La Fiscalía General del Estado asegura que probará que el el caso Metástasis existió una “empresa criminal” manejada por el narcotraficante asesinado en 2022 Leandro Norero con el fin de permear al sistema de justicia en Ecuador, y la que participaron jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados, guías penitenciarios, entre otros, con el fin de obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios, incidir en pericias y acceder a información privilegiada en casos de interés de la estructura.

Semanas atrás, en la audiencia preparatoria de juicio, Wilson Toainga, fiscal general subrogante, aseguró en su dictamen acusatorio que todas las murmuraciones de que el ámbito de la justicia estaba siendo utilizado por grupos criminales organizados aterrizaron en el caso Metástasis, el cual se transformó en una “radiografía íntegra de la profunda descomposición que atraviesa nuestra justicia” y cómo esta “ha sido vejada sin discriminación por parte de todos los niveles de la institucionalidad judicial”, hablando de jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados, guías penitenciarios, entre otros.

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“Metástasis es el primer caso que reveló cómo el sistema judicial está gangrenado, de tal manera que es imposible regenerarlo, si no hay una depuración profunda de todas sus estructuras corrompidas”, resaltó Toainga en esa diligencia.

Ahora, en la audiencia de juicio que se instaló la mañana de este 21 de ocubre, Toainga señaló que con los elementos de prueba anunciados demostrará que el ubicado como líder y los colaboradores ejecutaron una serie de conductas propias de una delincuencia organizada tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, inciso primero para los líderes e inciso segundo para los colaboradores.

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En su alegato de inicio el fiscal general subrogante dio a conocer a la sala de cada uno de las acciones que realzaron los 21 procesados que enfrentan la etapa de juicio. Inició por el calificado como líder, Alexander N. A., y continuó con la lista de colaboradores que estaba encabezada por Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez nacional.

La presidenta del Tribunal, Mercedes Caicedo, le dio como tiempo para intervenir dos horas, pero Toainga se tomó solamente 30 minutos.

El fiscal señaló que el Ecuador debe entender que situaciones como las investigadas en Metástasis no solo afectan al sector justicia, sino a todo el país y a todos los ciudadanos. Cree que no tener instituciones sólidas termina afectando al país en su democracia y la igualdad.

La investigación de Metástasis nació con el asesinato de Norero en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en octubre de 2022. Las investigaciones emprendidas por la Fiscalía habrían generado la obtención de varias evidencias, entre las cuales se encontraban los dispositivos celulares con los que Norero había montado un aparataje comunicacional a fin de configurar una estrategia delictiva para enfrentar a la justicia.

Precisamente la información que se desprendió de la explotación de los celulares darían cuenta que, desde el CPL de Cotopaxi, esta empresa criminal se gestó desde el 25 de mayo de 2022, fecha en la que Norero, sus hermanos Israel y Johanna, y su esposa Lina Romero fueron detenidos tras un operativo a consecuencia de una investigación por el delito de lavado de activos.

A partir de este suceso, se ha anotado desde la Fiscalía, la seguridad dentro de la cárcel, la libertad y la impunidad se convirtieron en los beneficios centrales a conseguir por parte de Leandro Norero, metas que, por obvias razones, eran imposibles de conseguir sin la integración de un grupo estructurado que concierte para estos fines. En líderes y colaboradores se habría dividido el trabajo de quienes fueron parte de los frentes de dirección, planificación y financiero. (I)