Caso Triple A: pedidos de última hora, entre ellos, por tema médico del abogado del alcalde Aquiles Alvarez, generan diferimiento de audiencia de vinculación

Dos pedidos de diferimiento de última hora, uno relacionado a un tema médico del abogado defensor de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, generó que el juez anticorrupción Jairo Alejandro García no instale en Quito, la mañana de este miércoles, 5 de marzo, la audiencia de vinculación a la que se convocó a Alvarez y a nueve personas más dentro del denominado caso Triple A, proceso penal en el que se investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. El otro pedido para diferir la diligencia llegó de parte de la defensa de quien sería vinculada, María Elisa C.

El escrito con el pedido de Alvarez fue presentado pasadas las 08:30 de este miércoles y en el documento se incluye un certificado médico de un especialista en el que se indica que el nuevo abogado del alcalde de Guayaquil, Geovanny Vásquez Barros, requiere de un reposo médico de ocho días, es decir, desde este 5 de marzo hasta el 12 de marzo próximo.

Aquiles Alvarez reemplazó a su abogado defensor en el caso Triple A

”Con base en la garantía del derecho a la defensa, de contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de mi defensa, mi patrocinador iba a solicitar en audiencia que se le otorgue un tiempo prudencial para prepararse a fin de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; nos vemos obligados, frente al cuadro clínico de mi patrocinador, a solicitar que se señale nuevo día y hora para que se instale la audiencia de vinculación, por los motivos de fuerza mayor debidamente expuestos y justificados”, señaló Aquiles Alvarez en su documento entregado al juez anticorrupción.

El alcalde de Guayaquil colocó a Vásquez como su abogado la tarde del martes, 4 de marzo último, en reemplazo de Emilio Efraín Santacruz, profesional del derecho que se alejó de la causa debido a que habría recibido una serie de amenazas contra su seguridad.

Tanto el fiscal a cargo del caso Triple A, Carlos Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, como la abogada de la víctima dejó en manos del juez García gran cantidad de información que hace parte del voluminoso expediente (165 cuerpos). Solicitó que se les extienda al menos ocho días como plazo razonable para inteligenciarse de lo que tiene que ver la investigación y el expediente.

Tanto el fiscal a cargo del caso Triple A, Carlos Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, como la abogada de la víctima, la Empresa Pública Petroecuador, no se opusieron a los pedidos de diferimiento y solo dejaron en manos del juez García la decisión.

Leonardo Cofre, abogado de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH), calificó a los pedidos de diferimiento como una “artimaña” para dilatar la diligencia y pidió que si difería la audiencia, la vuelva a convocar dentro de esta misma semana.

Los abogados de los demás sujetos a ser vinculados, pese a no haber solicitado el diferimiento, se sumaron al pedido, alegando que no conocen la información que contienen los 165 cuerpos que hacen el expediente y sería necesario tener más tiempo para preparar de mejor forma cada una de las defensas. También pidieron que la diligencia se haga de forma presencial y no vía telemática.

En respuesta a los pedidos hechos, para garantizar el derecho a la defensa y hacer que los procesados mantengan los abogados de su confianza y el tiempo necesario para estructurar una adecuada estrategia de defensa, el juez anticorrupción cree que no es prudente realizar la diligencia este miércoles, 5 de marzo, y dio paso a las solicitudes.

Aclaró que a futuro no aprobará nuevos pedidos de diferimiento y dispuso a la Defensoría Pública que defina uno o varios funcionarios que puedan representar a quienes no cuenten con patrocinio jurídico privado.

De acuerdo a los tiempos de la sala, el juez García definió para el viernes, 14 de marzo próximo, desde las 07:45, como la nueva fecha para la audiencia de vinculación. La convocatoria fue definida en conjunto con todos los sujetos procesales que forman parte del caso Triple A., será una diligencia presencial y se aclaró que si falta tiempo para que se realice la misma, se continuará con la vinculación el domingo 16 de marzo siguiente.

A mediados de diciembre pasado, el juez anticorrupción García dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A. Para las personas naturales se dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica dos días a la semana, mientras que para las empresas la prohibición de enajenar bienes y acciones.

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La formulación de cargos se dio tomando en cuenta que la teoría que maneja en esta causa el fiscal Carlos Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, es que se habría definido que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.

Según la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.

Formalmente de la existencia del caso Triple A se conoció el 23 de julio pasado, cuando la Fiscalía informó que realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas. Veintiún días después, el ente acusador quiso formular cargos a los primeros procesados, pero no fue hasta el 14 de diciembre de 2024 que lo logró, pues debió sortear tres diferimientos por cambios de defensa de los sospechosos, entre otras razones, y una audiencia declarada fallida.

El fiscal Alarcón, en diciembre del año anterior, se refirió en audiencia que los hechos en el caso Triple A fueron conocidos mediante una denuncia presentada por Nicole Bermúdez, coordinadora Zonal del Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Ahí se habría puesto en conocimiento de posibles diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el volumen facturado por varias estaciones de servicio.

En la denuncia se señalaría que mediante un oficio del 9 de abril de 2024, la coordinación Técnica de Regulación y Control Hidrocarburífero puso en conocimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI) posibles diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador EP y el volumen facturado por varias estaciones de servicio, de conformidad a las competencias que otorgaría el reglamento vigente.

A la audiencia de vinculación, además de Aquiles Alvarez, la Fiscalía convocó a Juan Carlos A. T., Juan Dionisio A. S., Gloria María S. S., Rosa Marbella O. G., Édgar Moisés F. T., María Elisa C. E., Fausto Vinicio V. G., Olga Cecilia O. L. y Raúl Arnoldo Z. O. El pedido de vinculación desde Fiscalía se dio el 22 febrero pasado, un día después de que la Fiscalía realizó allanamientos en estaciones de combustible de El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), y Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).

Si se concretaba la audiencia de vinculación del alcalde Alvarez y las nueve personas restantes a la instrucción fiscal que se inició el 16 de diciembre pasado, esta etapa del procesamiento penal de Triple A no solo iba a contar con un total de 15 personas naturales investigadas y cinco jurídicas, sino que la instrucción se alargaría por 30 días más, es decir, se cerraría la primera quincena de abril próximo, con 120 días. (I)