Por tercera vez en los últimos dos años el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se enfrenta a las sanciones que puede imponer la Corte Constitucional a sus autoridades por incumplir sus sentencias y por una causal reiterativa: las pugnas alrededor de la designación de autoridades de control del Estado.
A la medianoche de este 27 de enero de 2025 venció un término de 24 horas que otorgó la Corte Constitucional (CC) para que el CPCCS envíe toda la información relacionada con el cumplimiento de una sentencia de acción extraordinaria de protección que resolvió las incidencias políticas y jurídicas alrededor de la designación del titular de la Superintendencia de Bancos, que viene arrastrándose desde el 2022.
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De los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, al menos cuatro corren el riesgo de ser sancionados: Augusto Verduga, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Eduardo Franco, por interpretar un párrafo del fallo de la Corte, con el que “ratificaron” a Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos en lugar de Roberto Romero von Buchwald.
En el caso de que la Corte aborde como conclusión que hubo incumplimientos a su sentencia puede adoptar sanciones, entre ellas, la destitución de las autoridades, según el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que se establece que, ante el incumplimiento de una sentencia o acuerdo reparatorio, un juez puede ordenar el inicio del procedimiento para su eventual destitución.
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Los cuatro consejeros fueron electos en los comicios seccionales y del CPCCS de febrero de 2023 y, de ser destituidos por disposición de la Corte, subirán los candidatos suplentes posesionados y aquellos que hayan obtenido mayor votación.
El artículo 33 de la Ley que rige al CPCCS determina que su pleno se integra por tres hombres, tres mujeres y un representante de los pueblos y nacionalidades que haya obtenido la mayor votación.
Los suplentes serán de igual forma aquellos candidatos que hayan obtenido la mayor votación en los comicios en las listas de hombres y mujeres.
En el caso de Yadira Saltos, la suplente que asciende es Vielka Párraga Macías. Empero, las dos se enfrentan a una denuncia por infracción electoral que está en análisis del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para una resolución en definitiva instancia, ya que en un primer momento fueron destituidos y sancionados con multa y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
En caso de que el TCE ratifique la destitución de Vielka Párraga, subirá Piedad Cuarán y se sumará la candidata Mónika Mosquera.
Pero si Párraga no es destituida, en lugar de Nicole Bonifaz ascendería Piedad Cuarán, quien actualmente es funcionaria del organismo.
Respecto del consejero Augusto Verduga se principalizaría Gonzalo Albán Molestina, consejero suplente; y, sobre Eduardo Franco Loor, el candidato más votado que le sigue es David Rosero Minda, exconsejero de Participación en dos periodos.
Sin embargo, David Rosero fue destituido de su función el 23 de enero de 2023 junto con otros seis exconsejeros, por incumplir un fallo de la Corte Constitucional sobre la designación del presidente y vocal del Consejo de la Judicatura (CJ).
La destitución acarrea la imposibilidad para ocupar un cargo público por dos años y justamente, este 23 de enero de 2025 se cumplió ese plazo, pero hasta el momento el Ministerio del Trabajo no levanta el impedimento para que Rosero ejerza un cargo público.
El artículo 15 de la Losep establece que el servidor destituido “no podrá reingresar al sector público en un periodo de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido”.
En su caso, Rosero está insistiendo al CPCCS, al Ministerio del Trabajo y a la Corte Constitucional que se revise su situación.
Si Rosero no asciende como consecuencia de la inhabilitación del Ministerio del Trabajo, el candidato más votado fue el activista político Óscar Ayerve.
Simultáneamente a este examen de la CC, el Tribunal Contencioso Electoral tiene pendiente resolver si ratifica un fallo de primera instancia del juez Fernando Muñoz, en el que se destituyó a los consejeros Saltos, Verduga, Párraga y Franco, por incurrir en una infracción electoral al no cumplir con las disposiciones de las autoridades electorales.
En su caso, porque sus candidaturas fueron promocionadas por el líder del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC), Rafael Correa, quien los bautizó como la ‘liga azul’ pese a que es una prohibición contemplada en la Constitución y el Código de la Democracia.
En ese contexto, en los últimos dos años, la Corte destituyó en enero de 2023 a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, Javier Dávalos, David Rosero y Sofía Almeida, por no designar a un presidente del Consejo de la Judicatura.
Con la nueva conformación del Consejo se destituyó a Alembert Vera Rivera, en octubre de 2023, quien era presidente del organismo e impulsó una veeduría ciudadana y acciones políticas para “revisar” la designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional y de la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar Méndez, que se hicieron por concursos públicos que realizó el extinto CPCCS de transición.
Vera impulsó estas acciones pese a un fallo de la CC que blindó los procesos de selección que hizo el Consejo transitorio que lideró Julio César Trujillo.
El origen de la sentencia de acción extraordinaria de protección de la CC
Fue Raúl González Carrión quien interpuso este recurso ante la CC, luego de ser electo el 20 de julio de 2022 como superintendente de Bancos, de una terna enviada por el expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza, quien luego no reconoció su designación.
En esa línea, una mujer interpuso una acción de protección y en primera y segunda instancia se anuló la selección de González y se ordenó la elección de una nueva autoridad.
Guillermo Lasso postuló a Roberto Romero von Buchwald, electo el 3 de diciembre de 2022, pero la Asamblea Nacional no lo posesionó y meses después, él desistió de la designación.
Con el gobierno de Daniel Noboa Azín se envió una nueva terna con Romero a la cabeza y fue designado el 4 de diciembre de 2024. Pero la Asamblea no lo llamó a posesionarse.
Hasta que el 22 de enero pasado, los cuatro vocales, considerados afines al movimiento correísta de la Revolución Ciudadana, resolvieron reconocer a González como superintendente hasta el 11 de agosto de 2027.
Y a Romero lo dejaron designado para el periodo 2027-2032, acogiéndose a un párrafo de la sentencia de la CC que establece que su decisión “no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”.
Para las cuatro autoridades, esto implicó que la situación consolidada era la de Raúl González, porque fue incluso posesionado por la Asamblea el 11 de agosto de 2022.
Sobre estos hechos, la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento del cumplimiento de sentencia y, de hallar irregularidades o incumplimiento, una de las sanciones es la destitución de los cargos de las autoridades. (I)