La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se pronució este martes acerca de la resolución de la Corte Constitucional (CC) que declara “inconstitucionales” los decretos ejecutivos 500 y 505, en los que el presidente-candidato Daniel Noboa encarga la Presidencia a Cynthia Gellibert por motivos de “fuerza mayor”.
En un comunicado publicado en X (antes Twitter), la Conaie expresa: “El presidente-candidato Daniel Noboa entregó la Presidencia de la República por decreto, violando la Constitución y desconociendo el orden democrático. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dejado claro que el cargo de presidente no puede delegarse a conveniencia ni tratarse el país como una hacienda privada”.
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De acuerdo con la CC, estos decretos fueron declarados inconstitucionales porque vulneran el artículo 146 de la Constitución, que establece el mecanismo de reemplazo en caso de ausencia temporal del presidente por fuerza mayor.
“Pero Noboa ha puesto presidentas a su antojo y ha encargado ilegalmente el cargo; en el fondo nunca ha abandonado el poder y ha usado fondos públicos para su campaña electoral”, aseguró la Conaie. “Ninguna maniobra autoritaria puede ocultar la verdad: el Gobierno de Noboa está plagado de irregularidades, abusos y desprecio por la democracia”.
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La organización también denunció la “complicidad” del Consejo Nacional Electoral (CNE), “que permitió a Noboa hacer campaña sin pedir licencia”.
“No hay igualdad de condiciones en estas elecciones. El Poder Ejecutivo presiona a las instituciones y el CNE debe responder al país con transparencia y garantías democráticas. No aceptaremos un proceso electoral manipulado ni autoridades impuestas a dedo”, agregó.
“Con un presidente-candidato que no respeta la ley y un Consejo Nacional Electoral completamente parcializado, es imposible confiar en la transparencia de estos comicios”, señaló el comunicado.
“Desde la Conaie y su estructura rechazamos este abuso de poder y pisoteo a la democracia. Nos mantendremos vigilantes y movilizados ante cualquier intención de alteración del proceso democrático”.
(I)