Introducir en la legislación la existencia de “jurados ciudadanos” en el sistema de justicia es una de las preguntas que podrían plantearse al Ecuador mediante una consulta popular ofrecida en campaña por el elegido presidente de la República, Daniel Noboa Azín. La propuesta para incorporar jurados independientes, los cuales deberían ser escogidos aleatoriamente, iría encaminada a resolver en juicios sobre casos de corrupción y crimen organizado.
Según la definición jurídica, el sistema de jurados es la institución a través de la cual ciudadanos sin conocimientos en derecho y elegidos por sorteo son convocados para ser parte en la administración de justicia mediante la emisión, tras la celebración de un juicio oral, de un veredicto de inocencia o culpabilidad de la o las personas que han sido procesadas. La existencia de jurados no elimina la participación de jueces jurisdiccionales que dirigen el procesamiento.
Publicidad
El domingo último, Verónica Abad, al conocer que era la vicepresidenta electa de la República, les preguntaba a los simpatizantes de la alianza Acción Democrática Nacional que la acompañaron a recibir los resultados de segunda vuelta si estaban de acuerdo con introducir jurados independientes “para romper la corrupción y la impunidad de fiscales y jueces”. Con gritos le respondieron que sí y la vicepresidenta les indicó que eso será parte de la consulta popular que ha prometido y va a cumplir el presidente Noboa Azín.
El país cuenta desde finales de 2022 con una Unidad para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. Está ubicada en Quito, pero tiene un alcance nacional, y cuenta con jueces especializados para resolver 44 tipos penales: 37 que tienen que ver con el crimen oganizado y 7 con figuras delictivas relacionadas con actos de corrupción.
Publicidad
Lo indicado por el binomio Noboa-Abad viene a ser la propuesta más contemporánea del sistema de jurados en Ecuador. El país transitó por cerca de 80 años bajo el sistema de juicios por jurado, entre enero de 1848 y octubre de 1928, hasta el gobierno del presidente Isidro Ayora. Para ese momento, el esquema de jurados aparecía como un mecanismo de lucha contra la corrupción y herramienta para agilizar la impartición de justicia.
El catedrático y penalista Alfonso Zambrano Pasquel recuerda sobre el tema que en el continente americano existen experiencias sobre el sistema de jurados de cientos de años, como en Estados Unidos y Canadá, así como también otras que son relativamente jóvenes y se aplican en Argentina y Brasil. Todas han mantenido realidades distintas y han presentado puntos altos y bajos.
Por ejemplo, en Estados Unidos existiría por constitución un sistema de jurados de más de 200 años que coexiste con un sistema de justicia penal negociada, llamada procedimiento abreviado. Al existir esta realidad, de 100 casos existentes, sean penales o civiles, apenas entre un 5 % o 7 % de ellos van a un jurado conformado por sorteo con ciudadanos del común; el resto se resolvería mediante la justicia negociada, lo que le habría permitido a ese país mantener bajos porcentajes de presos sin condena.
Según Zambrano Pasquel, el sistema estadounidense de jurados no ha sido siempre exitoso, pues han existido casos en los que los procesados han logrado incidir en jurados, ya sea con temor, dinero o presión mediática. En este sistema, el jurado se retira a deliberar y la decisión debe ser unánime, pues bastaría que uno no esté de acuerdo con la decisión para que se deshaga el jurado y se convoque a un nuevo juicio.
Algo parecido se manejaría en el sistema de jurados aplicado en no todas las provincias de Argentina, pese a que por constitución se abre la puerta a que participen ciudadanos en la administración de justicia. Al menos diez años le habría tomado a Argentina implementar este sistema, debido a que se requiere educación ciudadana, ya que se escoge a los miembros de un jurado generalmente del padrón electoral.
“En el sistema de jurados son personas que no son abogados; son los llamados “jueces lego”, que no saben de derecho, pero deben ser educados en el ámbito de sus obligaciones y un conocimiento básico de cómo apreciar”, anota el catedrático.
Daniel Noboa definió agenda de seguridad y economía con los asambleístas de ADN
En Brasil también existirían jurados ciudadanos que intervienen en los juicios, pero en ese caso los cuestionamientos se dirigen a que a los miembros del jurado no se les permite deliberar, sino que, una vez termina el juicio, el juez técnico es quien dirige la causa y pregunta al jurado: “¿Su criterio es culpable o inocente”. El sistema brasileño sería cerrado para que no reciban influencias de ningún tipo los miembros del jurado.
De momento, en Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela o Bolivia no existe como tal la aplicación de jurados en los juicios, pero habrían existido en el tiempo iniciativas que apuntaban a la implementación de esta herramienta ante la necesidad de agilizar los procesos judiciales, mantener la imparcialidad y la presunción de inocencia del sospechoso.
En los sistemas en que se aplica la figura de jurados se consideraría un honor ser miembro de uno de estos, no solo por la responsabilidad que conlleva esta actividad, sino también porque, en algunos casos, la posibilidad de que alguien sea miembro de un jurado y lo vuelvan a convocar es muy remota, a tal punto que un ciudadano podría ser miembro de un jurado una vez en la vida.
Zambrano Pasquel asegura que no es que la propuesta de un sistema de jurados ciudadanos en Ecuador no sirva, sino que no le parece viable. “No es que me desagrada el sistema de jurados, pero no creo que el país esté preparado para dar un gran salto como para ir a una realidad así. Además, con un gobierno (de Daniel Noboa Azín) de tan corto tiempo (17 meses), la consulta será después de tres o cuatro meses y, hasta poder estructurar el sistema de jurados, no creo que el tiempo le alcance”.
Según el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, para implementar el sistema de jurados en Ecuador se debería tomar en cuenta lo que sucede en el sistema anglosajón, que tiene expedientes de hace más de cien años; pero, sobre todo, analizar lo ocurrido en Argentina, un país vecino en el que, dice, se ha intentado trabajar con jurados en algunas provincias y esa situación ha tenido inconvenientes.
“Se debe tomar en cuenta que estamos dejando en manos de personas que desconocen completamente el derecho y la normativa, y serían ellos quienes sean los encargados de tomar decisiones sobre la libertad de una persona. Mi consideración es que es bastante complicado que se llegue a concretar ese planteamiento, tomando en cuenta la cultura que tiene nuestro país. Creo que no es viable dicha idea que tiene el nuevo Gobierno”, anotó.
La posibilidad de que este planteamiento de “jurados ciudadanos independientes” sea parte de una consulta popular, que podría ser propuesta al Ecuador en los primeros cien días de gobierno de Noboa Azín, no solo está en manos de los proponentes y su análisis, sino también de que la Corte Constitucional, al revisar la pregunta, defina que está enmarcada en los principios de nuestra Constitución y acuerdos internacionales, y que no vulnera derecho alguno. (I)