Tribunal del caso Metástasis debe responder ampliaciones y aclaraciones antes de que nuevos jueces conozcan apelaciones contra el fallo de primera instancia

Entre el 20 y el 21 de febrero pasados, dentro del término establecido de tres días, quince de los sentenciados en el caso Metástasis presentaron sus recursos de apelación contra el fallo de primera instancia por el delito de delincuencia organizada, mientras que otros cinco condenados decidieron plantear, previo a la apelación, recursos horizontales de ampliación y aclaración al fallo por escrito notificado la noche del 18 de febrero pasado.

Con esto se abren dos caminos. El primero que el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y el conjuez Pablo Loaiza, dé respuesta a las ampliaciones y aclaración sobre aspectos específicos de la sentencia por escrito emitida.

Entre quienes han planteado los recursos horizontales de ampliación y aclaración están: el abogado en libre ejercicio, César Manuel A.; Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI); Claudia Milena G. P., exintegrante de la Comisión de Pacificación de las Cárceles; la también abogada Sofía Nathaly G. M. y el empresario Eduardo Alejandro R.P.

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A esta lista de ampliaciones y aclaraciones que estaba llena de sentenciados se unió la Procuraduría General del Estado (PGE). Los pedidos de la acusadora particular van encaminados a que se disipen dudas en torno a la reparación económica definida en $ 4 millones y que debe ser cancelada, de forma solidaria, por los 20 sentenciados.

Según la PGE, se habría detectado que existe oscuridad en la sentencia respecto al establecimiento del modo de cumplimiento del pago de la indemnización por parte de los sentenciados. Se explica en su escrito que al tratar de manera equivalente a líderes y colaboradores del delito a efectos de reparar materialmente a la víctima, de forma solidaria, respondería a la aplicación de un principio distinto al de proporcionalidad que permitiría ejecutar este mandato en la fase correspondiente en contra de uno o de todos ellos, sin necesidad de dividir el monto referido de forma individual.

Los recursos horizontales de ampliación y aclaración, establecidos en el artículo 253 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep). Esta norma señala que la aclaración tendrá lugar en caso de una sentencia oscura y la ampliación procederá cuando no se haya resuelto alguno de los puntos controvertidos o se haya omitido decidir sobre frutos, intereses o costas.

Armando Heriberto R. T. también planteó los recursos de ampliación y aclaración, pero para evitar cualquier dificultad paralelamente planteó su apelación contra la sentencia de Camacho, Rodríguez y Loaiza.

De forma unánime, el Tribunal de Juzgamiento decidió que Xavier N. A., alias Novi o Novita, debía ser sentenciado como líder de la “estructura criminal” a diez años de cárcel; mientras que como colaboradores debían ser sentenciados el exjuez de la CNJ y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, alias Diablo; Pablo Ramírez, exdirector del SNAI; entre otras 17 personas que recibieron condenas que van desde los tres años y cuatro meses de cárcel hasta los nueve años y cuatro meses de prisión.

Terán, Ramírez, los exjueces Ronald Xavier G. C., Johann Gustavo M. M. y Carlos Alfredo Z. N.; la exfiscal del Guayas, María José A. C.; la perito policial Doris Soraya O. F.; los expolicías Armando Heriberto R. T., Ángel Danilo L. P.; Fernando Andrés G. A. y Edinn Alexander I. C.; y el exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Víctor Hugo A. B. fueron ubicados como colaboradores y a su sentencia se sumó la agravante de haber sido servidores públicos al momento de la comisión del delito. Por ello se les impuso una pena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Otros cuatro acusados identificados como colaboradores que no fueron servidores públicos se les definió una sentencia de siete años de prisión. Entre ellos están la exguía penitenciaria Katherine Pilar G. A., el abogado Kevin Alexander P. V., el ciudadano Braulio Gabriel M. O. y el empresario Eduardo Alejandro R.P.

Finalmente, a tres personas acusadas como colaboradoras se les tomó en cuenta atenuantes y recibieron penas reducidas de tres años y cuatro meses de privación de la libertad. En la lista están la excomisionada de Pacificación, la colombiana Claudia Milena G. P.; y los abogados en libre ejercicio Sofía Nathaly G. M y César Manuel A.

Solo el agente fiscal Jhon Camposano recibió un auto de sobreseimiento. Al no existir el convencimiento de su responsabilidad en la Sala de Juzgamiento de Metástasis, pues no existían pruebas suficientes de su participación en los actos ilícitos investigados, los jueces decidieron ratificar el estado de inocencia del agente fiscal de la Unidad de de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional e Internacional (Fedoti) del Guayas.

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Una vez sean atendidos los recursos de ampliación y aclaración, los cuales en forma alguna afectarán el fondo de la causa, se pasará a conocer los recursos de apelación planteados. En el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del trámite del recurso de apelación, señala que podrá interponerse este recurso por los sujetos procesales, de acuerdo con reglas como que se interpondrá el mismo ante el tribunal dentro de los tres días de notificado el auto o sentencia.

Además, se explica que de admitirse el recurso a trámite, el juzgador o tribunal remitirá el proceso a la sala en el plazo de tres días, contados desde que se encuentra ejecutoriada la providencia que lo conceda. Recibido el expediente, la sala respectiva de la corte, la cual se integrará por sorteo, convocará a los sujetos procesales a una audiencia dentro del plazo de cinco días subsiguientes a la recepción del expediente para que fundamenten el recurso y expongan sus pretensiones.

Entre los argumentos registrados dentro de los escritos solicitando la apelación de la sentencia están el que no están de acuerdo o conformes con lo decidido por los jueces de forma unánime o que el fallo “violenta los estándares de motivación”.

“La interposición del presente recurso de apelación se da por cuanto no estoy de acuerdo con la sentencia; por lo que solicito se dé el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 654 del COIP. La fundamentación del recurso se realizará oralmente en audiencia pública y contradictoria ante una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, por tratarse de un caso con fuero de Corte Nacional”, explica uno de los pedidos de apelación.

El sorteo que deberá darse para integrar el Tribunal de Apelación se tendrá que dar entre los magistrados de la Sala Penal de la CNJ que no hayan intervenido en ningún momento de procesamiento penal de Metástasis. De no existir el número de jueces habilitados para tramitar la apelación, el sorteo se extenderá a los conjueces o otras integrantes de las salas especializadas de la Corte Nacional. El objetivo es que se debe contar con jueces independientes que no hayan tenido conocimiento de información debatida y analizada en esta causa. (I)