Una tarde de mediados de marzo del 2007, el entonces magistrado del desaparecido Tribunal Constitucional (TC) Jorge Alvear Macías recibió en su oficina la visita del exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, quien le habría llevado un pedido del exmandatario Rafael Correa: como delegado del Ejecutivo ante ese organismo, él no debía votar a favor de un recurso de amparo constitucional planteado por 50 (de los 57) diputados que habían sido destituidos unos días antes por el también extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) al oponerse al pedido de consulta popular que hizo el Ejecutivo para instalar una Asamblea Constituyente.