Para las 09:00 de este viernes, 28 de marzo, la Fiscalía convoca a reconocer su denuncia en el caso Liga2 a doce asambleístas del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y al exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas. La diligencia se realizará en la Fiscalía número uno de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, ubicada en el piso 19 del edificio principal de la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito.

En el caso Liga2, la Fiscalía procesa penalmente por el delito de asociación ilícita a los exconsejeros de Participación Ciudadana relacionados con el correísmo Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor y a la actual integrante del CPCCS Nicole Bonifaz. Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, información existente en el expediente de la causa revelaría la “planificación” y “estrategias delictivas” puestas en marcha desde Participación Ciudadana para hacerse del control de la institucionalidad del Estado ecuatoriano.

La convocatoria para los actuales legisladores oficialistas Ricardo Alvarado, Milton Aguas, Fernando Jaramillo, Nataly Morillo, Lucía Jaramillo, Inés Alarcón, Jadira Bayas, Ferdinan Álvarez, Fausto Fernández, Jorge Guevara, Fabiola Sanmartín y Henry Bósquez, así como el censurado y destituido integrante del CPCCS Juan Esteban Guarderas, llega a los ocho días de que todos rindieron su versión libre y voluntaria dentro de la instrucción fiscal abierta el pasado 15 de marzo contra Verduga, Franco, Saltos y Bonifaz.

Bancada ADN presenta tres denuncias ante la Fiscalía del Estado contra miembros de la Revolución Ciudadana y exconsejeros del CPCCS

El 12 de marzo pasado, tres días antes de que la Fiscalía formulara cargos en el caso Liga2, el asambleísta Fernando Jaramillo (ADN) presentó una denuncia a nombre de su bloque legislativo por el delito de simulación y usurpación de funciones, tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en contra de los exconsejeros Verduga, Franco, Saltos y la actual integrante del CPCCS Nicole Bonifaz.

El denunciante asegura que los señalados se han arrogado funciones que le competen exclusivamente a la Corte Constitucional (CC) al designar a Raúl González Carrión como superintendente de Bancos en perjuicio de a quien le correspondía, Roberto Romero, esto de acuerdo con la sentencia de la CC 372-23-P/24. Ellos interpretaron la sentencia y no acataron la decisión, sostuvo Jaramillo.

Ese mismo día, el legislador Ferdinan Álvarez, también de ADN, explicó que se denunciaba a varios funcionarios del Consejo de Participación, a Andrés Arauz, Virgilio Hernández y el operador político del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Santiago Díaz ante una supuesta relación con el incumplimiento de decisiones judiciales emitidas por autoridad competente.

En ese momento, Álvarez sostuvo que al realizarse las investigaciones respectivas se conocerá lo que se escondía detrás de las operaciones políticas tomadas por la RC. “Lo que buscamos es justicia, y el país debe saber quiénes han estado detrás de operaciones oscuras a través del CPCCS”, anotó.

El fiscal Wilson Toainga, durante la formulación de cargos del caso Liga2, aseguró tener claro que los procesos de selección para las autoridades de varias instituciones se convirtieron en el objetivo principal de esta asociación ilícita que buscaba el control del país. A decir de la Fiscalía, los cuatro acusados, junto con el movimiento RC , pretendían alcanzar el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Augusto Verduga y asambleísta Pamela Aguirre investigados por usurpación de funciones y asociación ilícita

Por otra parte, el exconsejero Guarderas denunció, el 14 de marzo pasado, a Augusto Verduga y a la asambleísta Pamela Aguirre, de la bancada de la RC, por los delitos de usurpación de funciones públicas y asociación ilícita, tipificados en los artículos 287 y 370 del COIP.

Como parte de la denuncia, Guarderas recogió parte de una publicación del medio digital La Posta, del 12 de marzo último, en que informaba “que la Fiscalía se encontraba en un proceso de investigación en contra de Sócrates Augusto Verduga Sánchez, en donde se le acusa de haber elaborado el informe que recomendaba la destitución de Juan Esteban Guarderas”.

Guarderas deduce que el denunciado se asoció ilícitamente con la Comisión de Fiscalización para la elaboración y entrega del informe, lo que permitió su destitución. La participación del denunciado en la redacción de dicho informe generaría dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso de juicio político llevado a cabo en la Asamblea Nacional.

Juan Esteban Guarderas fue enjuiciado políticamente por la asambleísta Ana Herrera, de la bancada de la RC, por incumplimiento de funciones referente a una violación del deber de reserva y protección al denunciante, una presunta falsificación de firma cuando presentó la denuncia en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por precampaña. (I)