La Defensoría del Pueblo hizo varias observaciones a la metodología, estructuración, redacción y contenido del informe de la reconstrucción del denominado tercer producto sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela que fue elaborado por el perito argentino Roberto Meza y entregado públicamente el 11 de julio.
La entidad, así como Patricia Ochoa (viuda de Gabela), tenía 20 días para pronunciarse acerca del tercer producto, el cual contiene los nombres de los presuntos autores intelectuales del crimen y el posible móvil. En el informe se menciona como supuestos autores a los exgenerales de la FAE Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa, a quienes se les atribuyen razones de índole personal y económicas relacionadas, presuntamente, con la adquisición de helicópteros Dhruv por parte del Ministerio de Defensa.
El plazo venció este martes 8 de agosto, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que ordenó la reconstrucción del tercer producto, el cual fue inicialmente entregado por el perito Meza en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, pero que posteriormente habría quedado incompleto e incluso algunas partes extraviadas.
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Días antes, el 4 de agosto, la institución rectora de derechos humanos remitió sus observaciones a la Corte Constitucional, que cuestionan una aparente falta de sustento en la teoría y móvil del asesinato.
No se identifica un proceso metodológico y de planificación para la reconstrucción del documento. Tampoco hay concatenación con los productos uno y dos.
No hay un contexto para entender el proceso de reconstrucción, el cual requiere volver a construir el contenido “y no solo basarla desde la evocación, recuerdos de hechos que son de conocimiento del perito o de la revisión documental”.
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No se da a conocer la teoría del delito, tampoco existe sustento científico, especialmente cuando se expresa la motivación de los posibles autores intelectuales, las cuales son agrupadas en dos causas: “profesionales y económicas”; mientras que en las conclusiones señala causas “personales y económicas”, limitando el análisis a un concepto de “fuerza detractora de carácter emocional que le impulsa a un individuo a cometer un delito”.
Según las fuentes secundarias del informe, “el móvil del crimen está basado en declaraciones de prensa, no en una teoría del delito”. Además, se establecen preguntas que no tienen respuesta en el informe.
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No hay un marco teórico e hilo conductor que detalle, a partir de la teoría del delito, las hipótesis establecidas dentro del planteamiento del móvil del crimen. Dichas hipótesis tienen que ver con denuncias del general Gabela sobre presuntas irregularidades en la compra de helicópteros Dhruv y cuestionamientos públicos sobre la idoneidad técnica de las naves. En este apartado, la Defensoría señala que no se tiene “sustento o mayor análisis técnico” que estén relacionados a las “motivaciones personales-profesionales y económicas” y que, además, se expresen en un diagrama de relaciones.
Hay aseveraciones incompletas sobre los presuntos responsables o participantes de procesos. Deben detallarse los nombres de los miembros de la Junta Defensa Nacional de la época en la que ocurrieron los hechos.
Ante la pérdida los resultados del polígrafo realizados en 2013 a alias Cojo –quien aseguró que alias Francis le contó que fue contratado por un general de la FAE para matar a Gabela–, la Defensoría apunta que esta información pudo ser subsanada con entrevistas a quienes participaron en el levantamiento de los datos mediante polígrafo. Además, la Defensoría sostiene que es necesario corroborar la institución o persona jurídica que tiene la información de los resultados del polígrafo.
Se debe indicar los nombres y apellidos de qué personas del Ministerio del Interior retiraron la computadora de trabajo del perito Roberto Meza, en noviembre de 2013.
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Es necesario especificar e indicar, con fuentes de verificación, si se emplearon fondos públicos para la persecución sistemática que, según el informe, habrían sufrido el general Gabela y su familia.
En el informe se establece la afirmación de que “sale el general Gabela, llegan los DHRUV y los problemas”, la cual no se sustenta en la teoría del delito. Tampoco se detallan los supuestos problemas colaterales o relacionados que causaron el arribo de las naves. Se debe detallar qué personas que recibieron los helicópteros y qué rol tuvieron.
A decir de la Defensoría, “no se cumple” el objetivo de definir de forma objetiva y probada el móvil del crimen, ya que en las conclusiones del informe no se establece el móvil del delito, “para que se pueda señalar que existen suficientes indicios para ubicar al general Bohórquez y general Espinosa con motivaciones personales y económicas”. Por ello, la institución insiste en que se requiere una aclaración y ampliación del móvil.
“El informe debe detallar la relación que pudiera existir entre la teoría del delito y el móvil del crimen, conforme se establece en su segundo objetivo, y respaldarlo con todas las evidencias posibles, en el marco de la reconstrucción del tercer producto, lo cual no se enuncia o evidencia en el documento presentado por el perito Roberto Carlos Meza Niella”, concluyen observaciones.
La Defensoría del Pueblo puntualiza que su análisis no tiene la intención de “generar condiciones para deslindar de responsabilidades civiles y/o penales” dentro de la investigación judicial del asesinato del general Gabela. Y que tampoco pretende allanarse a una postura política partidista o de las partes en los procesos judiciales.
Para la viabilizar la reconstrucción del tercer producto, por mandato de la Corte Constitucional, el gobierno de Guillermo Lasso creó una Comisión de Coordinación, la cual está presidida por el abogado y catedrático Arturo Moscoso, quien confirmó a EL UNIVERSO que la Comisión recibió el lunes 7 de agosto las observaciones de la Defensoría y de Patricia Ochoa. Indicó, además, que este martes la Comisión entregó los dos documentos a Roberto Meza.
El perito argentino, de acuerdo con la sentencia, tiene 30 días hábiles para subsanar las dudas. Moscoso explicó que ese plazo finaliza el próximo 20 de septiembre. (I)
