Caso Plaga: abogado recibe pena de 28 meses de cárcel como colaborador de una organización delictiva que ‘contaminó’ el sistema de justicia

Por colaborar con una organización criminal que se gestó con la finalidad de obtener beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de los ciudadanos privados de la libertad para el denominado caso Plaga, el abogado Javier Enrique Guananga Cando recibió una pena reducida de dos años y cuatro meses de prisión, debido a que se acogió al procedimiento abreviado que le exige al procesado por delincuencia organizada aceptar los hechos imputados por la Fiscalía. Guananga, la tarde de este miércoles 5 de marzo, se transformó en el decimocuarto acusado en el caso Plaga que recibió una pena reducida de parte del conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Edison Cantos, luego de haberse acogido a la justicia negociada que encierra el procedimiento abreviado.

En Plaga, la Fiscalía investiga una organización delictiva que habría operado de forma ilegal para el otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad con sentencias por delitos penales, como abuso sexual y robo con muerte, y, en otros casos, relacionados a organizaciones criminales.

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“No es nada nuevo el secuestro del que ha sido víctima la justicia ecuatoriana por parte de brazos narcodelictivos y políticos que se han gestado desde las más altas esferas del sistema judicial del país. No obstante, esas prácticas criminales y corruptas cometidas desde las máximas autoridades han tenido como consecuencia la contaminación descentralizada de sus dependencias encargadas de impartir justicia al común de los ciudadanos, convirtiendo el abuso del derecho en una dinámica habitual e incluso normalizada en las adaptaciones tanto de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio, funcionarios públicos como personas privadas de la libertad”, señaló el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Para la Fiscalía, el caso Plaga retrata el verdadero nivel de contaminación estructural que se ha dispersado a lo largo del Ecuador.

Según el fiscal general subrogante, en el año 2022 se empezó a gestar una estructura criminal liderada por Christian R., abogado que representó en su momento al narcotraficante Leandro Norero, quien tuvo como uno de sus principales coidearios al abogado Lenin Vimos, procesado en el caso Plaga que fue condenado a una pena mínima de 27 meses de cárcel, condena basada en el procedimiento abreviado al que se acogió y a la cooperación eficaz dada a la Fiscalía.

La finalidad de esta organización, explicó Toainga, era destrozar a la administración de justicia mediante una serie de delitos destinados a la obtención de beneficios económicos y otros de orden material. “Es por esto que en el presente caso se dan comunes las alusiones a cohechos agravados, tráficos de influencias, concusiones, prevaricatos, enriquecimientos ilícitos, lavado de activos e incluso oferta de tráfico de influencias desarrollados dentro del tráfico cotidiano de la justicia”.

Desde la óptica de la Fiscalía justamente al ser la administración de justicia el campo en el que se desenvolvía esta estructura delictiva de Plaga, dijo, resulta obvia la colaboración de actores jurídicos para lograr su finalidad.

La etapa de instrucción fiscal le sirvió a la Fiscalía para tener claro que el grupo organizado procesado en la presente causa se gestó con la finalidad de obtener beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de los ciudadanos privados de la libertad, para lo cual, se añadió, la cúpula criminal a cargo pudo mover los hilos de esta estructura que se valía de la colaboración de varias personas desde diferentes aristas, tanto en la función pública como en el ámbito privado.

“El cometimiento de esta conducta delictiva significó réditos económicos indebidos a favor de Javier Enrique Guananga Cando por el valor de $ 1.523, reflejado en las transacciones realizadas por los miembros de la organización criminal, tanto líderes como colaboradores, como Jonathan A., Lenin Vimos, José T., Hugo A. y familiares de procesados y de personas privadas de la libertad (PPL) beneficiadas por las acciones constitucionales, (...). Adicionalmente, exigen otras transacciones enviadas por Guananga Cando a otros miembros de la organización, tanto líderes como colaboradores, entre ellos, Lenin Vimos y Jonathan A., familiares de las PPL y familiares de los procesados por $ 27.986, con lo que se evidencia el manejo de la estructura delictual”, explicó el fiscal que subroga en el cargo a la fiscal general Diana Salazar.

Con todo esto, sostuvo el fiscal Wilson Toainga, se puede apreciar que en este caso existe la convergencia de un sinnúmero de actuaciones propias de una delincuencia organizada, este tipo de criminalidad busca paraísos jurídicos penales donde las conductas ilícitas puedan ser cometidas y donde se asegure alguna forma de quedar exenta de responsabilidad penal.

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Además de la pena de 28 meses de cárcel, el conjuez Cantos condenó al abogado en libre ejercicio al pago de una multa de doce Salarios Básicos Unificados, es decir, $ 5.520, a la cancelación de una reparación integral de $ 11.040 y a la devolución al Estado de $ 23.734, total de dinero que habría sido entregado al sentenciado por arte de integrantes de la agrupación criminal investigada.

Reparación inmaterial:

Publicación y difusión de la sentencia que declara la culpabilidad del procesado en la página web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Publicación y difusión de la parte resolutiva de la sentencia de culpabilidad en un medio de comunicación con alcance nacional durante tres días.

Disculpas públicas del procesado ante el juez de Ejecución.

Colocación de una placa en el lugar donde se ha acreditado como profesional del derecho (Colegio de Abogados de Riobamba), de medidas 60 centímetros por 40 centímetros, en la que conste el siguiente texto: “Vender la justicia al crimen organizado es abrir el camino al fracaso de los pueblos y subastar el futuro de las próximas generaciones. Caso Plaga”.

Este jueves, 6 de marzo, en la Corte Nacional se instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de los quince procesados que aún restan por tener una sentencia, sea condenatoria o exculpatoria, dentro del caso Plaga. (I)