La Asamblea Nacional sin certezas de votos y bajo la advertencia de la Corte Constitucional intentará, este 17 de febrero, definir el plazo máximo para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. No habrá debate, solo votación del texto.

A eso se suma la presión de grupos activistas que intentarán rodear el Palacio Legislativo en busca de una respuesta fundamentados en posiciones de defensa del derecho a la vida y al derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Los 137 legisladores tendrán que decidirse entre dos informes: el de mayoría que plantea la interrupción del embarazo hasta las 18 semanas de gestación para niñas, adolescentes y mujeres de ruralidad, de pueblos y nacionalidades; y, el informe de minoría, que propone hasta 12 semanas de gestación la interrupción para niñas, adolescentes menores de 18 años de edad, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad.

Sin una votación asegurada, la Asamblea Nacional se reunirá para definir el plazo para la interrupción del embarazo por violación

La Corte Constitucional en un auto de aclaración a la sentencia n.º 34-19-IN/21, advirtió a la Asamblea Nacional que “debe aprobar una ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación dentro del plazo fijado por la Corte, sin que el legislador pueda eludir su responsabilidad de legislar y aprobar una ley”.

Si la Asamblea Nacional no cumple con la sentencia, el artículo 86 numeral 4 de la Constitución señala que la jueza o juez ordenará su destitución.

También el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su numeral 4 determina: “En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución”.

Sin embargo, para el constitucionalista Stalin Raza, la Corte no podría ejecutar la destitución de los 137 asambleístas, lo que se produciría es un incumplimiento de sentencia, y en ese caso, la misma Corte Constitucional podría fijar nuevos plazos o dictar una normativa provisional.

En este caso, añade Raza, no cabe la destitución de los legisladores porque son funcionarios de elección popular y los jueces de la Corte Constitucional no tienen legitimidad democrática; entonces, los jueces constitucionales, a pesar de que ordenen a la Asamblea aprobar una ley, al no contar con legitimidad democrática no pueden destituir porque se estaría rompiendo el equilibrio de poderes.

Lo que determina el artículo 86 de la Constitución se refiere a los funcionarios en general, sostiene Raza, quien insiste en que ante un incumplimiento de la sentencia la Corte puede fijar nuevas condiciones, plazos e inclusive dictar una ley provisional para normar lo que resolvió mediante sentencia en abril de 2021, hasta que la Asamblea dicte la ley definitiva.

Posiciones políticas

A pocas horas de que se tome votación sobre el articulado del proyecto que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo a niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, las posiciones políticas no han variado, aunque los acercamientos políticos continúan para tratar de obtener los 70 votos.

Voceros de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), Bancada Acuerdo Nacional (BAN-CREO), movimiento Pachakutik (PK), que juntos superan los cien votos, ratificaron que esta vez no votarán orgánicamente y tendrán plena libertad para decidir de acuerdo con sus creencias y convicciones.

Para la legisladora Sofía Espín (UNES), el informe de mayoría de la Comisión de Justicia cayó en una suerte de regateo intentando conseguir, por razones políticas más que técnicas, los plazos para la terminación del embarazo. En ese sentido, añadió, los nuevos plazos tampoco escuchan las recomendaciones de los técnicos y los médicos ginecólogos, que señalan que a las doce semanas el no nacido siente dolor.

Espín dijo que espera que el pleno de la Asamblea Nacional en la reunión de este 17 de febrero acoja el informe de minoría, que a su criterio recoge las recomendaciones y la sentencia de la Corte Constitucional.

En cambio, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), afirmó que existe un buen ambiente y predisposición en los asambleístas para aprobar el informe de la comisión, donde plantea dos plazos. Que dialogó con la mayoría de asambleístas a quienes realizó una explicación amplia del texto, por lo tanto, espera que haya más de 70 votos.

Sin embargo, anunció que una vez aprobada esta ley, presentará un proyecto de reformas respecto a la temporalidad, pues a su criterio no debe existir ningún plazo para que todas las niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder a cualquiera de los procedimientos para la interrupción del embarazo por violación.

Johanna Moreira (ID), asambleísta ponente, sostuvo que el proyecto de ley tendrá que votarse en su integralidad y no por partes, por lo tanto, tendrá que retirar la moción previa que presentó hace una semana para que de todo el texto se separe el artículo 19, que se refiere a los plazos para la interrupción.

Juan Fernando Flores, del bloque oficialista BAN, consideró que debido a que tiene que ver con un hecho moral, de ética y de concepción individual de cada uno de los legisladores, se ha dado libertad del voto, para que cada integrante estudie, interprete el informe tanto de mayoría como de minoría, y en función de eso pueda tener libertad en tomar la decisión.

Cada colega ha tenido reuniones con quienes respaldan el informe de mayoría y de minoría, lo que sí hay certeza es que el pleno de la Asamblea tendrá que tomar una decisión sea cual fuere para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, afirmó Flores.

Jorge Abedrabbo ratificó que los asambleístas de la bancada del PSC tienen libertad para votar en el tema, que habrá libertad de conciencia para poder actuar. Pero que de manera particular apoyará el informe de mayoría, pues considera que se ha llegado a consensos en relación con las víctimas de violación en el país. (I)