Con el objetivo de que quede libre, vigilar su estado de salud y que se respeten sus derechos, mientras está en prisión, fueron creados el Comité Internacional por la libertad de Jorge Glas y una Veeduría Internacional en el 2024. Ambos organismos, a lo largo del año pasado, se han pronunciado en múltiples ocasiones instando a que se garantice su seguridad y se le reconozca la condición de asilado de México.
Producto de estos pronunciamientos y de los pedidos de sus abogados defensores, Glas recibió, el pasado 28 de octubre, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para constatar las condiciones en las que permanece el político y aún queda por verse si conceden las medidas cautelares que se han solicitado para que cumpla arresto domiciliario o se le entregue un salvoconducto para viajar a México.
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La noche del 5 de abril, Glas fue capturado por uniformados ecuatorianos dentro de la Embajada de México en Quito y horas después, ya el 6 de abril, fue llevado hasta el Centro de Privación de la Libertad (CPL) Guayas n.º 3, mejor conocido como La Roca, para ejecutar órdenes judiciales por incumplimiento de medida cautelar y la prisión preventiva que se le dispuso por el supuesto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Además, tiene dos sentencias por asociación ilícita y cohecho en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.
Dos meses después de su detención, en junio pasado, el equipo de defensa del exvicepresidente Glas anunció el lanzamiento del comité internacional y de la veeduría internacional de derechos humanos en favor del caso.
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Comité aglutina a expresidentes como Rafael Correa y Evo Morales
El Comité tiene en sus filas a expresidentes como Rafael Correa, Alberto Fernández y Evo Morales. El exembajador Sacha Llorenti es el coordinador general. Desde esta organización se afirma que el ex segundo mandatario se ha convertido en un “rehén político” del gobierno de Daniel Noboa.
Llorenti contó a este Diario que “la toma violenta y armada de la misión diplomática de México por instrucción expresa del presidente del Ecuador ha llamado la atención del mundo entero” y que lo califican de “secuestro” y no detención “movió a muchas personalidades, organizaciones sociales y políticas de América Latina, el Caribe, incluso en Estados Unidos y España a hacer algo”.
“Lo que pasó con el ataque a la embajada fue violar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas sobre Asilo diplomático de 1954. Esta Convención señala con claridad que el Estado que otorga el asilo es el que determina las condiciones del asilo. No le corresponde al Estado que persigue determinar si una persona es asilada o no es asilada, eso le corresponde, en este caso, a México. Lo mismo pasó con Julian Assange cuando fue asilado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Ecuador tomó la decisión de hacerlo. Es una decisión soberana que no se puede poner en tela de juicio... no solamente han violado estas dos convenciones, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, un listado largo de normas de derecho internacional”, indicó Llorenti en una entrevista concedida en julio pasado.
Desde este Comité se ha afirmado que el caso de Glas será emblemático en la historia de la región, así como lo fue el caso de Julian Assange, “por la sucesión de violaciones al derecho internacional cometidas”.
Veeduría cuenta con un expresidente de la Corte IDH
En cuanto a la Veeduría Internacional, esta se conformó el pasado 17 de septiembre para precautelar los derechos del exvicepresidente y conseguir su libertad. Entre sus 20 miembros tiene a un Premio Nobel de la Paz, expresidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juristas, académicos y activistas de derechos humanos.
La veeduría también sostiene que Glas fue secuestrado de la Embajada de México en Quito, que se violó el derecho internacional y que además su integridad está en un alto riesgo en La Roca.
El coordinador de la veeduría es el brasileño Roberto Caldas, expresidente de la Corte IDH y con una larga trayectoria como defensor de los derechos humanos. Con él están otras 19 personas: Raúl Zaffaroni, argentino y abogado, exjuez de la Corte Suprema de Argentina y de la Corte IDH. Gina Donoso, ecuatoriana, experta psicosocial y académica en procesos de justicia transicional, reparaciones y apoyo para víctimas de violencia política. Ha trabajado para organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), diversas agencias de Naciones Unidas y ha contribuido con diversas comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia internacional en Gambia, Bolivia, Ecuador, Uganda, Colombia, Irak, yotros.
A su vez, Baltasar Garzón, español, exjuez, conocido por haber emitido la orden de detención contra Augusto Pinochet y ha trabajado en múltiples instancias de derechos humanos a nivel global; Silvina Romano, argentina, investigadora y doctora en Ciencias Políticas, es coordinadora del Observatorio Lawfare; Lina Mejía Torres, colombiana, abogada especializada en derechos humanos y derecho internacional humanitario y coordinadora de la ONG Vivamos Humanos, con amplia experiencia en conflictos armados y procesos de paz.
La integran también Larissa Ramina, brasileña, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Federal de Paraná, Brasil, experta en derechos humanos y justicia internacional; Ana María Careaga, argentina, psicoanalista, doctora en Psicología y docente universitaria, directora del Instituto Espacio para la Memoria en Argentina; Pauline Ogier, francesa, jurista, especializada en la defensa de los derechos humanos en América Latina, entro otros expertos más.
La veeduría internacional ha reiterado, en varias ocasiones, que esperan se atienda con una respuesta favorable a la solicitud formal que la defensa de Glas presentó ante la CIDH para que se acuerden medidas sustitutivas de prisión, dada la extrema gravedad de su situación de salud. (I)