Nueve asambleístas electos de la Amazonía presentaron una acción de protección en contra de Guadalupe Llori, presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica, por la transferencia de $ 75 millones del Fondo Común Amazónico al Ministerio de Economía y Finanzas.

La expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, según los legisladores electos y proponentes de la acción de protección, habría cometido el delito de omisión al no proteger los recursos del Fondo Común de la Amazonía y haber ordenado la transferencia al Ministerio de Economía en calidad de préstamo.

Sandra Rueda, representante de la provincia de Napo por el movimiento Construye y designada por el grupo parlamentario amazónico procuradora común en esta causa, manifestó que Guadalupe Llori, sin un procedimiento previo y sin que se cumpla con los parámetros normativos y el control respectivo, realizó una transferencia de $ 75 millones a las arcas del Ministerio de Economía, y luego de solicitar explicaciones justificó que lo realizó en calidad de préstamo, cuando eso no lo permite la norma.

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La transferencia realizada del Fondo Común Amazónico al Ministerio de Economía y Finanzas tiene fecha 30 de junio de 2023, y con fecha 18 de julio de 2023, la Secretaría Técnica Amazónica pone en conocimiento por dos ocasiones a Guadalupe Llori sobre la transferencia y le pide que se tomen acciones legales y se participe al Consejo de Planificación y Desarrollo, pero no actuó.

Las acciones que se desempeñan en el sector público deben estar sustentadas en normativa, antecedentes legales y por lo menos debió observar que la operación debía estar directamente relacionada con la entidad a la que representa. Más aún cuando la Amazonía tiene una serie de necesidades inconclusas y a otras entidades ni siquiera las atiende, anotó Rueda.

La acción de protección presentada no solo en contra de Guadalupe Llori, sino también en contra del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, busca que mediante sentencia la jueza constitucional disponga que se reviertan de forma inmediata los $ 75 millones al Fondo Común Amazónico.

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Según la legisladora Rueda, la presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica, Guadalupe Llori, habría cometido un delito de omisión por permitir la transferencia ilegal de recursos.

La audiencia está prevista para este 23 de octubre, y los legisladores esperan que la jueza se pronuncie de manera inmediata.

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Los asambleístas que suscriben y apoyan la acción de protección son los siguientes: Roberto Cerda (PSP-PSC), Fausto Fernández (Semilla), Bolívar Mieles (Renovación), Celestino Wisum (Actuemos), Luzmila Abad (Pachakutik), Guido Vargas (PSP-PSC), Andrea Rivadeneira (Construye), Amado Chávez (Sembrando Más) y la procuradora común, Sandra Rueda (Construye).

Los nueve legisladores anuncian que una vez que tomen posesión de sus curules iniciarán un proceso de fiscalización al Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica sobre el uso de los recursos.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, el 19 de junio de 2023, nombró a Guadalupe Llori Abarca, expresidenta de la Asamblea Nacional, como su delegada para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica, a través del Decreto Ejecutivo 780, suscrito por el jefe de Estado.

En el corto decreto se dispone, además, que la nueva funcionaria acatará las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental dispuestas por el Gobierno el 24 de mayo de 2021. (I)

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