Para el lunes 21 de febrero próximo, a las 08:30, está definida la instalación de la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada contra el excontralor general Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve personas más relacionadas con el denominado caso Las Torres.
Hasta que sean capturados o se presenten voluntariamente ante la autoridad, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova, que llamó a juicio en el caso Las Torres, dispuso que se suspenda la etapa de juzgamiento para Pedro Saona y Roy Calero, dos de las trece personas acusadas en esta causa.
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Entre dos y tres semanas se espera que dure la audiencia en la que conocerán los llamados a juicio por el juez de la Corte Nacional Córdova, el 24 de enero pasado, si existen pruebas suficientes de la participación de los acusados en el delito perseguido por la Fiscalía desde mediados de 2019.
Córdova llamó a etapa de juzgamiento a todos los procesados que llegaron a audiencia preparatoria de juicio al existir elementos suficientes que hacen presumir de su participación en el delito de delincuencia organizada.
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Por sorteo, el Tribunal de Juicio se integró con los jueces nacionales Walter Macías (ponente), Luis Rojas y Daniella Camacho. Pero esta última ha presentado una excusa para continuar conformando el Tribunal, situación que aún no se ha resuelto pese a que ya se ha definido por segunda ocasión la fecha para la audiencia de juzgamiento. Inicialmente este 15 de febrero debía instalarse el juzgamiento en este caso.
Según la Fiscalía, ejerciendo el mando y el liderazgo de este grupo estructurado estaban Celi y Flores; mientras que en los escenarios de colaboración habrían intervenido Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi (hermano del excontralor), Pedro Saona, Álvaro Jorge de Guzmán, Adolfo Agusto Briones, Silvia López, Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.
Fiscalía acusó a los líderes de la organización por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que deja una pena para los mismos de siete a diez años de cárcel; y a los colaboradores los acusó con base en el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión.
La acusación de Fiscalía señala que entre los años 2017 y 2020, en Quito, mediante un posible acuerdo de funcionarios públicos de nivel directivo y con la colaboración de otros funcionarios públicos y privados, se “habría consolidado una estructura compleja y de presunta jerarquía, a través de la cual posibles líderes ostentaban cargos directivos en Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Presidencia de la República.
El objetivo de esta estructura, según la teoría acusatoria, se habría encaminado a la obtención de beneficios económicos, para lo cual se presume que los integrantes de la organización de forma reiterada y permanente habrían acordado y planificado el cometimiento de infracciones penales sancionadas con una pena de privación de la libertad superior a los cinco años. (I)