Siete servidores judiciales, entre jueces, fiscales, un secretario y hasta al expresidente de la Corte de Justicia de Manabí, todos vinculados en el caso Metástasis, fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura (CJ), que los separó de sus cargos por incurrir en infracciones gravísimas.

El pleno de la Judicatura aprobó la resolución por unanimidad durante una sesión desarrollada el miércoles 19 de junio.

Los ahora exfuncionarios “habrían beneficiado, asesorado o filtrado información que favoreció” al asesinado narcotraficante Leandro Norero, quien, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, lideró una estructura criminal desde la prisión para obtener resoluciones judiciales a su favor y el de su familia a cambio de dinero.

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El Consejo de la Judicatura informó que las personas destituidas son:

  • G. O., jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Samborondón, en Guayas.
  • A. G. G., juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Guayas.
  • P. Z., juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte de Cotopaxi.
  • V. H. A., por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
  • C. S. C., secretario de la Unidad Judicial de lo Penal Norte n.º 1.
  • J. F. C., por sus actuaciones como fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Guayas.
  • C. Z. N., por sus actuaciones como expresidente de la Corte de Manabí

El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, mencionó que el extitular de la Corte de Manabí ya había sido destituido en dos ocasiones por error inexcusable, pero recuperó el cargo porque ganó una acción de protección.

“No hubo la acción extraordinaria de protección por parte del Consejo de la Judicatura. Y este señor juez ha seguido administrando justicia; y ahora sí creo que, ojalá, en esta destitución, no vuelva nunca más a ser parte de la Función Judicial”, manifestó Román.

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Además, la Judicatura indicó que el expresidente de la Corte de Manabí cuando ejerció ese puesto “habría aprovechado su posición para favorecer intereses económicos de un grupo delincuencial”.

Por su parte, la vocal Solanda Goyes comentó que los hechos que habrían cometido los servidores destituidos no pueden quedarse sin ser sancionados. “Había una suerte de impunidad administrativa en los operadores de justicia”, agregó.

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En tanto que el vocal Merck Benavides aclaró que las sanciones y sumarios administrativos que aplica el Consejo de la Judicatura son distintos a las sanciones penales por el proceso judicial.

“Cuando vamos a sancionar administrativamente, no nos interesa si se ha cometido o no un delito”, precisó Benavides e indicó que desde la Subdirección de Asuntos Disciplinarios se buscaron los elementos suficientes para probar que se incurrió en infracciones administrativas. (I)