El Consejo de la Judicatura (CJ) se quedará con tres, de sus cinco miembros, debido a la renuncia de Merck Benavides que la conocerá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en su pleno este miércoles.
Para este 26 de marzo en una sesión que podría instalarse entre las 10:00 y el mediodía, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conocerán la renuncia de Merck Benavides Benalcázar a su vocalía en el Consejo de la Judicatura, que asumió en febrero del 2024.
Benavides, cuya nominación la hizo la Defensoría Pública, reemplazó a Juan José Morillo, exconsejero inhabilitado para ejercer funciones públicas, al ser procesado por tráfico de influencias.
Con su salida, el organismo se quedará con tres vocales para la toma de decisiones, de los cinco que lo componen, pues el CPCCS no eligió un suplente.
El CJ se integra por consejeros nominados de cinco organismos del Estado y que se eligen en un procedimiento simple a cargo del Consejo, como es de verificación de cumplimiento de requisitos e impugnación ciudadana.
Los consejeros en funciones son: Mario Godoy, en representación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ); Yolanda Yupangui, de la Fiscalía General y que se principalizó en lugar de Maribel Barreno, también procesada por tráfico de influencias.
Y, Solanda Goyes, de la Presidencia de la República, que asumió en lugar de Xavier Muñoz, sentenciado por obstrucción a la justicia.
La Asamblea Nacional no tiene ningún delegado después de la destitución de Fausto Murillo por juicio político, porque el Consejo tampoco ha hecho el proceso.
De ellos, solo Godoy tiene como reemplazo al jurista Álvaro Román Márquez. De ahí, el CPCCS no ha seleccionado ningún suplente.
Pero tampoco avanza con la renovación total de las cinco vocalías de la Judicatura, pese a que el 23 de enero pasado se acabó el periodo de seis años para el que fueron designados varios exconsejeros en el 2019 por el Consejo de Participación de transición.
Los tres consejeros que quedan están en funciones prorrogadas y la selección se detuvo en enero, simultáneamente al panorama de los comicios de segunda vuelta del 13 de abril que definirá quién ocupará la Presidencia de la República por los próximos cuatro años.
En diciembre del 2024, el CPCCS solicitó las ternas de candidatos a las cinco instituciones correspondientes, para arrancar con el proceso y desde entonces, se pasmó.
De las cinco fuentes nominadoras, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Asamblea Nacional y Presidencia de la República, solo el mandatario Daniel Noboa no ha enviado su lista.
El CPCCS le sugirió comedidamente que envíe su terna y casi tres meses después no la ha enviado.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y tiene cinco atribuciones constitucionales, entre ellas, ejecutar políticas para modernizar el sistema judicial.
Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción.
Justamente tiene pendiente organizar los concursos públicos para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y vacantes en provincias; y también de los nuevos jueces constitucionales especializados.
En la mañana de este 25 de marzo de 2025, el pleno del CJ se reunió para tratar expedientes disciplinarios a varios funcionarios judiciales.
Uno de ellos fue en contra de la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, procesada por delincuencia organizada en el caso Purga, capturada en España en julio del 2024 y estaba a la espera de su extradición a Ecuador.
Este martes, los aún cuatro consejeros conocieron un expediente en el que Villarreal fue destituida del cargo de directora del Guayas y se la inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, la mujer dejó esta función en el 2024 cuando se reveló la investigación fiscal en el caso Purga. (I)
