Un día después de que la jueza anticorrupción María Fernanda Castro fue sorteada para reemplazar en el conocimiento del caso Triple A al juez Jairo García, quien se excuso a continuar con el procesamiento por un conflicto de intereses, la defensa de la empresa Fuelcorp S. A., persona jurídica ya procesada en esta causa, pide se declare la nulidad del acta del sorteo y que se repita el mismo.
El 18 de marzo pasado, García dio respuesta a los pedidos de revocatoria y aclaración planteados respecto a la excusa que presentó, debido a que el mismo abogado que patrocina al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, para la vinculación a la que había sido convocado, era abogado del juez en dos procesos: uno administrativo-disciplinario y otro de tipo penal.
Todos los pedidos fueron rechazados y el juez García se ratificó en su excusa, solicitando que se envíe lo más pronto posible la causa a sorteo para que otro juez asuma el conocimiento de la causa.
Esa disposición se cumplió y la mañana del 19 de marzo se produjo el sorteo, dejando como nueva jueza a cargo del caso Triple A a María Fernanda Castro, parte de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Justamente la excusa del juez García hizo que la segunda convocatoria para la audiencia de vinculación en el caso Triple A., la cual fue definida para el 14 de marzo pasado, no se concrete. En esa diligencia se pensaba vincular a la instrucción fiscal por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo a Alvarez, a diez personas naturales más y a una persona jurídica.
Doce personas, entre naturales y jurídicas, esperan audiencia
Estos doce vinculados se sumarían a los ya procesados desde el 16 de diciembre pasado, fecha en la que se dio inicio a una instrucción fiscal de 90 días, Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A.
La teoría manejada por el fiscal habla de que en el caso Triple A se habría definido que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible sobre todo de diesel.
A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diesel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que se habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.
Entre el 19 y 20 de marzo pasado, Fuelcorp S. A., a través de su abogado, presentó escritos. En el primero pedía que se amplíe la providencia del 18 de marzo último en la que el juez García respondió a los pedidos de revocatoria y aclaración a su excusa. La defensa de la empresa pide que se incluya en la respuesta en providencia de Garcí un pronunciamiento expreso sobre el escrito en el que solicitaron la declaratoria de conclusión de la instrucción fiscal.
“En su calidad de juez garantista de derechos, su autoridad tiene la obligación de garantizar que el proceso se desarrolle dentro de los límites que establece la ley, sin permitir que actos extemporáneos y carentes de validez procesal alteren el correcto desarrollo del trámite”, sostuvo la empresa en su escrito.
Fuelcorp S. A., el 17 de marzo pasado, solicitó al juez que disponga que el actuario del despacho siente razón del tiempo transcurrido desde el inicio de la instrucción fiscal, esto es, desde la conclusión de la audiencia de formulación de cargos del 16 de diciembre de 2024 y que, con la referida razón actuarial, declare concluida la instrucción fiscal. Los 90 días iniciales de instrucción fiscal se completaron el pasado domingo, 16 de marzo.
Pedidos similares para que se declare concluida la instrucción fiscal los hicieron, pese a no ser aún vinculados al proceso de Triple A., el alcalde Alvarez, Juan Dionisio A. S. y María Elisa C. E., además de las también procesadas Lady Juliana C.T. y Jessenia Monserrate V. O.
Ministro habla sobre la Ley Talón de Aquiles
La mañana de este viernes, 21 de marzo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una entrevista en Teleamazonas, recordó la importancia de la ley que impulsa y a la que ha denominado “Ley Talón de Aquiles”. Según él, esta normativa busca superar una debilidad del sistema procesal que es aprovechada por abogados y partes procesales que la defensa que practican es simplemente dilatar la justicia para que los tiempos no lleguen, para que prescriban las causas, para que caduque la prisión preventiva, para que se imposibilite a la Fiscalía hacer vinculaciones.
Aquiles Alvarez presentó denuncia contra José de la Gasca, ministro de Gobierno
“Hablando del caso Triple A, ahí está, no hemos mentido, solitos se delatan impidiendo que se haga la audiencia a través de artimañas. Ya vimos los certificados, los abogados con hemorroides y demás, y ahora, pidiéndole al juez que cierre la instrucción para que no se posibilite la vinculación, es decir, dejar el caso en impunidad. Eso es lo que quiere el alcalde de Guayaquil, esa es la gran agenda de impunidad que pretenden y contra eso va la ley Talón de Aquiles”, refirió De la Gasta, quien aclaró que le tiene sin cuidado la denuncia que le ha interpuesto el alcalde Alvarez.
En relación al pedido de que se declare la conclusión de la instrucción fiscal del caso Triple A, Diego Córdova, abogado del alcalde de Guayaquil, señaló que de conformidad con la normativa vigente, la instrucción fiscal debe desarrollarse dentro del plazo determinado en la norma, y cualquier acto procesal que se pretenda realizar fuera del tiempo legalmente establecido carece de validez jurídica, al contravenir los principios rectores del proceso penal.
“Una vez agotado el plazo de la instrucción fiscal, la vinculación procesal de Aquiles David Álvarez Henriques deviene en extemporánea, improcedente, ilegal e inconstitucional, ya que su práctica vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad procesal”, sostuvo la defensa de Alvarez.
Fuelcorp S. A pide se declare la nulidad del sorteo
La empresa Fuelcorp S. A. para el 20 de marzo último, un día después del sorteo que dejó a la jueza Castro a cargo del caso Triple A, ingresó un escrito en el que solicitó que se declare la nulidad del acta del sorteo del 19 de marzo de 2025, se repita el sorteo bajo condiciones que garanticen la transparencia, imparcialidad y cumplimiento de la normativa aplicable y se realicen las investigaciones pertinentes sobre las irregularidades observadas para lo cual debe oficiarse al Consejo de la Judicatura.
Según la defensa de la empresa Fuelcorp S. A., ninguno de los seis escritos en los que se pide un pronunciamiento sobre el cierre de la instrucción fiscal del caso Triple A fueron contestados por el juez García. La existencia de escritos pendientes y sin que la providencia emitida por el juez Jairi García, el 18 de marzo último, se encuentre ejecutoriada, se hacía imposible que se procediera al sorteo, refiere la defensa de la empresa investigada.
“(...) En este caso, el sorteo no cumplió con las debidas garantías de publicidad, ya que las partes no fueron notificadas con la constancia de recepción del proceso en la sala de sorteos y más bien ni siquiera se tomó en cuenta que tras el auto emitido por el juez García se había solicitado aclaración y ampliación del mismo en el término legal. Al inobservar la funcionaria de sala de sorteos la normativa vigente (...), con la mayor negligencia sortea a primera hora del 19 de marzo un proceso que aún se encontraba en trámite. Se violentó el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa pues hasta el momento no se ha dado contestación a nuestros requerimientos tanto de fenecimiento de plazos de la instrucción fiscal, como de ampliación y aclaración solicitados. Además, vulnerando el juez la imparcialidad”, afirmaron los abogados de Fuelcorp. (I)
