Desde el 28 de marzo pasado, Renán Andrade se transformó en el tercer juez anticorrupción que asume el procesamiento penal del caso Triple A, causa en la que se investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo y en la que hasta el momento no se ha concretado el pedido de vinculación hecho por la Fiscalía en contra de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, diez personas naturales más y una persona jurídica.
El sorteo de Andrade se dio una vez la también jueza anticorrupción María Fernanda Castro, mediante una providencia del pasado 27 de marzo, negó las peticiones de revocatoria y aclaración de varios sujetos procesales y aceptó la excusa del juez que tomó el caso tras la formulación de cargos, Jairo García.
Los cambios de juez anticorrupción
El caso no avanza a la audiencia de vinculación desde el 5 de marzo pasado, en que se dio la primera convocatoria para sumar a la instrucción fiscal inicialmente a Alvarez y nueve personas más. Una situación médica del abogado del alcalde de Guayaquil y un pedido de otras personas por ser vinculadas hicieron que la diligencia pasara al 14 de marzo siguiente. La audiencia tampoco pudo instalarse en esa fecha, pues el juez García se excusó de seguir en la causa al tener un conflicto de intereses: el defensor de Alvarez era también abogado, en otros procesos, del juez Jairo García.
Una vez contestó rechazando varios pedidos y García se ratificó en su excusa, solicitó que se envíe lo más pronto posible la causa a sorteo para que otro juez asuma su conocimiento. Esa disposición se cumplió el 19 de marzo, produciéndose el sorteo que dejó como jueza a cargo del caso Triple A a María Fernanda Castro, también parte de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
En ese tiempo, el fiscal Leonardo Alarcón pidió que se sume una persona natural y otra jurídica más a la lista de diez por ser vinculadas. Es decir, existe una lista de once personas naturales y una jurídica que están a la espera de que se confirme la realización de una audiencia para vincularlas al caso en el que ya se procesa, desde el 16 de diciembre pasado, a Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y a las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A.
La teoría manejada por el fiscal habla de que en el caso Triple A se habría definido que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.
#AHORA | #CasoTripleA: en el marco de una investigación por presunta distribución y comercialización ilegal de #Hidrocarburos, #FiscalíaEc dirige un operativo en el que se recaban indicios en 5 estaciones de combustible implicadas con la causa. pic.twitter.com/CbOvFUeCyf
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 19, 2025
A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.
Pedidos de aclaración, ampliación y revocatoria
Desde la providencia del 27 de marzo pasado, en la que Castro, sin detallar explicación alguna, pide que se sortee a un nuevo juez para el caso Triple A, lo que origina el sorteo que deja a Andrade como nuevo magistrado a cargo, tres sujetos procesales han presentado escritos pidiendo apelaciones, aclaraciones, ampliaciones y revocatorias del documento suscrito por la jueza Castro.
Las defensas de Fuelcorp S. A., Jessenia V. y Lady C. solicitan que se aclare y se revoque el contenido de la providencia del 27 de marzo pasado, debido a que, entre otras cosas, Castro no debió enviar a sorteo la causa para que otro juez anticorrupción se haga cargo del caso Triple A, sino que, por norma, ella misma es la que debió seguir en conocimiento del proceso penal.
Los abogados de Lady C. aseguran que existe un “conflicto negativo de competencia” que esperan que se resuelva para evitar nulidades procesales más adelante. En su escrito también hablan de que no se ha dado respuesta a seis escritos en los que solicitaron la declaratoria de conclusión de la instrucción fiscal.
Fuelcorp S. A., el 17 de marzo pasado, solicitó al juez que disponga que el actuario del despacho siente razón del tiempo transcurrido desde el inicio de la instrucción fiscal, esto es, desde la conclusión de la audiencia de formulación de cargos del 16 de diciembre de 2024 y que, con la referida razón actuarial, declare concluida la instrucción fiscal. Los 90 días iniciales de instrucción fiscal se completaron el pasado domingo, 16 de marzo.
Pedidos similares para que se declare concluida la instrucción fiscal los hicieron, pese a no ser aún vinculados al proceso de Triple A., el alcalde Alvarez, Dionisio A. y Elisa C., además de las también procesadas Lady C. y Jessenia V.
En relación con el pedido de que se declare la conclusión de la instrucción fiscal del caso Triple A, Diego Córdova, abogado del alcalde de Guayaquil, señaló en su escrito ingresado que, de conformidad con la normativa vigente, la instrucción fiscal debe desarrollarse dentro del plazo determinado en la norma, y cualquier acto procesal que se pretenda realizar fuera del tiempo legalmente establecido carece de validez jurídica al contravenir los principios rectores del proceso penal.
“Una vez agotado el plazo de la instrucción fiscal, la vinculación procesal de Aquiles Alvarez deviene en extemporánea, improcedente, ilegal e inconstitucional, ya que su práctica vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad procesal”, sostuvo la defensa de Alvarez.
El juez Renán Andrde ya emitió una primera providencia en la que trata de resolver problemas de tipo administrativo dentro de la Sala Penal Anticorrupción, pero aún no ha tomado una decisión respecto a todos los temas jurisdiccionales que están pendientes: contestación de escritos de los sujetos procesales, decidir sobre el sorteo del nuevo juez y referirse al pedido de vinculación hecho por la Fiscalía. (I)
