Un agitado 2024 tendrá el Consejo de Participación Ciudadana, que debe preparar elección de autoridades de catorce organismos del Estado

Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) le espera un ajetreado 2024. Debe preparar la elección de autoridades de catorce instituciones de control.

El extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que lo presidió Julio César Trujillo, tuvo la atribución extraordinaria de evaluar y destituir autoridades, lo que llevó a la renovación de titulares de las funciones Electoral, Judicial y de Transparencia, que entre el 2024 y 2025 culminarán sus funciones y procede la elección de sus reemplazos.

También por crisis internas, como es el caso del Consejo de la Judicatura, que de cinco consejeros solo uno es titular y los demás suplentes, porque cuatro de ellos están procesados por presuntos hechos de corrupción.

En otros casos, son procesos de selección que están “en cola” desde el 2018 o que devienen de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.

Concursos ‘en cola’

Autoridades que culminan funciones en el 2025

Hay dos mecanismos para la elección de autoridades: por comisiones ciudadanas de selección y por ternas de candidatos enviadas por las funciones del Estado o del presidente de la República.

De las catorce instituciones pendientes, diez requieren de comisiones ciudadanas, que están integradas por cinco representantes de la ciudadanía y cinco de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

Los cinco de la ciudadanía se eligen por concurso de méritos e impugnación. En tanto, las funciones del Estado enviarán a sus delegados y en conjunto enfrentarán la etapa de impugnación, antes de su designación y posesión.

Ese proceso suele tomar alrededor de tres o cuatro meses.

Una vez conformada la comisión ciudadana, esta organiza el concurso público de oposición, méritos e impugnación para la elección de una autoridad, que puede tomar entre cinco y seis meses, y que depende también de los reclamos de postulantes que usan las acciones de protección.

Ejemplo de ello fue la elección del titular de la Contraloría General del Estado, que se alargó por un año: arrancó en noviembre del 2022 y terminó en noviembre del 2023 por las acciones de protección interpuestas por terceros interesados o los mismos postulantes.

Para estos procedimientos, el CPCCS requiere de presupuesto, que se estaría gestionando. En el 2023 se le asignaron $ 8′177.846, de los que $ 6′744.229 fueron para gasto corriente, como pagos de salarios y servicios básicos.

Procedimientos en marcha, pero sin avances

Este 2024 será un año electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) organizará las elecciones generales del 2025 y, a su vez, el CPCCS debe renovar a sus cinco vocales que terminarán sus funciones en noviembre del 2024.

No obstante, debido a que el CPCCS no cumple con la primera renovación de dos de sus miembros desde hace dos años, Diana Atamaint, Esthela Acero, Elena Nájera, José Cabrera y Enrique Pita se mantienen en sus funciones.

Estas autoridades se eligen para una gestión de seis años y deben renovarse: dos en los primeros tres años y tres en la segunda ocasión.

En noviembre del 2021 se cumplió el primer tercio, y el CPCCS no concluye con la renovación, pese a que el concurso está en marcha.

Entre marzo y abril del 2023 se abrió la convocatoria y fueron admitidos 165 candidatos.

Avanzó hasta la calificación de méritos; pero, por efectos de una acción de protección, se retrotrajo a la convocatoria y debe reformarse el reglamento.

Hasta el momento no han reformado el reglamento ni han hecho la convocatoria, a lo que se suma que dejaron abierta una evaluación a los diez miembros de la comisión ciudadana por la sospecha de anomalías en la calificación de méritos y falta de transparencia.

La presidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, dijo que consultará a la Procuraduría General del Estado si procede avanzar con el concurso, para no “interrumpir” las actividades del CNE, que está en periodo electoral por la elección de vocales de juntas parroquiales y se alista a organizar la consulta popular que propondría el presidente de la República, Daniel Noboa, y un referéndum de enmienda constitucional.

La consejera Michelle Calvache cree que se debe avanzar con el cambio de dos vocales y no podría unificarse en un solo concurso para elegir a los tres restantes, ya que la Constitución establece dos renovaciones por tercios.

Por lo que en agosto del 2024 empezaría la elección de los tres restantes, estimó.

Una situación similar ocurre en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El CPCCS de Transición designó solo a tres jueces principales y los cinco suplentes, ya que dos exmagistrados no fueron destituidos de sus cargos: Arturo Cabrera y Patricia Guaicha.

Cabrera y Guaicha se retiraron de sus funciones en noviembre del 2022, ya que completaron los seis años en el cargo.

Se inició con la formación de la comisión ciudadana y en diciembre del 2022 se amplió la convocatoria a postularse, porque apenas hubo 17 interesados.

