El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidirá sobre la continuidad de los concursos públicos para renovar a dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que integran la denominada Función Electoral.
Para este miércoles está convocada una sesión, a las 10:00, en la que los siete consejeros conocerán el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que concluyó que los concursos públicos para elegir a los miembros de la Función Electoral pueden avanzar sin que ello sea considerado una intromisión en sus funciones, mientras organizan comicios.
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El CPCCS consultó a la Procuraduría si podía llevar adelante el concurso público para la renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral y de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, ya que los organismos se encuentran en periodo electoral preparando la consulta popular y referéndum del 21 de abril; y, las elecciones generales del 2025.
En esa línea, el Código de la Democracia establece en su artículo 16 que «ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos ni en el funcionamiento de los órganos electorales». Hacerlo constituye una infracción electoral grave.
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La Procuraduría señaló en su absolución de consulta que los concursos a cargo de comisiones ciudadanas de selección pueden avanzar sin que el decurso de procesos electorales constituya una excepción que impida el desarrollo o configure intervención o interferencia en las competencias de las instituciones.
Actualmente está formada una comisión ciudadana para la renovación parcial de dos vocales del CNE, que no ha avanzado en sus actividades desde octubre de 2023, por acciones de protección y sospechas de irregularidades en la calificación de los méritos de algunos de los 165 concursantes.
Adicionalmente, el Consejo de Participación Ciudadana debe conformar otra comisión ciudadana para la renovación de tres vocales, ya que en noviembre del 2024 se cumple el periodo de seis años para el que fueron designados Esthela Acero, Elena Nájera, Diana Atamaint, José Cabrera y Enrique Pita y sus suplentes.
Aunque los concursos públicos continúen con la elección de las nuevas autoridades, se desconoce si se producirá el cambio en medio de la organización de la contienda electoral del 2025 para la elección de binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos.
En todo caso, la comisión ciudadana que está en funciones sesionó el viernes anterior y eligió a John Silva como presidente y María Soledad Saltos como vicepresidenta.
Enviaron escritos al pleno del CPCCS para que se designe a los comisionados delegados de las funciones Legislativa y Judicial y un tercero en representación de la ciudadanía que faltan, pues renunciaron el año anterior.
La vicepresidenta de este cuerpo colegiado, María Soledad Saltos, dijo que estarán pendientes de lo que resuelva el CPCCS y, en el caso de que se retome el procedimiento de selección de los consejeros electorales se lo haría desde la etapa de oposición.
Hasta octubre del año pasado se conocía de 165 postulantes que llegaron hasta la calificación de méritos sobre 50 puntos; y, procedía avanzar con la convocatoria al examen escrito y práctico valorado sobre 50 puntos, que suman 100.
El examen escrito vale 30 puntos y el práctico hasta 20 puntos.
Saltos aclaró que la comisión se encarga de organizar el concurso y entrega el informe al CPCCS con las calificaciones obtenidas por los aspirantes, para que se designe a las autoridades y luego será la Asamblea Nacional la que los posesione.
Por lo que no les corresponde decidir si quienes resulten electos iniciarán sus funciones de inmediato o en mayo del 2025 con la proclamación de los resultados oficiales de los comicios presidenciales del 9 de febrero del próximo año. (I)