Consejo de Participación Ciudadana se divide ante el intento de revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional

El pleno de siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se fracciona ante la posibilidad de una evaluación de la Corte Constitucional (CC), que activó el procedimiento de seguimiento al cumplimiento de una sentencia interpretativa vigente desde el 2019.Evaluar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T ), constituido por mandato de la consulta popular del 2018, abrió un conflicto en el actual pleno del CPCCS, que lleva en funciones poco más de cien días.No es la primera vez que estos intentos ponen en alarma a un bloque de mayoría de este cuerpo colegiado.En julio del 2019, cuatro de siete exvocales aprobaron una resolución para conformar una comisión de juristas que revisen la designación de los jueces de la actual Corte Constitucional, que realizó el CPCCS de Transición.Ello dio paso a un juicio político en la Asamblea Nacional que terminó con la censura y destitución de José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, los dos últimos recientes exasambleístas afines al movimiento del correísmo Revolución Ciudadana.En la víspera, la convocatoria a conformar una veeduría ciudadana que revise las actuaciones del Transitorio preocupa a los siete vocales, pues en medio de la ausencia de la Asamblea Nacional, disuelta desde mayo pasado, la propia Corte Constitucional resolvió dar seguimiento a su sentencia interpretativa que blindó las acciones del CPCCS que presidió Julio César Trujillo (+). Esto surge luego que una ciudadana, Betty Moreira Marcillo, presentó una acción de protección que fue aceptada por el juez Leiver Quimís, de la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí) y ordenó al Consejo que de inmediato conforme una veeduría para que «diagnostique y evalúe las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional» , hecha por el transitorio.Dispuso que el Consejo acompañe, supervise y asigne recursos económicos para garantizar la logística de los veedores; y, en caso de la ausencia de dinero, se pida al Ministerio de Finanzas.Además, el juez advirtió a cualquier autoridad o persona de otra institución de abstenerse de realizar cualquier tipo de acto o represalia que impida funcionar a la veeduría.Como consecuencia, la Corte decidió dar seguimiento al cumplimiento del dictamen interpretativo del 7 de mayo de 2019 sobre el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana, que se aprobó en el referéndum del 4 de febrero de 2018.Según ese régimen, el pueblo ecuatoriano dotó de competencias ordinarias y extraordinarias al CPCCS-T, como la evaluación de autoridades y cese anticipado de sus funciones; y, la selección y/o designación de sus reemplazos.Ese documento determinó que el CPCCS definitivo «no goza de autotutela» para revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio.Sin embargo, amparado en el fallo del juez de primera instancia, Leiver Quimís, el presidente del CPCCS, Alembert Vera, invitó a la ciudadanía a formar parte de la veeduría.«Se va a dar paso de forma inmediata (al fallo de Quimís) e invitamos a toda la ciudadanía, a los profesionales que en su momento tuvieron que callar por miedo o por presión que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el trujillato», anticipó Vera, en una declaración del 30 de agosto de 2023. Justificó que la «autotutela no atañe a la ciudadanía» porque «el pueblo es el gran fiscalizador», por lo que «no es posible que después de tantos años de la destrucción institucional que significó el trujillato, se pretenda limitar» la participación ciudadana, añadió.Luego de esa declaración, el 1 de septiembre, en el portal web del CPCCS se publicó un documento con la convocatoria a integrar dicha veeduría.Cinco días después, una vez que la Corte anunció la fase de seguimiento del dictamen, Vera aseguró que no hubo ninguna disposición de su presidencia, ni del pleno ni de los consejeros para crearla.Este 6 de septiembre, en su ‘informe semanal’, Vera indicó que las veedurías por iniciativa ciudadana requieren de un procedimiento administrativo que lleva a cabo la Subcoordinación de Control Social. Así que no la convocó el pleno y que «su conformación bajo ningún concepto se trata de una decisión política y/o jurídica».La convocatoria a la ciudadanía a inscribirse se abrió el 4 de septiembre y cerraría el 11 de septiembre y, según Vera, el proceso «no puede detenerse».Al contrario, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que dirima cómo actuar frente al fallo de Quimís, pues teme que puedan ser destituidos y procesados por incumplimiento de decisión de autoridad legítima.Reconoció que no hay mecanismo para que el Consejo remueva o destituya a los jueces de la Corte y que es falso que se quieran «comer a la Corte».«En el argot popular ha salido que nos queremos comer a la Corte Constitucional, que queremos tumbarla. Esto es falso. Porque la persona que lo diga carece de conocimiento o es bastante ignorante del sistema judicial o está intentando generar de mala fe una disputa en donde no existe», expresó este miércoles.No obstante, su postura del 30 de agosto dividió las posiciones en una plenaria que se llevó a cabo este miércoles.Mishelle Calvache, Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz se apartaron de la integración de esa veeduría y cuatro de ellos se alinearon a la postura de Vera.Desde el bloque de mayoría, Augusto Verduga consideró que se encuentran frente a una «antinomia jurídica» y la Corte debe definir cuál de las sentencias deben cumplir, pues pueden ser sancionados con la destitución o incurrir en un delito.Para Yadira Saltos este suceso fue «aprovechado» para desprestigiar al Consejo de Participación Ciudadana y culpó a la prensa de desinformar. Propuso elevar una consulta a la CC y expresó su respaldo a la presidencia de Vera.Johanna Verdezoto leyó su alocución en la que mencionó que «jamás tomará decisiones que afecten a la institucionalidad y a sus mandantes».Añadió que la conformación de esta veeduría «jamás estuvo en el orden del día (para tratamiento del pleno) y menos en su agenda».En el bloque de minoría se ubican Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, aunque se sumó Nicole Bonifaz, quien llegó a la vicepresidencia del Consejo con el respaldo de la mayoría de Vera.Los tres vocales no asistieron y participaron de forma virtual. En ella, Bonifaz reprochó las «actuaciones unilaterales» porque desestabilizan la institución y pidió coherencia y transparencia para actuar.Defendió su derecho a informar su postura, porque el CPCCS se ha pronunciado sobre este suceso «sin el consenso de todos» frente a «una sentencia que está incumpliendo un dictamen previo que atañe a todos», subrayó.Calvache consideró que se debió discutir sobre esta sentencia para tomar decisiones en conjunto.«Lo mínimo que debimos hacer es llevar a pleno o a una reunión para ver cómo se iba a tratar. Pero como no nos consultaron, sino que el Consejo se lleva como ministerio, sí me preocupa», dijo la consejera, quien intercambió reclamos con Verduga.En tanto, Fantoni manifestó: «Hubiese sido lindo que lo manden a pleno (la discusión), para ver si tienen ese criterio de que ‘está todo bien’. Entonces no reculemos, que siga la veeduría, según sus criterios jurídicos, sigan con sus posturas, rompan las reglas. La ‘Corte está equivocada’, según sus criterios; el juez de primera instancia pesa más que la Corte».En respuesta, Alembert Vera desestimó que haya una división interna y que es «normal» que haya disensos, pues es un órgano colegiado. «Lo que no se puede es pretender perjudicar la actividad de la institución porque todos tenemos que trabajar a favor de la ciudadanía».Por lo pronto, el fallo del juez de primer nivel subió para conocimiento de un tribunal de la Corte Provincial de Manabí, luego de la apelación que planteó la Procuraduría General del Estado. (I)

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