Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros 21 procesados en el caso Purga conocerán este martes si se avanza o no al dictamen acusatorio de Fiscalía

Este martes, 7 de enero, se reinstalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Purga y el juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena, conocerá si se han ordenado y completado varias diligencias solicitadas a la Fiscalía por los procesados y resolverá si se declara o no la validez de todo lo actuado dentro del proceso.En esta causa se procesa por el delito de delincuencia organizada a 23 sospechosos, entre quienes está el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes; los expresidentes de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo y Hugo González; además de otros exjueces, abogados y funcionarios judiciales del Guayas y excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.Esta diligencia fue suspendida el 24 de diciembre pasado por el juez De la Cadena, luego de disponer a la Fiscalía que ordene, en un término no mayor a 48 horas y que las diligencias se practiquen en un plazo perentorio no superior a los diez días, varias diligencias solicitadas por los procesados. Según el magistrado, lo que se buscaba es garantizar el derecho a la defensa de quienes son investigados por ser parte de una estructura delictiva conformada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico.Para las 08:30 de este martes han sido convocados los sujetos procesales que participaron en las tres primeras jornadas de esta diligencia, es decir, el fiscal general subrogante Wilson Toainga, la Procuraduría General del Estado y el Banco del Pacífico, quienes actúan como acusadores particulares, y los abogados de lo 23 procesados.Para esta reinstalación se ha dispuesto que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) tome los recaudos del caso para que sean trasladados a la sala del octavo piso de la Corte Nacional los procesados Pablo Muentes, los exjueces Johann Marfetán, Fabiola Gallardo, Henry T. T., Guillermo Pedro V. y Ramos Alberto L. T., además de Fausto A. G., primo de Muentes.Para la Fiscalía, Muentes, Gallardo y el hoy exjuez Marfetán ejercieron el mando del grupo estructurado de Purga, el cual habría tenido injerencia en decisiones judiciales, en sumarios, en cambios administrativos y en la generación de la impunidad por intereses ilegales en la provincia del Guayas. Al exlegislador se lo ubica en la dirección de la estructura, mientras que a los dos restantes en la planificación para la comisión de delitos graves, cuya finalidad perseguida habría sido el beneficio económico.Además de los tres líderes, la Fiscalía investiga como cómplices a la esposa y el primo de Muentes, Mónica A. y Fausto A., respectivamente; la exdirectora de la Judicatura en Guayas, Mercedes V.; los excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Juan Xavier R. y Freddy José J.; el expresidente de la Corte del Guayas, Hugo G.; la abogada y exasesora legislativa de Muentes, Tatiana V. y otros exjueces y exfuncionarios judiciales en la jurisdicción del Guayas.En la fundamentación hecha por De la Cadena el 24 de diciembre último, él explicó que una vez analizadas las alegaciones y el expediente constató que la Fiscalía ha limitado el ejercicio del derecho a la defensa de varios de los encausados.“De la revisión del expediente fiscal, específicamente sobre los pedidos de los elementos de descargo solicitados por los procesados, se evidencia que en su mayoría Fiscalía atiende los pedidos realizados y dispone las prácticas de diligencias entre estas pericias, versiones, etcétera, por lo que no se evidencia que exista una vulneración al derecho a la defensa que acarrea la nulidad procesal. Lo que sí se evidencia es una limitación del derecho a la defensa de manera injustificada, específicamente sobre algunas diligencias que han sido solicitadas por varios procesados en torno a Mayra Salazar, quien rindió su testimonio anticipado en esta causa, calificándolas de impertinentes o inconducentes”, sostuvo De la Cadena.El juez penal reconoce que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal y es su atribución disponer las demás diligencias investigativas que considere necesarias. No obstante, aclara, esta facultad debe ser observada a la luz de las garantías básicas del debido proceso por el juez que tiene en conocimiento la causa.De haberse cumplido lo dispuesto por De la Cadena, el juez daría a conocer su resolución respecto a los vicios alegados. De rechazarse los pedidos de los 23 procesados el paso siguiente sería escuchar el dictamen acusatorio de Fiscalía y los elementos con que cuenta la institución para pedir que todos sean llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada. Esto deberá ser acompañado por el anuncio de prueba testimonial, pericial y documental que la Fiscalía usará de ser el caso que exista un auto de llamamiento a juicio. (I)

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