Una vez el fiscal del caso Plaga determinó que existen elementos que revelan que tres jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas con fuero de Corte Nacional son parte de la “organización delictiva” que operó en el otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad con sentencias por diferentes infracciones penales, el caso pasa a conocimiento de la fiscal general, Diana Salazar, y de un juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).