¿Destituir a Guadalupe Llori fue una revancha de correístas y socialcristianos contra el Gobierno? Un análisis de lo que pasó en la Asamblea Nacional

En vísperas de la instalación del actual periodo legislativo, en mayo del 2021, el régimen negociaba con socialcristianos y correístas la posibilidad de articular una mayoría que le asegurase algún nivel de apoyo a los proyectos de ley que necesitaba para desarrollar su plan de gobierno.El acuerdo pasaba por la designación de Henry Kronfle (PSC) en la presidencia de la Asamblea y Paola Cabezas (UNES) en la primer vicepresidencia; además del reparto de las presidencias y vicepresidencias de la comisiones legislativas entre las tres fuerzas políticas.Y había un pedido adicional de los correístas: crear una Comisión de la Verdad que investigue los procesos judiciales de altos dirigentes de la Revolución Ciudadana, entre ellos, los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, sentenciados por casos de corrupción. Todo estaba listo. Pero Guillermo Lasso se echó para atrás la misma mañana en que se instaló la Asamblea Nacional, el 14 de mayo de 2021. Con ello, finalmente este acuerdo no cuajó. El oficialismo se alió entonces con Pachakutik e Izquierda Democrática, llevando a Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea Nacional. En ese momento Lasso no explicó los motivos de su decisión. Lo hizo en abril pasado, dijo que no podía aceptar la creación de la citada Comisión de la Verdad porque buscaba “impunidad”.Al cabo de un poco más de un año, las dos agrupaciones que se quedaron por fuera del reparto de los espacios de poder en la Asamblea, UNES y PSC, con el respaldo de grupos minoritarios de legisladores que se abrieron de sus partidos originales, lograron los votos necesarios para destituir a Llori, acogiendo un informe de una comisión pluripartidista ad hoc que recomendaba su salida por incumplimiento de funciones.Entre esos dos momentos hubo una serie de desencuentros entre Lasso, Nebot y Correa por las posturas de los sectores políticos que estos lideran alrededor de temas que le interesaban al régimen, como las leyes económicas, y las críticas a su gestión, en especial en el combate a la inseguridad. Por eso, el mandatario llegó a calificarlos como los “mellizos conspiradores”. De ahí que en el Gobierno aseguren que el reciente cambio de timón en la Asamblea con la posesión de Virgilio Saquicela como su presidente podría ser considerado una suerte de “revancha” de estas agrupaciones contra Lasso por su “traición” al acuerdo inicial, que además se aprovechó de la conducción errática del Legislativo por parte de Llori. El consejero presidencial y exlegislador Diego Ordóñez sostiene que Correa y Nebot tienen un acuerdo político desde que el primero era presidente, y que se ha mantenido en el tiempo. Lo que los une es el discurso populista y el deseo de control del Estado. “Tienen un ADN parecido”, dice él de lo que ha calificado como una mayoría “social correísta”. Ambos sectores, agrega, “quisieron que eso se configure en una alianza de Gobierno, y Lasso decidió no entrar en ese juego, pero ellos sí han seguido”. “El objetivo de ellos era tener el control de la Asamblea con uno propio que era Kronfle y ahora lo hacen a través de un títere, que es Saquicela, que por sí solo no tiene ninguna representatividad, no es parte de ninguno de los bloques que le dan el voto y eso lo coloca en una posición endeble de tener que complacerlos a todos para mantenerse en el puesto”.“En esto no hay que inventar mayor cosa, solo seguir el hilo conductor: si en mayo del 2021 querían el control de la Asamblea para obtener, los correístas, impunidad y los socialcristianos poder, ahora lo lograron y van tras el Consejo de Participación Ciudadana”, dice.Ordóñez cita algunos hechos que, según él, demostrarían esto: votaciones conjuntas para bloquear temas que le interesaban al régimen o el apoyo para recortar los tiempos en el juicio político en contra de los cuatro vocales del CPCCS que integran la nueva mayoría que preside Hernán Ulloa y que modificó algunos reglamentos para la selección de las autoridades de control.Y en lo que llama “anécdota”, el funcionario dice cuando todavía era asambleísta su colega socialcristiano Luis Almeida le propuso que “le diga a Guillermo” que nombren juntos un “contralor nuestro” a través de su sobrina Sofía Almeida, que era la presidenta del Consejo de Participación. Él nunca transmitió ese mensaje, afirma.El consejero admite que UNES y PSC no han votado juntos siempre; por ejemplo, en las amnistías y la ley de inversiones. Pero hay una explicación para eso: “Si los socialcristianos votaron como votaron fue porque sus votos no les hacían falta a los correístas o son coartadas”. Esteban Torres, jefe de la bancada del PSC, y Juan Cristóbal Lloret, legislador de UNES, rechazan esta lectura sobre los hechos alrededor de la salida de Llori. No hay ninguna venganza o vendetta contra el régimen, dice Torres, quien fue el que puso la denuncia contra la expresidenta por incumplir sus funciones. “Si no, no se explicaría cómo es que hubo un aparente equilibrio hasta noviembre del año pasado. ¿Cuándo empezó todo? Cuando Llori no quiso dar paso a la calificación de los proyectos derogatorios de la ley tributaria. El PSC es suficientemente maduro, a diferencia del Gobierno, para entender que en democracia se gana y se pierde. Cuando perdimos esa elección en mayo del 2021 jamás pensamos en contraminar la democracia del pleno con acciones judiciales, promoviendo destituciones, ¿pero qué fue lo que hizo el Gobierno con el Consejo de la Judicatura, ayudando a la señora Llori? Pues todo lo contrario”.