricio Carrillo Rosero, del movimiento Construye, por la impugnación interpuesta por el movimiento Revolución Ciudadana debido a que Carrillo fue censurado como exministro del Interior, en febrero de 2023; por lo tanto, no puede ocupar cargo público por dos años.
La impugnación fue archivada, pero la accionante, Marcela Aguiñaga (RC), planteó un recurso de apelación para que el proceso continúe, aunque en medio del trámite el juez que llevaba la causa, Guillermo Ortega, se fue de vacaciones y la tomó el juez suplente, Richard González, quien fue recusado por el candidato Patricio Carrillo por presunta falta de imparcialidad. El pleno del TCE debe resolver la recusación, pero hasta este 19 de julio no hay convocatoria para dar curso a esa diligencia.
La vicepresidenta del TCE, Ivonne Coloma, dijo que el organismo al que representa debe garantizar el acceso a la justicia a las organizaciones políticas y a los sujetos políticos su derecho a la participación, y reveló que la última causa que ingresó al Tribunal Contencioso Electoral fue el 14 de julio y se tiene que cumplir con la fase de admisibilidad, y solo ahí el juez puede conocer la causa y luego las organizaciones políticas pueden presentar recursos e inclusive recusar. No se pueden desconocer esas acciones que asisten a las organizaciones políticas.
Dijo que la recusación a uno de los jueces significa un retraso no imputable al órgano de administración de justifica. Igualmente dijo que algunos de los expedientes requeridos al CNE no han llegado completos y por ello se tenían que hacer segundos requerimientos.
La jueza Coloma explicó que por los procedimientos contenciosos electorales que prevé el Código de la Democracia es imposible que los recursos presentados se resuelvan en tres días, porque los plazos no dan en ese sentido. Si bien la norma otorga un plazo de quince día, el TCE está resolviendo las causas en un tiempo menor y con la misma calidad.
Diana Atamaint manifestó que si bien es un derecho de las organizaciones presentar recursos, también conocen que si hay una sentencia de última instancia tomada por el pleno del TCE piden ampliación y aclaración, cuando se sabe que la sentencia no va a cambiar, y eso alarga el plazo y complica al CNE para tomar una decisión respecto a la impresión de las papeletas.
La funcionaria recordó que los observadores internacionales en sus informes recomendaron reformar el Código de la Democracia porque existen demasiados recursos a favor de las organizaciones políticas y los plazos son también extensos. (I)