Caso Encuentro: Hernán Luque tendría un ‘grupo de abogados muy potentes’ que trabajan para evitar su extradición

Desde el primer día que fue detenido en Argentina por agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) Hernán Luque, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y procesado en el caso Encuentro, trascendió que inmediatamente abogados argentinos trabajarían para evitar que se concrete la extradición del exfuncionario a territorio ecuatoriano, donde es procesado por el delito de delincuencia organizada.

Luque, quien es considerado pieza clave dentro de una trama en la que se habían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador, fue detenido con fines de extradición mientras caminaba por Buenos Aires, Argentina, el 8 de febrero pasado.

El 15 de febrero siguiente, luego que el juez anticorrupción Renán Andrade, a cargo del caso Encuentro, solicitó formalmente la extradición e incluyó la información respectiva sobre el procesamiento penal de Luque y la orden de prisión preventiva que existe sobre él, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, entregó a la Cancillería ecuatoriana el pedido que debía ser remitido a las autoridades de Argentina no solo para que se dé la extradición del expresidente de la EMCO, sino para que él se mantenga detenido mientras se realiza el trámite.

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Sobre este tema fue consultado la mañana de este martes 20 de febrero el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en una entrevista con el medio digital La Posta. Ahí confirmó lo que se hablaba desde el día uno de la detención de Luque en Argentina: abogados buscarían evitar la extradición.

“Sí, están peleando a nivel judicial los abogados de Luque para evitar la extradición. El Gobierno evidentemente está oponiéndose a esas acciones. Lo que esperaría es que en los próximos días ya se concrete la extradición física de la persona al Ecuador, pero hay que reconocer que ahí tiene un grupo de abogados muy potentes. Sería interesante saber quién está financiando esa defensa para evitar venir al Ecuador, porque evidentemente lo que él sabe va a ser fundamental para llegar a la verdad, justamente lo que dijimos al principio: la corrupción que se da en las joyas de la corona, que son las empresas públicas”, apuntó Torres.

Hernán Luque es parte de la lista de ocho personas procesadas por el delito de delincuencia organizada. Se completaba con los nombres de Danilo Carrera, cuñado del expresidente de la República Guillermo Lasso; Antonio Icaza, exgerente general de CNEL; Roberto Bueno, Julio León, Jorge Orbe, Gabriel Massuh y Leonardo Cortázar.

La tarde del lunes 19 de febrero último, las empresarias Karen C. y Érika F. se transformaron en las procesadas nueve y diez en el caso Encuentro. Ellas serían parte de al menos seis empresas a las que se les habían entregado contratos de forma irregular con la CNEL.

Según la fiscal Luzmila Lluglla, las dos procesadas habrían sido beneficiadas con la adjudicación irregular de contratos con la CNEL. Aparentemente, indica la teoría de la Fiscalía, estas dos empresarias habrían tenido como nexo en la estructura investigada a Cortázar, a quien supuestamente le entregaban los réditos económico y luego estos dineros llegaban a manos de Carrera y Rubén Cherres Faggioni, empresario asesinado en marzo del 2023 en Santa Elena.

Lluglla en la formulación de cargos con la que partió el caso Encuentro mencionó que lo que existió en este proceso penal es un “grupo criminal” estructurado tanto por funcionarios públicos como particulares, quienes tendrían roles específicos y una suficiente capacidad en la dirección de las operaciones delictivas por quienes, dijo, asumieron la “jefatura criminal”. Identificó como líderes de la organización a Carrera y Cherres.

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“Estas personas de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y de esta forma interferir en instituciones públicas como CNEL, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas”, anotó Lluglla.

La abogada de Érika F., Belén Dueñas, explicó que las empresas en cuestión estuvieron dentro de un proceso de adjudicación y los consorcios que ganaron estos contratos recibieron adjudicaciones de manera legal y lícita. “Tanto Érika F. como Karen C. no conocen a Cortázar”, sostuvo Dueñas.

Entre los catorce elementos de convicción para la vinculación estuvo lo encontrado en un allanamiento realizado a la casa de Karen C. En su celular incautado la Fiscalía habría hallado varios chats que están relacionados con la trama investigada. El juez Andrade decidió emitir orden de prisión preventiva como medida cautelar para ambas vinculadas, pues consideró que tienen los medios económicos suficientes para poder fugar.

Con esta vinculación la instrucción fiscal por delincuencia organizada se alarga 30 días más, es decir, culminará a los 120 días, el 22 de marzo próximo. (I)