Para la fiscal general, Diana Salazar, los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo son autores directos del delito de tráfico de influencias, mientras que el juez de Pichincha Vladimir Jhayya es cómplice dentro de un caso en el que se investigan supuestas injerencias ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para así salvarla de su destitución del cargo en la Asamblea Nacional.