La Presidencia de la República, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura tienen pendiente nominar a sus delegados para integrar una comisión interinstitucional que planifique políticas públicas para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado, en una medida dispuesta por la Corte Constitucional (CC). Por ahora hay siete nombres enviados al seno del organismo, en delegación de la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo.
En un dictamen que analizó la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 493 de estado de excepción del 2 de enero de 2025, los jueces de la Corte Constitucional ordenaron a cuatro de las cinco funciones del Estado integrar esta comisión interinstitucional para viabilizar el “proceso de tránsito hacia la utilización de los cauces jurídicos ordinarios” y evitar la desnaturalización de los estados de excepción para diseñar ejes de seguridad ciudadana.
La Corte observó al gobierno de Daniel Noboa Azín de haber mantenido al Ecuador viviendo “en un estado de excepción permanente durante prácticamente todo el 2024″, ya que se habían expedido diez decretos de estado de excepción para enfrentar la criminalidad.
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Por ello, la Corte consideró la pertinencia de conformar esta instancia en la que habrá 17 delegados de doce instituciones.
Estos son cinco personas de la Asamblea Nacional; un delegado de la Presidencia de la República y uno por cada ministerio del Interior, de Defensa, de Inclusión Económica y Social, de Economía y Finanzas, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
De la Función Judicial enviarán un delegado la Fiscalía General y otro el Consejo de la Judicatura (CJ); y hay dos de la Defensoría del Pueblo, como parte de la Función de Transparencia y Control Social.
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De los registros públicos, solo la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo han notificado de sus representantes.
La presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, nominó a José Luis Vallejo Ayala y, como coordinadora de bancada de la Revolución Ciudadana (RC), envió a su coideario Franklin Samaniego.
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La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) tendrá al legislador Ferdinan Álvarez (antes correísta); por Construye estará Kimberly Mora Tapia; y, por la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados, José Parra Parra.
La Defensoría del Pueblo designó a Christian Nieto, asesor del defensor encargado, César Córdova, y a Galo Rodríguez, quien sería coordinador de producción de gestión del conocimiento e investigación.
En su dictamen, expedido el 21 de febrero de 2025, no se contempla un plazo o término para integrar este cuerpo colegiado, pero se menciona que la primera sesión la convocará la Corte cuando tenga la información que solicitó a las cuatro funciones estatales, relacionada con el diagnóstico de la situación y las acciones tomadas por cada institución para enfrentar este fenómeno.
Cuando se instale esta reunión, que será en la sede de la CC, la primera tarea será hacer un cronograma de trabajo con actividades, en el que la prioridad será trabajar en la ley que operativice la reforma del artículo 158 de la Constitución, para que los miembros de las Fuerzas Armadas actúen en la seguridad interna, como se aprobó en el referéndum de abril del 2024.
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En la administración de Noboa hay rechazo a cumplir con esta orden y se acusa a la CC de tomarse atribuciones que no le corresponden, como la de “definir y dirigir políticas públicas en seguridad y defensa nacional” que son del Ejecutivo, increpa con insistencia el secretario jurídico de Carondelet, Stalin Andino, en varios oficios ingresados al organismo.
Así también, Andino amonestó a los jueces que el decreto de estado de excepción de enero ya feneció, por lo que no tienen competencia para “fiscalizar, evaluar o dar seguimiento a medidas adoptadas de forma posterior a la conclusión del mencionado régimen de excepcionalidad”.
Bajo esa postura, el secretario jurídico exige a la CC que module su dictamen y elimine de su jurisprudencia la orden de crear este órgano. Además, informó que no se enviará un delegado hasta que haya una fecha que lo determine.
“Al no haberse indicado expresamente en el referido dictamen cuándo se tiene que remitir el delegado para la conformación de esta comisión, pongo en su conocimiento la predisposición para señalar el delegado una vez que su autoridad lo determine”, dice un documento enviado por Andino.
En su dictamen de aclaración y ampliación del 27 de marzo, con ocho votos afirmativos de los magistrados, se indicó al Gobierno que “no se puede modificar la decisión, porque aquello atentaría contra el derecho a la seguridad jurídica y desconocería los efectos inmediatos y definitivos de las decisiones en materia constitucional”.
Se le explica al servidor que la Corte “no interviene ni crea o avala política pública de seguridad ni de lucha contra el crimen organizado” y “tampoco genera un órgano con competencias nuevas ni implica erogación de fondos para su funcionamiento, sino que se erige únicamente como un mecanismo de diálogo y coordinación para garantizar el cumplimiento del dictamen y con ello evitar que continúe la desnaturalización de la figura constitucional del estado de excepción”.
La CC reiteró al abogado Andino que la decisión es definitiva e inapelable y no se puede alterar; al contrario, debe ejecutarse de inmediato.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que en la fase de seguimiento —que está en curso— se expidan autos que permitan ejecutar la decisión y evaluar su impacto. (I)
