Cerca de 230 procesos administrativos que fueron archivados aparentemente de forma irregular en la dirección del Consejo de la Judicatura (CJ) en la provincia del Guayas están en la mira del pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
Según la Judicatura, desde enero de 2025, las áreas técnicas del CJ realizaron un trabajo directo en las direcciones provinciales del organismo con el objetivo de revisar la actuación de las autoridades en torno a los procesos disciplinarios. Durante ese trabajo, en lo que respecta a la provincia del Guayas, de 480 expedientes revisados se habrían identificado novedades en al menos 230 procesos archivados “sin cumplir” los procedimientos administrativo-disciplinarios.
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Entre las falencias identificadas habrían estado irregularidades en el debido proceso, como falta de notificaciones oportunas, plazos procesales incumplidos o no registrados correctamente, ausencia de documentación esencial en varias etapas del procesamiento, falta de diligencias mínimas de la fase probatoria y archivo del expediente sin la abrir la etapa de prueba.
También, falta de motivación en las resoluciones, es decir, resoluciones sin una argumentación clara basada en la normativa aplicable, falta de análisis detallado de las pruebas aportadas, uso de criterios subjetivos sin respaldo legal y decisiones de archivo sin motivación suficiente.
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El Consejo de la Judicatura informó que de momento se preparan los informes técnicos que serán puestos en conocimiento del pleno del organismo, esto con el fin de que se adopten las decisiones que en cada caso se merezcan. En el marco de sus competencias, el pleno del CJ removió de su cargo al director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario, Diego Pérez, y en su lugar fue nombrado Carlos Raúl Fernández Barcia.
El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, durante la sesión extraordinaria desarrollada el 28 de febrero pasado, reiteró que una de las prioridades de su administración es transparentar las decisiones que se adopten. “Estamos ejerciendo nuestras facultades constitucionales y legales tanto para aceptar las renuncias de los directores provinciales como para removerlos y nombrarlos”, anotó.
A propósito del análisis que hace el CJ, hace pocos días se suspendió la audiencia de juzgamiento en el caso denominado Purga, proceso penal en el que la manipulación de la parte administrativa del sistema de justicia en la provincia del Guayas ha sido uno de los temas debatidos. La audiencia de juicio se suspendió el 21 de febrero pasado y en ella los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho, Felipe Córdova y Marco Aguirre se encuentran en fase de deliberación.
En Purga son enjuiciadas trece personas, tres de ellas ubicadas como líderes de la “estructura criminal” investigada: el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Munetes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo y el exjuez penal del Guayas Johann Marfetán. También como líder fue llamada a juicio Mercedes Villarreal, exdirectora provincial del CJ en Guayas, quien tiene en suspenso el juzgamiento hasta que sea traída a Ecuador desde España, donde está detenida y con un proceso de extradición.
Dentro de los cinco eventos analizados dentro de Purga, por delito de delincuencia organizada, se revelaron hechos en los que se había manipulado el sistema administrativo de la justicia en Guayas no solo para colocar a jueces que pudieran estar al frente de casos que eran de interés de la red de corrupción, sino que también supuestamente se habría logrado el archivo de procesos disciplinarios para miembros de la organización.
A decir de la Fiscalía, Muentes, Gallardo, Marfetán y Villarreal ejercieron el mando de un grupo estructurado que tuvo injerencia en decisiones judiciales, en sumarios, en cambios administrativos y en la generación de la impunidad por intereses ilegales en la provincia del Guayas. Al exasambleísta Muentes se lo ubicó en la dirección de la estructura, mientras que a Fabiola Gallardo, Johann Marfetán y Mercedes Villarreal en la planificación para la comisión de delitos graves, cuya finalidad perseguida, ha dicho la Fiscalía, era claramente el beneficio económico. (I)