César Umajinga fue la pieza clave del Gobierno para echar abajo el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar

El asambleísta César Umajinga Guamán, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, fue la pieza clave del gobierno de Daniel Noboa Azín que echó abajo la intención de la bancada correísta de llevar a juicio político a la titular de la Fiscalía General del Estado , Diana Salazar Méndez.La noche del pasado 9 de septiembre de 2024, César Umajinga, adherido a la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN) , desafió al movimiento Revolución Ciudadana (RC) y le quitó el control de una sesión en la Comisión de Fiscalización, en donde el interés era iniciar el proceso para interpelar a Diana Salazar.Todo ocurrió cuando la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre Zambonino, instaló a eso de las 21:00 una sesión para tratar dos puntos: la sentencia del juez de primer nivel Édgar Romero Salazar, quien acogió una acción de protección de la legisladora Inés Alarcón Bueno (ADN) y ordenó reactivar tres juicios políticos que se archivaron por falta de firmas en contra de ministros del gobierno de Guillermo Lasso.El segundo punto era avocar y calificar los juicios políticos contra Diana Salazar que impulsaron Gisella Garzón y Héctor Valladares, ambos de la RC.Aguirre resolvió que no se trataría la sentencia del juez Romero, y apelando a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que le da esa atribución, suspendió el punto y siguió con el segundo.Umajinga reaccionó y exigió que se trate la sentencia, pues están retrasados en acatarla y con el riesgo de ser multados.«Se conocen dos puntos que estamos conociendo, el tema de la sentencia del juez, el cumplimiento que debe dar. Usted incumplió, dejó pasar el tiempo, es tardío, no convocó a la Comisión a conocer estos hechos. (...) Cambia el orden del día, pasa del primero al segundo punto. Eso es violar el debido proceso parlamentario, eso es evidente», argumentó el interpelante.Pero Aguirre se rehusó y él insistió y, frente al rechazo, apeló la presidencia.La asambleísta se negó porque no había justificación e incluso le daba ideas a su oponente para que, si va a apelarle la función, por lo menos lo haga bien, le sermoneaba.El oficialista Luis Alvarado, vicepresidente de la Comisión, se puso de pie, tomó el micrófono y empezó a dirigir la sesión.La riña seguía y Aguirre suspendió por minutos la reunión, pero Alvarado la reactivó, mientras ignoraba las demandas exasperadas de la legisladora por retomar el control.Pese a la rabia, no tuvo otra opción que aceptar que se vote por la apelación y, oficialmente, Alvarado enrumbó la plenaria, aunque con dificultades.La jugada de Umajinga despejó el camino y después de tres mociones, con cuatro votos del oficialismo y a los que se sumó el de Lenin Rogel, del Partido Social Cristiano (PSC) , los juicios políticos en contra de la fiscal Salazar se archivaron.César Umajinga, de 55 años, oriundo de Zumbahua (Cotopaxi), es un reconocido dirigente indígena que por el año 2000 se involucró activamente en la política de la mano del movimiento Pachakutik (PK) , brazo electoral de la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (Conaie) .Volvió al Palacio Legislativo después de seis años, al ser electo en los comicios generales anticipados de 2023 por la alianza Actuemos, entre los partidos Avanza-Sociedad Unida Más Acción (SUMA), pero se adhirió a la bancada de ADN, al inicio de este periodo legislativo.Antes fue legislador entre el 2013 y el 2017 por Pachakutik, que también cobijó su elección como prefecto de Cotopaxi por tres periodos: entre el 2000 y el 2012, hasta que por diferencias internas se desafilió en el 2017.Es abogado por la extinta Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Además de prefecto y asambleísta, se desempeñó como asesor en la Asamblea entre el 2017 y 2018.No obstante, su paso por el servicio público ha sido un equivalente a enfrentar varios juicios civiles y penales que se han archivado por falta de pruebas o en los que se ha llegado a acuerdos, como en un caso de letra de cambio.En el sistema de la Función Judicial reporta, desde el 2000 hasta septiembre de 2024, 36 procesos judiciales en su contra.El viernes último se archivó una investigación previa que se llevaba en su contra por pedido de la titular de la Fiscalía, Diana Salazar, y sembró la duda entre los legisladores.Mientras se votaba por la moción de Umajinga de apelar la presidencia a Aguirre, el legislador del correísmo Ronal González Valero mostró un papel que lo sorprendió a Umajinga y a los asistentes.«Es evidente que el asambleísta tiene conflicto de intereses. Lo demuestro con pruebas: el viernes 6 de septiembre de 2024, a las 11:47, por petición de la Fiscalía se archiva una investigación previa en contra de Umajinga. ¡Usted no debería estar aquí, no debería ni votar!», lo regañó González.Umajinga apenas reaccionó y, cuando pudo hablar, aseveró que no ha sido notificado con esa resolución, es más, que ni la conocía.González le entregó la hoja con sarcasmo y el objetado respondió: «Gracias por hacer conocer… porque no es -de repente- un delito de corrupción. No es delito de crimen, asesinato… », explicaba en medio de gritos de los presentes que lo provocaban.Efectivamente, el 6 de septiembre, en primera instancia, el juez Felipe Córdova Ochoa, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), acogió el pedido de la Fiscalía de archivar la investigación previa por el cometimiento de un delito de presunta concusión. Fue así como tras casi cuatro horas de una sesión entre gritos y reclamos, los cuatro asambleístas de la RC se fueron indignados.Se quedaron los cinco de la mayoría y Umajinga aprovechó para plantear la moción de calificar el juicio político a Diana Salazar, que había sido unificado, es decir, el de Garzón, que fue archivado en una primera moción, y el de Valladares. Hubo cinco votos en contra de calificarlo.Finalmente el tema pasó la tarde del pasado 10 de septiembre al pleno de la Asamblea Nacional, que decidió archivarlo. (I)

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