Veeduría ciudadana llama a analizar la participación de Fernando Yávar en la elección de tres jueces de la Corte Constitucional

Las acciones de la comisión calificadora alrededor del concurso público para elegir tres jueces de la Corte Constitucional (CC) preocupan a observadores ciudadanos, que incluso hicieron un llamado para que el comisionado Fernando Yávar, abogado personal del presidente de la República, Daniel Noboa, renuncie por una posible falta de independencia.El concurso público para designar a tres jueces constitucionales está en la fase de impugnación y escrutinio, en la que cualquier ciudadano u organización social puede alertar de la falta de probidad, ética, incumplimiento de requisitos o cualquier otra irregularidad en la que puedan recaer los nueve postulantes a ocupar las tres magistraturas de la más alta corte del país, cuyas resoluciones son de última y definitiva instancia.Esta etapa estará abierta hasta el 11 de diciembre , según lo determinó esta comisión calificadora, que la componen seis personas delegadas de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social; esta última que agrupa a nueve instituciones estatales, como la Contraloría General y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .En medio de este proceso, una veeduría ciudadana, de ocho personas, alerta de una probable falta de independencia en las actuaciones de la comisión por la participación de un comisionado que está trabajando directamente con el primer mandatario, Daniel Noboa Azín.Esta misma veeduría fue desestimada por la comisión calificadora, que en una plenaria decidió —con cinco votos— que es improcedente su participación como observadores porque no fueron acreditados por los comisionados.Su resolución se dio pese a que fue el CPCCS el que integró esa veeduría con base en sus competencias constitucionales y legales.El 17 de noviembre de 2024, la comisión calificadora declaró que es improcedente la inscripción del listado de postulantes a veedores para observar el concurso público para la segunda renovación parcial de la Corte Constitucional.Según el documento de la comisión, los veedores que inscribió el Consejo de Participación Ciudadana “no presentaron en legal y debida forma la solicitud de inscripción” dirigida a ellos.Se argumenta que el reglamento que elaboró la comisión para su propio funcionamiento es el pertinente y de aplicación directa. Pero si bien su normativa les permite conformar la veeduría, el Consejo de Participación Ciudadana también puede hacerlo.La expresidenta de la comisión calificadora Vanessa Aguirre explicó que en la formalidad este cuerpo colegiado puede integrar su veeduría, pero eso no impide que el Consejo de Participación forme una.“La ciudadanía parece que no manifestó su interés al mecanismo, poco publicitado por la comisión calificadora, para que se observe el concurso. Sin embargo, ¿cuál es el problema de dejarse ver por otra veeduría? A cualquier persona le puede generar una sospecha de qué es lo que quieren ocultar. Una veeduría no controla, solo observa los procesos”, anotó Aguirre.En tanto que la veeduría acreditada por la comisión calificadora tiene a un solo veedor, Santiago Machuca Lozano , que ha sido parte de un grupo activista denominado Acción Jurídica Popular, del que también es miembro la concursante a jueza constitucional Angélica Porras Velasco .Esto ocurre pese a que el Reglamento General de Veedurías emitido por el CPCCS y que usó la comisión calificadora para convocar a inscribirse impide que existan veedurías de una sola persona. Debe haber, por lo menos, tres personas.Adicionalmente, para la comisión, no es impedimento legal que Machuca haga veeduría al proceso en el que participa su colega de Acción Jurídica Popular, Angélica Porras.No obstante, esto vulneraría el principio de imparcialidad de este mecanismo.“No hay que ser abogado para darse cuenta de eso. Si el señor Machuca es socio de la candidata a jueza y sacan en las redes sociales sus proyectos, luchas…, claro que tiene conflicto de interés. El principio de una veeduría es que no haya conflicto de interés con el objeto al que va a observar. Es una burla al principio de imparcialidad de una veeduría”, enfatizó Aguirre.La veeduría aprobada por el Consejo de Participación Ciudadana se formó con ocho personas, y su coordinador, Fernando Bastias, contó que pidieron a la Función de Transparencia que exhorte a Fernando Yávar Umpiérrez , delegado del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, a que renuncie por un posible conflicto de intereses.Bastias explicó que el comisionado Yávar no cumple el principio de independencia, ya que es abogado personal del primer mandatario y, como tal, pondría en riesgo información reservada que se maneja en el concurso de designación de estos tres jueces.“La información que manejan los comisionados es delicada y hay etapas, como la construcción de las preguntas en la fase de prueba oral y escrita, que deben manejarse con reserva. Hay una serie de escenarios que preocupan”, expresó Bastias en un diálogo con el portal digital Sambonews. El veedor detalló que la comisión no se ha mostrado abierta a entregar información.Ejemplificó que se desconoce cuáles fueron los documentos con los que se subsanaron los incumplimientos en la documentación personal de cinco de nueve postulantes.Así también, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) solicitó al CPCCS que facilite la entrega de los expedientes de los miembros de la comisión calificadora y de la veeduría ciudadana. (I)

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