Fiscalía investiga a la exasambleísta Bella Jiménez y a su círculo familiar por la ‘exigencia’ de $ 9.000 a cambio de dos cargos de asesor en el Legislativo

La supuesta vinculación de dos personas al cargo de asesor 2 en la Asamblea Nacional, por las que habría exigido $ 9.000, es lo que le significa a la exasambleísta por la provincia del Guayas Bella Jiménez el inicio de una instrucción fiscal por el delito de concusión que durará 90 días y en la que además están incluidos su hijo, Jorge Simón P. J.; su hermano, Jimmy Steven J. T.; y su cuñada, Elena del Rosario O. P.Desde la madrugada de este 9 de octubre corren los 90 días definidos para que la Fiscalía recabe los elementos de encargo y de descargo respecto al delito de concusión, definido en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).Quienes recaerán en esta figura serán los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material.“Desde hace varios años, la administración pública se ha convertido en el objeto apreciado de quienes, en lugar de velar por los intereses de todos los ciudadanos, buscan aprovecharse de estos espacios para obtener beneficios económicos indebidos. Escenario que en esta ocasión se hace presente en la Función Legislativa, concretamente en la Asamblea Nacional del Ecuador”, explicaba en el arranque de la formulación de cargos la fiscal general, Diana Salazar, al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Marco Rodríguez.Salazar recordó que el 7 de abril de 2021 se realizó el proceso de elecciones legislativas, dando como resultado de la votación en la Junta Provincial Electoral del Guayas la elección de Bella Daniela Jiménez Torres como asambleísta para el periodo 2021-2025.Según la acusación, Jiménez, una vez posesionada en su cargo y actuando ya en su rol de legisladora, porque le fueron entregadas sus credenciales el 22 de abril de 2021, a través de la aplicación WhatsApp le habría exigido a Pablo Segundo L. F. un monto de $ 3.000 a cambio de vincularlo laboralmente como parte del equipo de su despacho legislativo y el 11 de marzo de 2021 se le habrían entregado las credenciales.“Como consecuencia, ante dicha exigencia, el 27 de abril de 2021, el ciudadano antes mencionado (Pablo Segundo L. F.) realiza una transferencia bancaria (...) a la cuenta (...) perteneciente a Jorge P. J., hijo de la exasambleísta. Como consecuencia del pago realizado, la exasambleísta Bella Jiménez (...) solicita a la presidencia de la Asamblea Nacional la vinculación laboral de Pablo Segundo L. F., quien ocuparía el cargo de asesor del nivel 2 de su equipo de trabajo”, sostuvo Salazar.Estos “actos vejatorios a la eficiencia de administración pública” no se habrían agotado con el hecho antes mencionado, resaltó la Fiscalía, pues la entonces funcionaria legislativa habría continuado “abusando” de su cargo como asambleísta del Guayas, replicando los mismos escenarios.La fiscal general relató que a la asambleísta Bella Jiménez el 19 de abril se le entregaron las credenciales y solicitó dineros de forma indebida entre el 21 y 27 de abril, es decir, cuando ya tenía la calidad de asambleísta provincial.Como segundo caso en el que se habría exigido dinero a cambio de un cargo en el despacho de la entonces asambleísta Jiménez, la fiscal Diana Salazar señaló que el 21 de abril de 2021, Elena del Rosario O. P., cuñada de Jiménez, realiza una llamada a la ingeniera Linda F. E. con la finalidad de ofrecerle un cargo como asistente 2 en la Asamblea Nacional. Esta oferta laboral se habría realizado directamente en el despacho legislativo de Bella Jiménez y se exigía la cantidad de $ 6.000 a cambio de su contratación.“Ante esta exigencia, el día 4 de mayo de 2021, Linda F. E., denunciante, entrega el cheque número 191 del Banco Internacional, perteneciente a la empresa Laboratorios (...), donde prestaba servicios la denunciante durante 16 años, por la suma de $ 2.500, mismo que fueron entregados y cobrados por Jimmy Steven J. T., hermano de la exasambleísta Jiménez, debiendo recalcar que existió un acuerdo con este ciudadano por la diferencia faltante cuando se efectivice la contratación como asistente 2 en la Asamblea Nacional”, sostuvo la fiscal general, funcionaria que asistió por vía telemática a la audiencia de formulación de cargos.A consecuencia del pago, se agregó, el día 18 de mayo de 2021, Bella Jiménez habría solicitado la vinculación de la denunciante Linda F. E. para ocupar el cargo de asistente 2 en su despacho en la Asamblea Nacional. No obstante, una vez contratada y transcurridos aproximadamente dos meses, el 26 de julio de 2021, a través de un correo electrónico, se le habría notificado a Linda F. E. con la terminación de su contrato como asistente 2 de la exasambleísta Jiménez, sin recibir ninguna explicación.“Las actuaciones de la exasambleísta Bella Jiménez distan de lo que se espera de una representante de la Función Legislativa, quien, inobservando las atribuciones y facultades constitucionalmente investidas en su cargo, abusó de esta calidad para exigir a sus subalternos la entrega de dinero a cambio de contrataciones. Además, dichas actuaciones no solo se perpetrarían directamente, sino mediante actos secundarios realizados por sus familiares más cercanos. (...) Resulta evidente que Bella Jiménez abusó de sus funciones como asambleísta provincial al exigir por sí misma y por intermedia persona, es decir, a través de su hijo Jorge P. J., de su hermano Jimmy Steven J. T. y su cuñada Elena del Rosario O. P., la entrega de dineros indebidos a cambio de contrataciones en su despacho de la Asamblea Nacional”, aclaró la Fiscalía.Inicialmente serán procesados Bella Jiménez como autora del delito de concusión, mientras que los restantes tres procesados serán investigados como cómplices. En su resolución, el juez Marco Rodríguez ordenó para los cuatro sospechosos la colocación de grillete electrónico, la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país.Además, como medidas cautelares de carácter real, el magistrado dispuso la retención de cuentas por $ 5.520 a cada uno, con la finalidad de garantizar el pago de una eventual multa; la prohibición de enajenar bienes por $ 20.000 a la imputada en el grado de autora y por $ 10.500 a los presuntos cómplices, para garantizar una eventual reparación integral.Bella Jiménez, quien fue también vicepresidenta de la Asamblea Nacional, perdió su curul en octubre de 2021, luego de ser acusada de pedir dinero a cambio de cargos públicos. El pleno de la Asamblea de forma unánime votó a favor de su expulsión. Aunque dejó de ser asambleísta Jiménez la causa siguió adelante, pues la concusión no prescribe. (I)

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