Las fuerzas políticas ajustarán sus posiciones hasta el próximo martes respecto al pedido formulado por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, de que se fiscalice a las ministras del Trabajo, Ivonne Núñez, y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por supuesta persecución política.
La vicepresidenta Abad remitió el 17 de septiembre de 2024 una carta dirigida al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que proceda a fiscalizar el accionar de las dos funcionarias, y explicó que su pedido se fundamenta en la Constitución, que reconoce su derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.
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Según la vicepresidenta de la República, todo ocurre desde los decretos ejecutivos que la nombraron, primero, embajadora, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina; luego, el que dispuso que permanentemente esté físicamente en la oficina consular en Tel Aviv bajo la idea de precautelar el buen uso del gasto público; y, finalmente, el que la asignó como embajadora a Israel. Todas estas acciones constituyen un trato persecutorio y denigrante en su contra desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el caso de la ministra del Trabajo, su pedido está relacionado con el sumario administrativo que se le inició en esa cartera de Estado, atribuyéndole indebidamente funciones que no le corresponden. Abad sostiene que el procesamiento y una eventual destitución de su cargo solo es competencia de la Asamblea Nacional.
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Tras recibir el requerimiento, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció que la solicitud de la vicepresidenta Verónica Abad será expuesta en el pleno el próximo martes, para definir el procedimiento y si es válida la petición.
“Esto va a ser tratado por el pleno y se tendrá que resolver según los argumentos que se exponen en la carta... Se tendrá que hacer una resolución que será pública”, dijo, y adelantó que se sentará con todas las bancadas para definir el procedimiento.
Pero Kronfle adelantó que está muy preocupado por las situaciones, porque se estaría intentado usar otros mecanismos que no están en la Constitución para tratar de destituir a la vicepresidenta.
“Estoy preocupado. Se va a adoptar una resolución estrictamente en derecho. Aquí no puede haber posiciones políticas. Lo que haga el pleno tiene que ser en estricto derecho... El pleno tiene que actuar en derecho”, subrayó.
Jorge Peñafiel advirtió que la posición de su bancada, Construye, se definirá luego del análisis del argumento que expone la vicepresidenta Abad en el pedido realizado a la Asamblea Nacional, pues se tendrá que determinar si existe alguna orden expresa contra la vicepresidenta que la obligue a hacer o deshacer alguna cosa o si existe alguna otra condición de disposición donde se identifique la denuncia.
La Asamblea Nacional puede fiscalizar y puede hacerlo a través de una comisión especializada, comparecencias, pedidos de información o un juicio político; pero todo esto debe estar enmarcado en el argumento. “Si existe una persecución, como la vicepresidenta señala, es una obligación de la Asamblea fiscalizar”, subrayó.
El socialcristiano Vicente Taiano afirmó que nadie está sobre la ley, y que la Asamblea Nacional ante un requerimiento expreso tiene que reunirse y tomar una decisión, y aclaró que un proceso de fiscalización no necesariamente tiene que terminar en un juicio político; por lo tanto, dependerá de las conclusiones del informe que realizará la comisión.
A criterio del asambleísta socialcristiano Taiano, para que exista un juicio político deben presentarse las causales, y que en este caso lo importante es no actuar de manera parcializada en favor de una ni otra parte, y consideró que este tema de Verónica Abad ya debería cerrarse: “No puede seguir convirtiéndose en una novelería. Hay temas mucho más importantes”.
Según el legislador Vicente Taiano, es la Comisión de Fiscalización la que debe llevar adelante el proceso de fiscalización, en el caso de que el pleno decida aperturarlo.
El representante de ADN en la Asamblea Adrián Castro indicó que cualquier funcionario público tiene el derecho de hacer las peticiones del caso ante la Asamblea Nacional, y será el pleno quien defina si es o no procedente.
Manifestó que, si la vicepresidenta Verónica Abad cree que existen causales por las cuales se debe iniciar un proceso de juicio político, entonces se hace y no hay ningún problema, y la Asamblea no debe rehuir de aquello.
También dijo que en el país no hay funcionarios públicos de primero, segundo o tercer orden; si a alguien se le sigue un sumario administrativo, pues, que ejerza la vía de la defensa si considera que es improcedente, ilegal o arbitrario.
Dijo que ojalá que en la agenda legislativa del próximo martes el presidente de la Asamblea Nacional incluya temas favorables para el país. Cree que la Asamblea está perdiendo el tiempo cuando ayer, martes, casi por quince minutos hicieron mofa, fingiendo que se fue la luz eléctrica. “Eso me parece deplorable”, anotó.
El legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna dijo que conocen el atropello que el Gobierno está cometiendo en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
Aclaró que Abad no es coidearia del sector correísta. “(Pero) nosotros estamos, sobre todo, en defensa de la ley y de la norma. No puede ser posible que a una funcionara de elección popular que no rige bajo el Código del Trabajo se le quiera aplicar una sanción buscando su destitución; es una maniobra politiquera para deshacerse de la vicepresidenta”.
Luna insistió en que lo hecho contra Abad constituye un atropello por parte del Gobierno, y afirmó que la vicepresidenta de la República es una “piedra en el zapato”, y se quiere violentar sus derechos diciendo que no se ha trasladado de manera inmediata por el cambio que le hicieron a través de la Cancillería.
El asambleísta de RC dijo que se solidariza con la vicepresidenta Abad, y a la par la bancada vigilará que se respete y se cumpla la ley para que no se cometa una arbitrariedad y un perjuicio que lo único que busca es la destitución de la vicepresidenta. Manifestó que es partidario de que la Comisión del Derecho al Trabajo sea la que tramite el pedido. (I)