“Lo que pasó es simplemente un mensaje de decencia para esta Asamblea y las que vengan de que las cosas se hacen bien y que jamás debe entregarse a otro poder del Estado”, agrega. Asimismo, Lloret señala que no es verdad que UNES se haya desquitado del régimen por dejarlo fuera del acuerdo legislativo original para captar espacios de poder en la Asamblea. “La gran mayoría del pueblo ve en Llori a una persona bastante limitada, sin capacidades y esto se derivó en una serie de violaciones a la ley, a los procedimientos parlamentarios, y no estamos cuestionando su origen o su género, sino su capacidad para ponerse al frente del primer poder del Estado… Los procesos de evaluación a ella no solo son impulsados por nosotros, sino por sus propios compañeros”, expresa.Lloret dice que al poner a Llori en la Presidencia de la Asamblea, Lasso apostaba a dos cosas: tener a alguien que sea fácilmente manipulable y que el Ejecutivo se desgaste menos que el Legislativo. Pero finalmente “la soltó” al darse cuenta de que la mala imagen de la exautoridad lo estaba alcanzando. Pachakutik cree que sí hubo una “venganza”, pero más bien hacia este movimiento, y que la salida de Llori fue impulsada por UNES y el PSC “de común acuerdo con el Gobierno”, indica Salvador Quishpe, quien es coordinador de la bancada. “Mi lectura es que en los temas de fondo hay un acuerdo entre el correísmo y el régimen. Un ejemplo es la votación de la ley tributaria, en que los correístas se abstuvieron de votar por el archivo aparentemente por error, pero no, no fue un error, fue una decisión bien calculada”, dice.Quishpe dice que estos tres sectores políticos pensaron que PK y Llori serían “funcionales” para sus intereses, pero resulta que ”no fue así”.“La posición de PK ha sido clara en los temas legislativos que le interesaban al Gobierno y los correístas tampoco han logrado que apoyemos sus propuestas, entre ellas la creación de la Comisión de la Verdad”, dice el legislador, quien no obstante acepta que votaron juntos con estos últimos en las amnistías porque era un asunto que ambos grupos empujaban.En tanto que los socialcristianos buscaban, afirma, “tener la Contraloría” tomándose el Consejo de Participación a través del juicio político a sus autoridades, algo que Llori no apoyó. Dos analistas políticos que también fueron legisladores discrepan respecto de las motivaciones de UNES y PSC para promover la destitución de Guadalupe Llori. Para César Montúfar, la ruptura de la alianza inicial, que era la base sobre la cual Lasso gobernaría, sí generó repercusiones políticas. “Se podría decir que Lasso los traicionó... Y en gran parte la crisis institucional que vive el país se origina en esa ruptura y la designación ‘de emergencia’ de Llori como presidenta de la Asamblea”.Esto, opina, porque si el acuerdo se hubiese mantenido, se habría consensuado una agenda mínima y la Asamblea habría tenido algún rumbo o dirección. “En este primer año hubo dos puntos de la administración de Llori que fueron nefastos: que no se haya tramitado la ley que contenía la reforma tributaria y haya entrado por el ministerio de la ley, lo cual evidencia que el Legislativo se lavó las manos; y las amnistías que se aprobaron, lo que podría ser una acción desesperada de Llori para sostenerse beneficiando al correísmo”, reflexiona. En tanto que Henry Cucalón no cree que “haya sido algo preconcebido sino que las circunstancias políticas y la conducción errática de la Asamblea por parte de la señora Llori aceleraron el recambio de fuerzas con una mayoría que se aseguró su participación en el manejo de esta”, reflexiona.Tales circunstancias políticas son, entre otras, la composición política y personal de la Asamblea, a la que califica de mediocre, por culpa de los dirigentes de los partidos que no eligieron buenos candidatos, así como las “limitaciones” de Guadalupe Llori, que mostró falta de liderazgo y preparación para dirigirla, algo que “nadie se imaginó”. Incluso el Gobierno, que vio en su designación la manera de reforzar su mensaje del Ecuador del encuentro.“Todo esto facilitó el trabajo político de lo que algunos creen que fue una venganza, pero que lo que en realidad ocurrió es que estos sectores aprovecharon lo que pasaba: no convocaba o suspendía sesiones, enjuició penalmente al cuerpo colegiado que representa, cosas nunca antes vistas”, indica Cucalón. (I)

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