Luego de la primera jornada de la audiencia de juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí, en la que el fiscal general encargado, Wilson Toainga, presentó seis testimonios en más de ocho horas de diligencia, la mañana de este miércoles, 18 de junio, se instaló el segundo día del juicio por el delito de peculado en contra del exvicepresidente Jorge Glas y el ex secretario técnico del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal.
La diligencia se instaló pasadas las 11:00 con Glas, quien llegó a la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, bajo un estricto circuito de seguridad, y con Bernal conectado vía telemática.
En la audiencia también interviene el fiscal general y los abogados representantes de la Procuraduría General del Estado y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, instancias que actúan como acusación particular.
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El segundo día de audiencia arrancó con el testimonio de Clara Carbo Zambrano, viceprefecta de la provincia de Manabí al día de los hechos en que estaba funcionando el Comité de la Reconstruccion de Manabí.
En su alegato de inicio, Toainga explicó a la sala —presidida por la jueza Mercedes Caicedo y la cual se completa con los magistrados penales Marco Rodríguez y Javier de la Cadena— que luego del terremoto de magnitud 7,8 grados del 16 de abril de 2016 se priorizaron 584 proyectos, entre los que constaban aquellos destinados para la reconstrucción de infraestructura pública de vivienda, salud y educación; es decir, requerían atención urgente, pues su objetivo era atender las necesidades inmediatas de la población afectada en las provincias de Esmeraldas y Manabí.
Sin embargo, sostuvo el fiscal general, un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, como parte de un examen especial a los contratos suscritos en el contexto de la reconstrucción de Manabí, dejó en evidencia que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto y que, en su lugar, se destinaron los fondos para la construcción de otras obras no contempladas en esa categoría, como el parque Las Vegas y el proyecto del tramo de acceso al puerto de Manta-redondel del Imperio Colisa.
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A partir de ello, Fiscalía investigó nueve proyectos más, cuyo financiamiento provino de los fondos de la Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto.
Mediante el Decreto Ejecutivo 1004 se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que estuvo presidido por Jorge Glas.
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Posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, cuyo propósito era recaudar contribuciones sobre la remuneración de todos los trabajadores ecuatorianos que permitieron la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva y económica de las zonas afectadas.
Por su parte, Carlos Bernal, en su calidad de secretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, habría efectuado seguimientos a los proyectos y se solicitaron reportes y fondos económicos para financiar los proyectos por ejecutarse.
“Este dinero de los ecuatorianos se destinó a once proyectos no prioritarios que habían beneficiado intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización. El monto de perjuicio ocasionado por el abuso de fondos públicos asciende a la cantidad de $ 225′395.910,92. Por ello, la Fiscalía del Estado ofrece probar que Jorge Glas y Carlos Bernal son autores del delito de peculado tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal COIP, en concordancia con el artículo 40”, señaló. (I)