Los actuales jueces del TCE, Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri, Fernando Muñoz, Guillermo Ortega, Ivonne Coloma, Patricio Maldonado, Richard González y Roosvelt Cedeño, concluyen su periodo en abril del 2025.

También se ha alargado la elección de los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), que se convocó a integrar la comisión ciudadana, y hubo 53 inscritos y está detenido.

Para la comisión ciudadana que elegirá a los 25 representantes de la sociedad civil ante los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI) hubo también 53 inscritos

Sobre estos dos casos, se amplió la convocatoria en diciembre del 2022 sin nuevos avances.

Alistarse para los cambios en el 2025

El CPCCS debe preparar la organización de la elección de la autoridad de la Fiscalía General que reemplazará a Diana Salazar, quien termina su gestión en abril del 2025.

La consejera Mishelle Calvache explicó que se deben adelantar procesos, como la elaboración del reglamento para designar a esta autoridad, tomando en cuenta que las normas vigentes fueron expedidas por el CPCCS de Transición.

Otros concursos deben hacerse para elegir a la autoridad de la Defensoría del Pueblo, que actualmente está bajo el encargo de César Córdova, luego que Freddy Carrión fue procesado por un delito sexual y censurado por la Asamblea Nacional en un juicio político.

Carrión fue designado el 10 de abril del 2019 y en abril del 2025 termina ese periodo.

El CPCCS abrió una convocatoria para integrar la comisión ciudadana que desarrolle la designación de un nuevo defensor y hubo solo 31 interesados. También está detenido.

En la Defensoría Pública, Ángel Torres Machuca lleva en funciones encargadas desde el 31 de agosto del 2018, y el concurso para elegir al titular está estancado desde abril del 2023.

El CPCCS está esperando que la Corte Constitucional (CC) dirima sobre una antinomia jurídica.

Autoridades prorrogadas

Entre las autoridades que están en funciones prorrogadas constan dos miembros del directorio del Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) y dos superintendentes.

En abril del 2023 concluyó la etapa de los vocales de los jubilados, Marco Naranjo, y de los afiliados activos, Wilmer Cóndor, que fueron designados en el 2019.

Su elección requiere de una comisión ciudadana, para lo que el CPCCS debe aprobar un nuevo reglamento.

En tanto, Margarita Hernández, autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, terminó sus funciones en agosto del 2023 y el CPCCS debe solicitar la terna al presidente de la República, Daniel Noboa.

Al igual que Danilo Sylva, superintendente de Competencia Económica, cuyo periodo terminó en octubre del 2023.

A pocas semanas de terminar su mandato, el expresidente de la República Guillermo Lasso envió una terna en la que proponía la reelección de Sylva, pero no se ha puesto en conocimiento del pleno.

Consejo de la Judicatura: un caso especial

En un procedimiento por ternas, el Consejo de Participación deberá renovar el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), que enfrenta una crisis interna por el procesamiento penal de cuatro de sus vocales.

En enero del 2025 terminará el periodo de seis años para el que fueron electos. María del Carmen Maldonado, postulada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fue, por tanto, la presidenta, pero renunció a inicios del 2022.

La Corte Nacional de Justicia envió una terna —tras un convulsionado proceso de designación en el CPCCS que terminó con la destitución de siete exconsejeros— de la que se eligió a Wilman Terán, quien renunció el 20 de diciembre al ser procesado en el caso Metástasis, relacionado con presuntos hechos de corrupción vinculados al narcotráfico.

En la presidencia del Consejo de la Judicatura está su suplente, Álvaro Román.

De la Función Ejecutiva se eligió a Patricia Esquetinni y Jorge Moreno, como principal suplente, en su orden, y los dos renunciaron.

El expresidente Lenín Moreno envió una nueva terna, y en abril del 2021 se designó a Xavier Muñoz, que fue detenido este 28 de diciembre en el llamado caso Independencia Judicial.

Su suplente es Solanda Goyes.

De la Fiscalía se eligió a Maribel Barreno y Yolanda Yupangui. Pero Barreno está inhabilitada a ejercer público, llamada a juicio en el caso Vocales y también en el de Independencia Judicial. Su vocal suplente, Yolanda Yupangui, la reemplaza.

De la Asamblea Nacional se eligió a Fausto Murillo, quien se mantiene en funciones.

Por la Defensoría Pública, el vocal era Juan José Morillo, que también está inhabilitado para ejercer por ser llamado a juicio en el caso Vocales.

Su suplente era Jaime de Veintemilla, que renunció en enero del 2023.

La Defensoría envió una terna para elegir al suplente que la integran Merck Benavides Benalcázar, Nuria Butiñá Martínez y Gina Chávez Vallejo.

Para la selección se convocó a la ciudadanía para integrar la veeduría ciudadana que vigile la transparencia del proceso. (I)