Debido a que el procesado dentro del caso Plaga Xavier Raúl A. B. no fue traído desde el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi para que rinda de forma presencial su testimonio anticipado, el juez Vinicio Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), decidió no instalar la audiencia y la reprogramó al final de una serie de testimonios que están planificados para esta semana dentro del proceso penal que investiga a 31 personas por el delito de delincuencia organizada.
Se conoce que para este martes, 6 de octubre, no solo estaba convocada la diligencia de Xavier Raúl A. B., sino también, para las 15:00, el testimonio anticipado de Joffre Javier R. R. Para el miércoles 7 de agosto se ha referido que desde las 15:00 se escuchará el testimonio anticipado del exjuez Ángel Harry L. y al día siguiente, el 8 de octubre, a las 09:00, el testimonio anticipado de Simón G. y, a las 15:00, el testimonio de Omar J.
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El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en esta primera diligencia y al no ver presente a Xavier Raúl A. B. para rendir su testimonio anticipado, solicitó al juez Rodríguez que disponga al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que traslade a la sala de audiencias no solo a este procesado, sino al resto de investigados en Plaga que deberán testificar de forma anticipada dentro de la causa penal.
En este caso la Fiscalía investiga una red de corrupción que habría constituido un sistema parajudicial para la venta de sentencias y excarcelaciones de cabecillas de grupos de delincuencia organizada, especialmente, de la banda Los Lobos, narcotraficantes, asesinos y de políticos corruptos.
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La fiscal general, Diana Salazar, durante la audiencia de vinculación de 17 personas, diligencia realizada el 29 de junio pasado, resaltó que al abogado Christian Giovanny R., quien es procesado como uno de los líderes en el caso Metástasis, causa penal en la que se encuentra prófugo, es también cabecilla en esta red criminal que infiltró el sistema de justicia.
Según la Fiscalía, Cristian R. direccionaba, planificaba y coordinaba las estrategias para liberar a personas privadas de la libertad. Su participación estaba dirigida a gestionar los traslados de un centro de rehabilitación social a otro, cuya jurisdicción era controlada por sus operadores judiciales. Además, procuraba coordinar las intervenciones en las audiencias previamente arregladas con sus socios jurídicos.
También el abogado en libre ejercicio es acusado por tramitar la emisión de certificados médicos adulterados con el fin de que sean utilizados como insumo dentro de los recursos de garantías jurisdiccionales y medidas cautelares aplicadas, para beneficiarse económicamente. Sus acciones se ponían en marcha a través de sobornos a funcionarios del sistema penitenciario, secretarios de unidades judiciales, personal administrativo a cargo de los sorteos de causas, jueces de unidades judiciales, hasta llegar a jueces del más alto nivel.
Salazar aseguró que esta red trabajó con exjueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas como Jorge A., quien concedió boletas de excarcelación a través de habeas corpus para colaboradores de Fabricio Colón Pico, de la organización Los Lobos, por $ 70.000. Y está implicado en otros casos de corrupción, prófugo de la justicia y exdefensor del narcotraficante fallecido Leandro Norero.
Antes de subir el caso Plaga a conocimiento de un juez de la Corte Nacional, dentro del proceso penal ya se receptaron testimonios anticipados, los que generaron las vinculaciones de finales de junio pasado. Este nuevo grupo de testimonios anticipados serán los primeros que se recogen en la CNJ.
Con todas estas advertencias y disposiciones, para las 15:00 se esperaba se concrete el testimonio anticipado de Joffre Javier R. R. Eso no suicedió debido a que nuevamente el procesado no asistió presencialmente a la sala de la CNJ, sino que se conectó vía telemática.
Con el ánimo de dar continuidad al proceso, el juez Rodriguez instalóla diligencia, pero casi de inmediato se dio la primera dificultad: fallas en la conexión con el CPL de Cotopaxi. Luego al constatar que todas las defensas de los procesados estén se identificó que algunos no estaban presentes y requerían defensores públicos, los cuales tampoco fueron ubicados.
Finalmente, en la pausa dada el fiscal Toainga pudo observar en la pantalla de conexión que el procesado no estaba solo para dar el testimonio lo que ponía en riesgo lo que podía decir quien es parte del Programa de Víctimas y Testigos.
Para garantizar el debido proceso tanto de las víctimas como de los investigados, el magistrado decidió anular la instalación de la audiencia y diferir la misma para otro fecha. (I)