A la Asamblea Nacional le restan 70 días para concluir el actual periodo legislativo de transición y en ese lapso espera acelerar el trámite de proyectos de ley que impulsen temas de seguridad, salud y educación. La agenda concluirá el 13 de mayo, un día antes de que los 151 asambleístas electos el pasado 9 de febrero tomen posesión.
Si bien la programación de la agenda legislativa aún no es presentada oficialmente por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, varios de los legisladores que representan a las fuerzas políticas que actúan en el Parlamento consideran que se debe avanzar en temas sobre seguridad, educación, salud y en fiscalización avanzar hasta el juicio político en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
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El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera(PSC), dice que la actividad en las semanas que restan del periodo legislativo seguirá la misma línea, y como prioridad señala el proyecto que reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), conocido como la ley antivacunas, donde se espera aplicar sanciones para aquellos jueces que dejen libres a los delincuentes, y se plantea la eliminación de las medidas alternativas a la prisión preventiva cuando se trate de delitos execrables como el asesinato violento, secuestro extorsivo o cosas relacionadas.
También se tramitarán leyes que fortalezcan la seguridad social, el proyecto de ley de justicia laboral que permitirá a los trabajadores sujetos al Código de Trabajo, acogerse a la jubilación de forma digna, acorde a un sueldo básico del año en el que se jubilan y no como hoy ocurre en función del sueldo básico del año 2015.
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La legisladora de la bancada Revolución Ciudadana, Gissela Garzón (RC), espera que la Asamblea Nacional avance en el informe para segundo debate sobre la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, para el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador, aunque no se puede decir lo mismo sobre la reforma constitucional que tiene que ver con la eliminación estatal del financiamiento de los movimientos y partidos políticos.
Garzón espera que se avance significativamente en temas pendientes como el Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), cuyo documento no vulnera nada, afirma, lo que se ha hecho es que la Copinna trate el tema de los adolescentes y su exposición ante la delincuencia organizada, pero en ningún momento los justifica. Lo que establece es un sistema que los acompañe con base en normativa internacional, Naciones Unidas y demás, cuando se trata de los adolescentes infractores.
Otro de los temas que preocupa a este sector político es la ley sobre los derechos de los animales, pero como es un tema sensible quedará para luego de la segunda vuelta electoral.
La asambleísta Cecilia Baltazar del movimiento Pachakutik, indica que la agenda en los días que restan para el presente periodo debería estar enfocada en temas relacionados a educación de calidad, también en el sector productivo, pues considera que es el momento trascendental de hacer una inversión en el campo, esto garantizará la soberanía alimentaria en todas las ciudades del país, y lo otro también, es el tema de la comercialización de los productos de los agricultores y ganaderos.
Para Pachakutik es fundamental el tema de la protección de la naturaleza y las garantías, pues el propósito es que se cumpla lo que dice el artículo 10 de la Constitución.
El representante de Los Ríos, Camilo Salinas (Construye), propone hacer un levantamiento de los proyectos que están en primer y segundo debate, y que debería haber una sesión de coordinación de los bloques con la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, para definir el marco de la agenda emergente por el tiempo que le resta el actual periodo.
Por su lado el movimiento Construye se reunirá para determinar cuántas leyes que fueron presentadas por el bloque al inicio de este periodo de transición aún están pendientes de su trámite y aprobación.
Uno de los temas importantes para el bloque Construye es tramitar temas para la generación de empleo, que es muy necesario; y señala que si el Ejecutivo esperan remitir un nuevo proyecto económico urgente debería ser enfocado en la generación de empleo y seguridad.
Este sector político espera conocer, en estos días, las prioridades que plantea la presidenta de la Asamblea, para las próximas diez semanas.
Fiscalización en 70 días
Al momento existen seis juicios políticos en trámite en la Asamblea Nacional. De ellos, uno está en proceso y se refiere a la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Johanna Verdezoto, que entró a la etapa final.
Este proceso fue solicitado por la asambleísta Ana Cecilia Herrera (RC) por supuesto incumplimiento de funciones derivado en un conflicto de intereses en el concurso para la designación del defensor público, y que además enfrenta una denuncia por concusión y perjurio.
El siguiente proceso, según el calendario de aprobación de solicitudes ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), corresponde el juicio planteado por el asambleísta de RC, José Vallejo Ayala, en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública y Gabinete Presidencial en el gobierno de Guillermo Lasso, acusado de supuesto incumplimiento de funciones al ejercer un cargo público cuando mantenía contratos con el Estado.
Una vez que se tramite el juicio a Corral, la Comisión de Fiscalización deberá procesar el juicio político en contra de la exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández Naranjo, solicitado por el asambleísta Xavier Jurado, de la bancada ADN. La acusación se refiere a un incumplimiento de funciones por no llevar a cabo los controles necesarios objeto de su competencia en la supervisión de las organizaciones del sector no financiero, falta de control y supervisión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que deja sin control a las cajas comunales.
Posterior a ello, se tiene que tramitar el juicio político impulsado en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por varias legisladoras de las bancadas RC, PSC, Pachakutik y SUMA, acusada de seis incumplimientos en sus funciones relacionadas con el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.
En la lista también están los juicios políticos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
El pedido de interpelación contra Godoy lo plantearon los legisladores de la bancada Construye: Jorge Peñafiel y Camilo Salinas. Lo acusan de un posible incumplimiento de funciones por la vulneración al principio de independencia judicial por supuestas intimidaciones y amenazas a la jueza Nubia Vera Cedeño, quien denunció presiones para emitir una sentencia desfavorable en la acción de protección que interpuso la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, para dejar sin efecto la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo que le aplicó el Ministerio del Trabajo, el 8 de noviembre pasado.
La solicitud de juicio en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la realizó el asambleísta Héctor Valladares (RC), por un posible incumplimiento de funciones, fundamentadas en la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector de las Malvinas, en Guayaquil.
El asambleísta, Ramiro Vela (ADN), miembro de la mesa de Fiscalización, comentó que si la Comisión de Fiscalización aplica los plazos establecidos en la ley para el trámite de los juicios, en 70 días que restan para concluir el actual periodo legislativo, avanzarían a tramitar el juicio a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, siempre y cuando el juicio presentado a Sebastián Corral, ex secretario de la Administración del gobierno de Guillermo Lasso, se archive porque los tiempos ya fenecieron.
Definitivamente, por los tiempos, la Asamblea Nacional no alcanzará a tramitar los juicios políticos calificado por el CAL, en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy y en contra del ministro Gian Carlo Loffredo, afirma Vela. (I)